REVÉS JUDICIAL: RATIFICAN CONDENA DE US$ 390 MILLONES POR LA ESTATIZACIÓN DE CFK

La Cámara de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, en Washington, ratificó un fallo en contra de la República Argentina dentro del litigio que mantiene con el fondo Titan Consortium, derivado de la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas llevada a cabo durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y bajo la gestión de Axel Kicillof, quien se desempeñaba como Secretario de Política Económica y reestructurador clave en el proceso de expropiación.
La resolución confirma la decisión de primera instancia adoptada por la Corte de Distrito de Estados Unidos, ordenando al Estado argentino el pago de 390.907.115,55 dólares, suma que incluye el laudo original de la causa más los intereses acumulados hasta diciembre de 2024, además de las cargas punitivas posteriores que continúen devengándose.
El origen del conflicto legal se remonta a la decisión adoptada por la gestión kirchnerista en 2008 de tomar el control de la compañía, ejecutando un esquema que la justicia internacional consideró expropiatorio respecto a los accionistas del grupo Marsans. En 2017, un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dictó una condena inicial contra el país por aproximadamente 321 millones de doˊlares. Tras el rechazo definitivo de los recursos de anulación en 2019, la firma Titan Consortium adquirió los derechos económicos del reclamo e inició la ejecución de la sentencia en tribunales estadounidenses durante 2021.
El eje central de la reciente apelación argentina radicaba en la prescripción de la causa. La defensa nacional sostuvo que resultaba aplicable un plazo límite de tres años para la presentación del reclamo de ejecución, lo que habría dejado sin efecto la demanda. Sin embargo, los magistrados estadounidenses convalidaron la interpretación del juzgado de origen al ratificar que el período legal vigente para este tipo de laudos internacionales es de doce años.
Frente a la confirmación de la condena, fuentes de la Procuración del Tesoro de la Nación señalaron que se encuentran evaluando todas las instancias procesales y herramientas legales disponibles para intentar revertir la medida o amortiguar su impacto financiero. Desde el organismo atribuyeron el pasivo a las consecuencias económicas directas de las políticas de estatización impulsadas por Fernández de Kirchner y Kicillof, asegurando que el costo institucional y la herencia acumulada por juicios perdidos de esa etapa supera los u$ s 30.000 millones.