GRAL. ALVARADO: INVESTIGAN OTROS 43 CERTIFICADOS DE POTABILIDAD DE AGUA EN ESCUELAS. En total ya son 141 documentos bajo sospecha..

Lejos de solucionarse la situación judicial de los funcionarios del Consejo Escolar de General Alvarado y del proveedor de los servicios de limpieza de tanques  imputados en una causa donde se investiga la falsificación de certificados de potabilidad de agua  en varias escuelas del distrito se complica con el correr de los días.
Sucede que a los  98 certificados de potabilización de agua que la fiscalía analiza se sumaron otros 43 documentos más enviados por la Dirección de Escuelas de la provincia, en los cuales habría intervenido el mismo  proveedor de  servicios de limpieza, razón por la cual ahora la fiscalía  se encuentra abocada a la analisis de los mismos por lo que 
En total ya son 141 certificados los que están bajo la lupa de los investigadores. 
En dialogo con Periodismoya.com, el fiscal Federal, Carlos Martínez, confirmó que “se incorporaron otros 43 informes enviados por las autoridades educativas de la provincia que datan 2023, por lo que ahora debemos analizar la validez de los mismos, es decir, si son falsificados o no”.
Como si esto fuera poco, la fiscalía determinó además que el proveedor imputado no solo incurrió en falsedad documental en el caso de las escuelas sino también en edificios de departamentos particulares, razón por la cual los consorcios ya fueron notificados y pueden presentarse como damnificados de este accionar, cosa que por el momento no ocurrió.

Secreto bancario

En una audiencia que tuvo lugar el viernes pasado el juez  federal Santiago Inchausti, hizo lugar a una serie de pedidos de la fiscalía que lleva adelante  el caso entre los que se destaca el levantamiento del secreto bancario y fiscal del proveedor,  de apellido Bravo, lo  que permitirá entre otras cuestiones conocer los movimientos bancarios del imputado.
El fiscal Martínez señaló que el juez aceptótambien: “el pedido que hicimos respecto a una prórroga por ciento veinte días para ahondar en la investigación habida cuenta del ingreso de más documentos;   el mantenimiento de la prohibición de salir del país, la inhibición de algunos bienes y el embargo de otros pertenecientes a los acusados".
En cuanto a la apertura de los celulares secuestrados en su momento a los imputados, Martínez dijo que “tres de los cuatro celulares ya fueron desbloqueados y estamos analizando lo que encontramos en ellos”.
El fiscal dijo también que ahora se pidió la “geolocalización” de los de forma tal de conocer a pie juntillas dónde se  encontraba cada uno de los imputado al momento de utilizar sus dispositivos para llevar adelante diversas comunicaciones  inherentes a la causa.

Complicidad?

Si bien el fiscal declinó realizar declaraciones sobre este tema,  para quienes siguen de cerca el caso  uno de los motivos por los cuales se pidió el levantamiento del secreto bancario y fiscal del proveedor de servicios sería “para conocer a ciencia cierta si existió algún tipo de transferencia de su parte hacia a algún funcionarios o a posibles testaferros”. Para  luego agregar que:  “esto es porque resulta al menos llamativo que durante casi cuatro años nadie haya tomado conocimiento de las maniobras que llevaba adelante quien era contratado para limpiar los tanques de agua de las escuelas y controlar la potabilidad del agua que bebían  quienes asisten a esos establecimientos" .
En este sentido y según trascendió  de los chats de Whatsapp analizados por la justicia hasta el momento,  se desprende que uno de los funcionarios del  escolar involucrado sabía del tema ya que el proveedor de servicio  de apellido Bravo le habría indicado  que no contaba con el certificado de aptitud del agua que se le solicitaba,  pero que podía armar uno con datos de otro establecimiento y cambiar el nombre de la escuela;  a lo cual la respuesta   habría sido “dale mándamelo que acá están rompiendo las pelotas”.  A los pocos minutos el documento habría sido enviado.
Para el fiscal Martínez :  “el caso es de una gravedad inusitada ya que se está hablando de la salud de la población y en especial la de los niños y jóvenes que concurren a ese complejo educativo”.
Cabe recordar que las imputaciones  recaen  sobre  los funcionarios del  Consejo Escolar,  Carolina Palacios,  Adriana Parodi y Fernán Gorostiza, a quien se les achacan los delitos de:  Falsedad ideológica,  Utilización de Documento público adulterado, Defraudación a la administración pública , incumplimiento de los deberes de funcionario público y haber suministrado agua que  no cumplía con las condiciones  de potabilidad necesarias.
Según los expertos en derecho penal  consultados las pena previstas para estos delitos es  “de seis años, por cada uno de las faltas cometidas y al ser en concurso real se suman, es decir,  que si por ejemplo se comprueban 50 falsificaciones de los 141 documentos existentes, habría que multiplicar 6 por 50, lo cual daría unos 300 años, cosa que es imposible que ocurra  no solo porque el código penal prevé hasta 50 años de prisión, sino porque además difícilmente se llegue siquiera  a ese número ya que se trata de imputados sin antecedentes penales”.

