SUELDOS, INTERESES Y AUSTERIDAD TARDÍA

Con la intención de enviar una señal política a una sociedad cansada de ver cómo la ciudad y los servicios municipales se deterioran, y de paso evitar una confrontación con los empleados municipales, la UCR presentó un proyecto para que el dinero que desde hace meses solicita el Ejecutivo a cargo del intendente  Sebastián Ianantuony (PJ) para pagar los sueldos se destine exclusivamente a los trabajadores de planta, dejando afuera a los cargos políticos.
 La iniciativa no es nueva. La posibilidad de excluir a la planta política de estos adelantos se venía planteando desde que el municipio convirtió en una rutina mensual la búsqueda de financiamiento para afrontar sus obligaciones salariales, con el consiguiente pago de intereses que superan los $20 millones mensuales.
 La propuesta consiguió el respaldo de todo el arco opositor y también del oficialismo. Así, la UCR logró quedar bien con propios y extraños, mientras que el PJ encontró una oportunidad para exhibir una imagen de austeridad, aunque obviamente no resuelva el problema de fondo.
 La decisión, sin embargo, no salió de primera. Demandó consultas con el Ejecutivo municipal, que finalmente aceptó el planteo para poder así acceder a un financiamiento de hasta $1.498 millones destinado a pagar los salarios de octubre de los empleados de planta. 
 
 Todo hay que decirlo

La medida tiene más impacto político y mediático que financiero. En una administración en crisis terminal donde cada peso cuenta, cualquier ahorro es bienvenido, pero conviene poner las cosas en su justa dimensión: el beneficio económico directo se refleja solo en una merma de los intereses que el municipio debe pagar al achicar la masa de dinero a pedir, es decir una acotada reducción de costos.
 Así las cxosas, la decisión también deja una pregunta incómoda: si la austeridad era el camino, ¿por qué tuvo que impulsarla la oposición? ¿No correspondía que el propio oficialismo tomara la iniciativa o que el Ejecutivo, principal responsable de administrar los recursos municipales, dispusiera desde el comienzo que los adelantos se utilizaran exclusivamente para pagar los salarios de los trabajadores?
 A esto se suma otra cuestión, quizás más reveladora, que también merece atención .
 Sucede que según señalan proveedores municipales, los plazos de pago pueden extenderse durante meses. En algunos casos, aseguran, las demoras llegan a los 60 días, e incluso superarían los 100 días y cuando finalmente cobran, reciben el monto adeudado sin intereses por la demora.
 En buen romance, el proveedor termina financiando, involuntariamente, las necesidades de la administración municipal. Una suerte de financiera informal a la que el Estado recurre sin pagarle el costo de ese crédito.
 Ante esta situación, la comparación resulta inevitable: cuando el municipio demora el pago a sus proveedores, el costo financiero parece recaer sobre quienes esperan cobrar; pero cuando necesita dinero del Banco de la Provincia de Buenos Aires para cubrir los salarios, debe afrontar intereses millonarios incluso por períodos inferiores a un mes.
No son pocos los que se preguntan por qué esa diferencia de criterios? ¿El Ejecutivo  analiza alternativas para reducir el costo de estos adelantos? ¿Puede conseguir mejores condiciones financieras utilizando la misma firmeza con la que se postergan los pagos a quienes prestan servicios al Estado? Todos interrogantes razonables frente a una situación que se repite y sobre la que, hasta ahora, no se conocen explicaciones públicas suficientes.

El ajuste que no se llama ajuste

Mientras el debate por los salarios ocupa el centro de la escena, hay otra cuenta que sigue sin conocerse: cuánto dinero ahorró el municipio con la reducción de los días de atención de los consultorios externos del Hospital Municipal Dr. Marino Cassano.
 La secretaría de Salud intentó presentar la medida como una «reorganización» del servicio y no como un ajuste, una palabra que parece estar vedada en el discurso oficial. Sin embargo, más allá de cómo se la denomine, la reducción de la atención tiene consecuencias concretas para los profesionales y los vecinos, y debería estar acompañada por información clara sobre sus resultados económicos y sanitarios.
 “La publicidad de los actos del Estado hacen a la escencia republicana de un gobierno”, dijo el fiscal Nisman 24 horas antes de ser asesinado.
 Si el recorte de horas permitió liberar recursos, sería razonable conocer cuánto se ahorró y cuál será el destino de ese dinero. Sobre todo, cuando existen obligaciones pendientes con proveedores que sostienen servicios esenciales como el de la empresa encargada del mantenimiento de los equipos de hemodiálisis, que, según los antecedentes denunciados, lleva meses esperando el pago de una deuda de $3,8 millones. La demora, además de la cuestión económica, plantea interrogantes sobre la capacidad del municipio para garantizar el mantenimiento de equipamiento vinculado con una prestación de salud indispensable.
 Cuando suceden estas cosas no se puede más que recordar que muchas veces quienes ostentan el poder son los más hábiles para conseguirlo, pero los menos capacitados para ejercerlo. Ironías de la vida .

D.R