DENUNCIAN ANTE EL TRIBUNAL DE CUENTAS EL COMODATO DE TIERRAS CON LA ASOCIACIÓN JUDICIAL BONAERENSE

La cesión de tierras municipales a la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) volvió a la escena política local luego que el concejal Sergio Masson -Primero Alvarado- realizara una denuncia ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires para que se investigue la legalidad de la Ordenanza 166/26 y las condiciones del comodato por el cual se cedió a la Asociación Judicial Bonaerense (ABJ) el uso de un predio por tres parcelas..
 La presentación, a la actuvo acceso Periodismoya.com, cuenta de 33 páginas entre las que se encuentran los anexos y la  documentación respaldatoria, no solo cuestiona la decisión política de entregar los terrenos, sino que además pone bajo la lupa el procedimiento utilizado para aprobar la ordenanza y, fundamentalmente, el contenido del convenio remitido por el Departamento Ejecutivo, al que los denunciantes atribuyen contradicciones, obligaciones insuficientemente determinadas y posibles consecuencias económicas para las arcas municipales.
 Desde Primero Alvarado sostienen que el paso ante el Tribunal de Cuentas es una instancia previa que habilitaría la presentación de otra denuncia  ante el fuero Contencioso Administrativo. Es decir, la presentación administrativa podría ser apenas el comienzo de una controversia que promete trasladarse a otros ámbitos.

Convenio

Uno de los principales cuestionamientos es la por lo menos escasa precisión de las obligaciones que la AJB deberá cumplir a cambio del uso de los terrenos por tres décadas.
  El comodato contempla una serie de compromisos vinculados con obras, cámaras de seguridad, luminarias, intervenciones sobre la traza vial y una eventual contribución anual al Hospital Municipal. Sin embargo, según advierte la denuncia, varias de esas obligaciones quedan sujetas a definiciones posteriores, requerimientos o condiciones que, según el denunciante, no están del todo claras ni terminan de establecer puntualmente su alcance.
 Otro punto que se destaca en la denuncia es el vinculado a la contribución destinada al hospital municipal. La ordenanza contempla una donación anual, pero el contrato la califica como voluntaria y sujeta a requerimiento, cosa que encendió las alarmas en quienes presentaron la denuncia respecto a cual es finalmente el carácter efectivo de la obligación y, especialmente, sobre la posibilidad de controlar su cumplimiento.
 También se cuestiona que determinadas prestaciones, una vez realizadas, no generen para la AJB obligaciones posteriores de mantenimiento. A esto se suma que el comienzo de algunas obras depende de la aprobación municipal de planes técnicos, sin que exista una fecha concreta para esa instancia. En otras palabras, un comodato por tres décadas cuya contraprestación, según plantea el bloque de P.A no termina de quedar suficientemente definida.

La votación

La denuncia también avanza sobre las circunstancias en las que se aprobó la Ordenanza 166/26, el 15 de julio pasado.
 De acuerdo con el acta de la Novena Sesión Ordinaria, una moción presentada por el concejal Eduardo Tolosa para introducir modificaciones al despacho obtuvo ocho votos afirmativos y ocho negativos. La Presidencia dio por aprobada la propuesta mediante el doble valor de su voto.
 El problema, según Masson, es que posteriormente no se realizó una votación autónoma del despacho. En ese momento la concejal Viviana Farías (Pro) -quien según se indicó desde Primero Alvarado fue la única edil que acompañó con su firma la denuncia - pidió expresamente que se sometiera a votación el proyecto, al considerar que una cosa era la moción y otra el despacho. Sin embargo, la Presidencia dio por concluido el tratamiento y pasó al expediente siguiente, aseguran desde el bloque opositor.
 Los denunciantes sostienen que, al estar integrado el Concejo por 16 miembros, correspondían 11 votos para alcanzar los dos tercios exigidos por el artículo 56 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, si se considera que el comodato constituye una cesión gratuita de uso y ocupación de bienes municipales. Mas aún cuando la cláusula primera del contrato reconoce que la entrega se realiza «a título gratuito». La denuncia solicita al Tribunal de Cuentas que determine si esa condición obligaba a obtener la mayoría especial y si el procedimiento utilizado fue válido.

Las tierras

Otro aspecto que la presentación pone en tela de juicio apunta a la situación dominial y catastral de los tres inmuebles involucrados: las parcelas 64ab, 64ac y 64ad.
 La documentación de ARBA identifica a la primera con destino a la Asociación Judicial Bonaerense, mientras que las otras dos figuran afectadas a «Servicio de Ruta». Además, se registra la existencia de un electroducto que atraviesa parte de los terrenos.
 Los concejales también piden verificar quién es el titular actual de las parcelas. La denuncia incorpora antecedentes dominiales históricos, entre ellos una escritura de 1942 en la que figura la Provincia de Buenos Aires, pero aclara que ese documento no alcanza para establecer la titularidad actual. Por eso reclama un informe actualizado al Registro de la Propiedad Inmueble.
 Sucede que si alguno de los terrenos no perteneciera al dominio municipal, también quedaría bajo análisis la competencia del Ejecutivo para otorgar su uso.

Tribunales

La presentación ante el Tribunal de Cuentas solicita una investigación formal, una auditoría del expediente administrativo, la revisión del procedimiento legislativo y del contrato, además de la determinación de eventuales responsabilidades patrimoniales de los funcionarios intervinientes.
 El expediente también deja expresamente reservada la posibilidad de recurrir a otras instancias administrativas y judiciales.
 En ese sentido, fuentes cercanas a Primero Alvarado señalaron que la denuncia ante el organismo provincial constituye el primer paso de una estrategia que podría continuar con una presentación judicial en el fuero Contencioso Administrativo para cuestionar la validez de la ordenanza y del comodato.
 Consultado al respecto el concejal Sergio Massón dijo que “la denuncia tiene dos ejes, por un lado el mecanismo por el cual se termina aprobando la ordenanza y por otro lo que se refiere a la prorpia ordenenza y el decreto ya que al no haber una contrataprestación concreta y el plazo de 30 años, esto es simplemente pérdida de patrimonio municipal”.
 Además el edil de Primero Alvarado dijo que “lo primero que hicimos fue pedir el veto de la ordenanza que obviamente el Ejecutivo no hizo y después un pedido de informes solicitando el comodato con la AJB, cosa que nos permitió confirmar que en el mismo las condiciones que se establecen no están debidamente especificadas”.
 Así las cosas lo que inicialmente se presentó como un acuerdo entre el Municipio y la Asociación Judicial Bonaerense para la utilización de tierras durante 30 años comienza a transitar otro camino ya que ahora no se discute solamente el destino de los terrenos, sino también la legalidad del procedimiento, la consistencia de las obligaciones asumidas y el alcance de una cesión gratuita cuyo contenido contractual, según los denunciantes, deja más dudas que certezas.
 
Info: D.R