CUANDO EL DE ARRIBA PIERDE LA DECENCIA, EL DE ABAJO PIERDE LA VERGÜENZA
El gobernador Jorge Capitanich aconsejó a Fernández que desconozca el fallo de la Corte Suprema. El dinero que se reclama corresponde a la parte del Estado Nacional, no al de las provincias.
En una insólita declaración, el gobernador de Chaco, Jorge "Coqui" Capitanich, afirmó que el presidente Alberto Fernández debe "desconocer" el fallo de la Corte Suprema en favor de la ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables.
De esta forma el mandatario provincial puso de manifiesto una rara forma de entender el cumplimiento de la justicia, ya que según su punto de vista, sino un fallo judicial del máximo tribunal de justicia del país no satisface mis deseos, sencillamente hago caso omiso del mismo. Listo.
Ante esto la pregunta que cabe hacerse es si el titular de un poder Ejecutivo provincial considera que es lícito actuar de esta manera y se lo aconseja al presidente, que queda entonces para los simples mortales, ya no solo de su provincia, sino de todo el país?
De llevarse a cabo el consejo presidencial de “Coqui” el mismo habilitaría para que cualquier ciudadano haga lo propio ante alguna instancia judicial que no le parezca aceptable o lo favorezca, lo que a todas luces causaría un estrago en la sociedad, pero si un gobernador o un presidente lo hace, por qué no habría de hacerlo un ciudadano de pié, ya que como reza el dicho: “Cuando el de arriba pierde la decencia, el de abajo pierde la vergüenza” .
Siempre con intenciones de sobresalir y de ser tenido en cuenta a la hora de hablar de posibles candidaturas, Capitanich, dijo que "el poder económico construye poder mediático concentrado y coopta al Poder Judicial como factor de poder discrecional. Ya lo hicieron con el Consejo de la Magistratura. Ahora lo hacen vulnerando el federalismo", habida cuenta de la resolución de la Corte que dispuso que el Gobierno nacional le pague a la Ciudad el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables en la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.
Capitanich deja de lado la realidad que indica que las provincias no se verán afectadas por esta decisión, ya que por una lado solo se ordenó retrotraer los porcentajes y por otro - y principal- ese dinero sale del porcentaje que le corresponde a la Nación, no de fondos coparticipables, por lo que el tan mentado federalismo no queda afectado en nada, cosa que el gobernador sabe o sin lugar a dudas debería saber.
Legalidad
Según diversos abogados constitucionalistas el fallo de la Corte Suprema de Justicia que hizo lugar a una medida cautelar para devolverle a la Ciudad de Buenos Aires el porcentaje de coparticipación que le había quitado el actual Gobierno, es “una decisión que favorece el federalismo”.
Además -y como ya adelantó Periodismoya.com- , los abogados aseguran que las provincias “no se ven afectadas por la devolución de estos fondos a la Ciudad, ya que el monto correspondiente al Estado Nacional debido a que la coparticipación federal es un sistema a partir del cual el Poder Ejecutivo recauda impuestos que luego se dividen en dos partes, una queda para que el Gobierno Nacional y que con ese dinero cumpla con sus obligaciones y la otra parte se divide en 23 provincias. El dinero que se reclama corresponde a la parte del Estado Nacional, no al de las provincias”; lo cual está contemplado por ley antes que la Capital Federal fuera autónoma, por eso no está en el reparto de las provincias, sino que “lo que recibe sale de la parte que corresponde al Gobierno Nacional, razón por la cual el reclamo de los gobernadores no tiene razón de ser y es solo un juego de intereses políticos partidarios que impulsan colocar al poder judicial - y en este caso a la Corte Suprema- como los malos de la película”, afirmaron las fuentes consultadas.
Quien se verá afectada es la provincia de Buenos aires, pero no por una quita o dsiminución en los montos coparticipables, “sino por la decisión del presidente Fernández de entregarle en forma arbitraria fondos que por acuerdos existentes correspondían al gobierno de la Ciudad”, afirmaron los especialistas en derecho constitucional.
D.R