EL GOBIERNO BUSCA ACUERDOS EN DIPUTADOS PARA LA LEY ÓMNIBUS

Ya se definieron algunos cambios en el proyecto original.

EL GOBIERNO BUSCA ACUERDOS EN DIPUTADOS PARA LA LEY ÓMNIBUS
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad.

El Gobierno de Javier Milei (LLA)  inició negociaciones vinculadas al proyecto de ley de 664 artículos que envió al Congreso debido a que hay algunos diputados que ya transmitieron su voluntad para acompañar la iniciativa, pero con condiciones. El oficialismo ya reconoció cambios en el proyecto original y aspira a firmar dictamen de comisión a finales de la semana que viene.
Esta semana se inició la discusión en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados y participaron ministros y funcionarios de La Libertad Avanza, que ya anticiparon algunos cambios al texto original. Por caso, este miércoles la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que eliminarán el artículo 331 que definía una reunión de tres personas como una manifestación que debe ser notificada.
Ante las críticas respecto a las reformas electorales propuestas, y principalmente sobre el sistema de elección por circunscripciones uninominales, el ministro de Interior, Guillermo Francos, dijo que “si no están los votos para tratar la reforma electoral, eso no va a detener el tratamiento del resto de la ley”.
Además de las correcciones anticipadas para los cambios en los regímenes de pesca y biocombustibles, los diputados oficialistas recibirán a empresarios de estos sectores para discutir la letra chica del proyecto.
Los bloques opositores abiertos al dialogo aseguran que así como está el proyecto es poco probable que avance y que para que no se trabe el Gobierno debe definir prioridades y postergar otros temas para el período de sesiones ordinarias que comienza en marzo.
Lo cierto es que hay un tema que es clave tanto para oficialismo como oposición: la declaración de emergencia y delegación de poderes. El actual proyecto declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025, con la posibilidad de postergarse por otros dos años, a disposición del Poder Ejecutivo.
Esto establece una serie de delegaciones del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo en todas las áreas declarada la emergencia. La oposición negocia reducir la cantidad de áreas y que el plazo sea de un año con posibilidad de prorrogar por un año más pero a disposición del Poder Legislativo.