El caso

Todo comenzó cuando  un grupo de padres preocupados por la salud de sus hijos y  el estado del pozo ciego de la escuela , decidieron contratar un laboratorio particular para que realice un análisis del agua que se utiliza en la escuela, ya que esta proviene de una perforación”.
Las mismas fuentes indicaron que “el análisis del laboratorio privado -al que tuvo acceso y publicó  Periodismoya.com el año pasado- dio por resultado que el agua contenía la bacteria Escherichia coli, por lo que no era apta para consumo.
Ante esta situación se decidió hacer un nuevo pozo de captación de agua que estuvo a cargo de la Cooperativa Eléctrica de Mar del Sur, quien tomó a cargo dichas tareas que ya estaban pedidas  al municipio, ya que el fondo educativo lo maneja la comuna  y el Consejo Escolar cuando necesita ese dinero lo solicita, sin embargo aún no se había decidido avanzar en ese tema, afirman las fuentes consultadas.
Mientras todo esto ocurría no hubo suspensión de clases ya que las autoridades educativas decidieron enviar agua para el uso de los niños en la escuela, evitando así que se utilice  agua del pozo.
Fuentes cercanas al caso indicaron que “de la investigación  surge que ante el reclamo de los padres desde el Consejo Escolar se indicó que durante el verano  de 2025 ya se había hecho la limpieza de los tanques y que el proveedor que hace ese trabajo tiene a su cargo también realizar los análisis del agua  y que estos ya se habían realizado”.
Tras esto  y como por arte de magia “durante esos días en los que ocurría la controversia  aparece  el resultado del análisis encargado por el proveedor del Consejo Escolar, quien lo habría realizado en  el laboratorio de  la Universidad de Mar del Plata, indicando que el agua estaba en perfectas condiciones”, agregaron.
Como era de esperar esta situación encendió con mayor intensidad las luces de alerta en la comunidad educativa quienes no podían creer que dos análisis dieran de forma tan diferente motivo por el cual insisten con sus reclamos, sin embargo las fuentes consultadas afirman que ante este nuevo reclamo “las autoridades del Consejo Escolar decidieron  quedarse con los resultados oficiales, es decir, los presentados por su proveedor que provenían de la universidad”.

Sospechas

Al ver el análisis presentado por el proveedor del Consejo Escolar,  algunos padres notaron lo que les pareció podían ser algunas irregularidades en la confección del mismo, por lo que decidieron  ir a la Universidad de Mar del Plata y entrevistarse con quien  firmó dicho análisis.
Grande fue la sorpresa cuando la profesional en cuestión les indicó que "ella no realizó ese análisis porque no estaba trabajando en la fecha en que se hizo el mismo", razón por la cual la misma decide dirigirse a sus autoridades para realizar la  denuncia correspondiente  ya que el caso es de extrema gravedad.
Tras esto quien llevaba adelante esas gestiones en la universidad decide concurrir a la Policía Ambiental de la provincia de Buenos Aires, para ampliar la denuncia que ya había radicado la concejal Viviana Farías (Pro) cuando tomó conocimiento del tema y es allí donde le informaron que el delito pasaría  a la justicia federal “, quien por estos días avanza a pie firme en una investigación que cada día suma nuevo condimentos.

 Info: D.R