MIRAMAR: CRECE LA POLÉMICA POR LA VENTA AMBULANTE EN PLAYA.

El caso al que algunos ya denominan “Ventagate” , vinculado a la licitación de la venta ambulante en playas en General Alvarado, suma nuevas aristas  con el paso del tiempo.
Sucede que el video que el ex concejal Sánchez Charró subió  en sus redes sociales, sería parte de una reunión  entre un interesado en la venta de helados y quien al parecer es el encargado de llevar adelante la concesión cuestionada. El video en total dura más de 15 minutos.
Además hay un audio  -al que Periodismoya.com tuvo acceso mediante fuentes vinculadas a la causa-   donde se escucha  una  charla mantenida entre quien estaría  interesado en la venta en playa y quien afirma tener dicha actividad  a su cargo.  
En la reunión, que tuvo lugar los últimos días de diciembre,   el interesado pregunta si ya está todo definido porque en la “municipalidad no hay información”  al respecto y la otra parte le asegura que sí, que no se dio a conocer todavía porque “hay que respetar los tiempos legales”, cosa que para Sánchez Charró es más que llamativa ya que la adjudicación se llevó a cabo los primeros días de enero.
Además  ante la pregunta del interesado respecto a si no se producirán problemas con la venta ambulante ya que según indicó en otras oportunidades había balnearios en los que no los dejaban entrar,   quien  al parecer  maneja  el sistema de ventas en playa dice tener : “todo arreglado con el Operativo Sol, la bonaerense y con la seguridad privada del municipio, cualquier inconveniente me llamas”, por lo que ante la pregunta del interesado  si:  “están funcionando con el municipio”, la respuesta fue “con todo, con el municipio y con provincia (…) la idea es que todos puedan laburar bien”.
En este sentido las fuentes consultadas afirmaron que: “si bien el dato puede parecer menor y hasta auspicio que este “todo arreglado para que todos trabajen bien” , lo que llama la atención es cómo casi 10 días antes de la adjudicación oficial ya estaba todo tan organizado”.

Ampliación

En el escrito que sumó a la denuncia penal presentada con anterioridad,  Sánchez Charró afirma que  se presenta para incorporar:  “nueva prueba documental y testimonial, que acredita con mayor precisión la existencia de una maniobra organizada, previa a la adjudicación formal de la licitación (…) y que :  “asimismo, vengo a ampliar la imputación penal a todos los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, por su participación necesaria en el esquema denunciado”.
Para el denunciante : “de la documentación acompañada surge que una persona que se identificaba como representante de la empresa (…) comenzó a contactar a vendedores ambulantes el 29 de noviembre de 2025, es decir, mucho antes de que se produjera la adjudicación formal de la licitación” . “Posteriormente, el mismo número telefónico vuelve a contactar a los mismos vendedores, ya bajo la denominación comercial  (…) , una vez supuestamente adjudicada la licitación, lo que evidencia una continuidad operativa previa y posterior al acto administrativo, incompatible con la legalidad del procedimiento” . “Ello demuestra que los operadores ya actuaban como adjudicatarios de hecho cuando aunque el proceso licitatorio no había concluido formalmente”.
En su ampliación Sánchez Charró  afirma también:  “Que existió conocimiento anticipado del resultado”, “Que hubo ejecución material previa al acto administrativo”, “Que la Comisión Evaluadora actuó como mera formalidad para legitimar una decisión tomada”, entre otras irregularidades a su entender.
Por tal motivo es que el ex concejal de Juntos por Alvarado cree que corresponde : “ ampliar la imputación penal a:  "Todos los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas, por haber convalidado un procedimiento viciado, direccionado y lesivo para el interés público, a funcionarios municipales que permitieron la instalación del contenedor y  toda persona que haya participado en la coordinación previa a la adjudicación” y solicita que se amplié la calificación penal  a : “Asociación ilícita (art. 210 CP); Cohecho y tráfico de influencias;  Fraude en perjuicio de la administración pública; Abuso de autoridad; Encubrimiento y Violación de deberes de funcionario público”