Urgencias personales

La historia es la ciencia que estudia el pasado para entender el presente y proyectar el futuro. Ni más ni menos. El problema surge cuando por necesidades personales, aparecen figuras de alto rango en la política nacional que hacen interpretaciones amañadas de la misma, con la intención de satisfacer necesidades que no son en beneficio del bien común, sino solo urgencias personales, más allá que intenten disfrazar esas tergiversaciones de valores patrióticos.

La vicepresidente Cristina Fernández sabe, como cualquiera que haya seguido de cerca el caso, que más temprano que tarde, muy probablemente será condenada. Lo sabe perfectamente porque ella conoce como nadie las pruebas que hay en su contra, motivo por el cual hasta el momento no presentó una defensa jurídica sólida, sino alegatos políticos donde intenta mostrarse como una víctima de la Justicia, en este caso más precisamente de la Corte Suprema.

Así las cosas, la vicepresidente utiliza cuánto mecanismo se le ocurre con la intención de buscar una salida por alguna puerta lateral -que hasta el momento están cerradas bajo siete llaves- o para presentarse cómo víctima ante su grupo de acólitos que la sigue contra viento y marea profesando una suerte de creencia política/religiosa, sin cuestionamiento alguno, a punto tal que sus expresiones son tomadas como palabra santa. Fin de la discusión.

Una de las últimas propuestas que por ahora duerme el sueño de los justos en el Congreso, es la de ampliar la Corte a veinticinco miembros, es decir,  uno por provincia, más uno por el gobierno, con la excusa de contar así con una Corte federal.  Lo cierto es que cualquier estudiante de segundo año de la Facultad de Derecho  sabe -y ella que es una “abogada exitosa” más aún-  que en ningún lado está establecido que la integración de la Corte debe ser federal.   Lo que sí es federal es el Senado cuyos integrantes quienes  representan a todas  las provincias ,  son los que aprueban los pliegos de los jueces para su designación.  Además  da la casualidad que en los últimos años la historia indica que el peronismo-justicialismo -kirchnerismo,  como fue llamándose a lo largo de los años este espacio político, apoyó el nombramientos de los jueces a los cuales hoy espolea. 

En su afán por intentar que algún integrante de la Corte Suprema le responda, y así poder cuestionarlo judicialmente, la vicepresidente no tuvo empacho alguno en involucrar al país en una suerte de conflicto de poderes innecesario para toda la sociedad, no así para sus intereses personales. Como si esto fuera poco, el vapuleado presidente Alberto Fernández, salió en su apoyo, olvidándose de sus dichos cuando calificó a su actual compañera de “cínicamente delirante”.

Quien no hace un desarrollo amañado de la historia es el prestigioso periodista Joaquín Morales Sola,  al indicar en su columna del diario La Nación que “ Cristina Kirchner acusó a los jueces Rosatti y Carlos Ronsenkrantz de haber sido designados por decreto por el entonces presidente Mauricio Macri. Eso fue así y la decisión de Macri fue seriamente criticada, hasta por muchos de sus aliados en el entonces Cambiemos. Designaciones en tales condiciones solo se justificarían en casos de extrema urgencia y gravedad. No los había. Pero ni Rosatti ni Rosenkrantz aceptaron asumir sus cargos en la Corte hasta no tener el acuerdo del Senado, que es el requisito clave para la legalidad y la legitimidad de un juez del máximo tribunal. Los dos recibieron el acuerdo con el voto de los dos tercios del Senado. De hecho, ambos asumieron más de seis meses después de haber sido nombrados. Esperaron la opinión del Senado. Aferrarse a esa chicana de tan baja calidad es una prueba más de la desesperación de la vicepresidenta”. La verdad sea dicha.

Difícilmente alguno de los integrantes de la Corte Suprema levante su voz si quiera para contradecirla, aún falta mucho camino por recorrer hasta que ese juicio llegue a sus manos. Además, sabido es que “los jueces hablan por sus fallos”, aunque a muchos esto no les guste.

D.R