MARCHA DE LA BRONCA EN OTAMENDI. Vecinos piden que se revoque la prisión domiciliaria a un pedofilo
La justicia le otorgó prisión domiciliaria a Adrián Buitrón quien fuera condenado a 7 años de prisión por abusar de tres menores amigas de su hija cuando estas se quedaban a una “pijamada” .
Indignación, espanto y un alto grado de angustia fueron los sentimientos que se vivieron ayer durante la marcha organizada en repudio a la decisión judicial de otorgar prisión domiciliaria a Adrian Buitrón, quien fuera condenado a siete años de prisión por haber sido hallado penalmente responsable del abuso de al menos tres menores de edad amigas de su hija entre 2019 y 2020.
Los manifestantes solicitan que se revoque dicha resolución judicial, la cual según afirman quienes siguen de cerca el caso “no solo es incomprensible, sino que además no tiene explicación alguna ni razón para haber sido concedida”.
El beneficio al cual accedió Buitrón – de 55 años de edad- se conoció poco días después de la sentencia que le impuso el Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de mar del Plata a siete años de prisión, la cual se lleva a cabo en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos.
Como se recordará Adrián Buitrón fue condenado a por tres hechos de abuso sexual simple. Las víctimas fueron amigas de su hija que se habían quedado a dormir en su casa durante distintas “pijamadas”.
Los hechos ocurrieron en tres momentos distintos: noviembre de 2019, agosto de 2020 y octubre de 2020. En todos los casos, las víctimas eran niñas que compartían actividades con la hija del imputado y pasaban la noche en la vivienda de Buitrón como parte de encuentros entre amigas.
Así durante lo que parecía ser una reunión normal, Buitrón manoseó a las menores y se masturbó frente a ellas, según detallaron las fuentes judiciales.
La investigación judicial se puso en marcha cuando una de las menores se animó a contar lo ocurrido a una docente. El personal del establecimiento educativo convocó entonces a los padres y, durante una reunión, advirtió que si ellos no formalizaban la denuncia, lo haría la propia institución. A partir de allí, se radicó la acusación penal correspondiente y comenzó el proceso judicial.
En el debate, los magistrados Ricardo Perdichizzi, Paula Soulé y Fabián Riquert dio por acreditados los tres episodios denunciados y descartó cualquier eximente de responsabilidad penal.
Entre los agravantes, el fallo destacó la “extensión del daño causado, el aprovechamiento del estado de indefensión y del vínculo con las niñas”, además de la “asimetría de poder y conocimiento” existente entre el adulto y las menores. En cuanto a los atenuantes, los jueces consideraron la falta de antecedentes penales del acusado y una patología psiquiátrica que fue acreditada durante el juicio.
