MIRAMAR: CONTINÚA CONFLICTO POR TARIFAS CON LA EMPRESA COSTA AZUL. En 60 días aumentó casi un 70 %.
Desde la comuna se intimó a la empresa en dos oportunidades. El próximo paso es una imputación ante el Juzgado Municipal de Faltas. Costa Azul es propiedad del grupo "12 de Octubre", dueño de varias líneas de colectivos en la provincia.
Lejos de solucionarse el conflicto presentado con la empresa de transporte Costa Azul por el aumento del pasaje crece con el correr de los días. Esto se debe a la falta de respuesta de la misma a los requerimientos de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) , quien intimó a la empresa para que retrotraiga la tarifa hasta tanto informe si cuenta con la autorización correspondiente o no para dicho aumento por parte de la Dirección de Trasporte de la Provincia de Buenos Aires y se avenga al cumplimiento de las normas establecidas.
En rigor, esta es la segunda actuación que el titular de la OMIC, Pablo Otamendi, lleva adelante, la primera tuvo lugar cuando la empresa Costa Azul, propiedad de la empresa 12 de Octubre, dueña de varias líneas de transporte en la provincia, pasó la tarifa de $ 250 a $ 350 hace más de un mes.
Consultado al respecto Otamendi señaló que “decidimos actuar de oficio en su momento al ver que Costa Azul había cometido una infracción al artículo 78 del decreto reglamentario de la Ley de Transporte que indica que antes de un aumento la empresa debe comunicar de forma fehaciente con diez días de anticipación la suba y en este caso no lo hizo”. “Además hicimos pedidos informes a la Dirección de Transporte y a la Defensoría del Pueblo de la provincia para saber si habían autorizado los mismos. Lamentablemente nadie nos contestó”, agregó el titular de la OMIC. A sus pedidos se suman gestiones similares que se realizan en General Madariaga con el mismo fin.
Ante un segundo aumento que elevó la tarifa de $ 350 a $ 450 Otamendi volvió a la carga con una nueva intimación por el mismo motivo, la cual en estos momentos se encuentra en curso, es decir, en los plazos establecidos para obtener alguna respuesta. En caso que la empresa no responda, el próximo paso es iniciar el correspondiente sumario y luego una imputación que es elevada a la justicia municipal de faltas.
El aumento en cuestión fue de casi 70% en menos de sesenta días, cosa que no se registró en ninguno de los servicios públicos que el gobierno afirma monitorear a pié juntillas.
