MIRAMAR: EN LA PERINOLA MUNICIPAL; LOS VECINOS CADA VEZ PONEN MÁS

 Hay iniciativas que merecen ser celebradas por la solidaridad que expresan y hay otras que, aún cuando nacen de la buena voluntad de la gente,  forman parte de las responsabilidades básicas del Estado municipal.
 El comunicado difundido  ayer por la comuna de General Alvarado sobre el programa “Compromiso Compartido”  pertenece, en parte, a esta segunda categoría.
 Una cosa es anunciar una política novedosa y otra bastante distinta es ponerle un nombre atractivo a una necesidad que, sin lugar a dudas, forma parte de las obligaciones habituales de cualquier gobierno municipal.
 Según explica el propio Ejecutivo, la modalidad consiste en que los vecinos compran los materiales y el municipio aporta la mano de obra, la supervisión técnica y la maquinaria para concretar trabajos de iluminación, mejorado de calles y reposición de basurines.
 Así presentado puede parecer razonable. Los vecinos que se organizan, juntan dinero y buscan mejorar su barrio.
  Una demostración de compromiso comunitario que merece respeto.
 El problema no está en la voluntad de la gente, sino en el relato oficial que pretende convertir esa predisposición en una política para destacar, cuando en realidad se trata de su propia ineficiencia para administrar el dinero de todos los contribuyentes,
 Sucede que cuando una colaboración que debería ser excepcional o complementaria se presenta como una modalidad de gestión y, además, se invita a otros barrios, asociaciones civiles y sociedades de fomento a sumarse a la iniciativa, la situación varía por competo porque se está convocando a más vecinos a hacerse cargo de tareas que corresponden al Estado municipal!!
De esta forma la solidaridad empieza a cumplir una función adicional: cubrir los espacios que dejan vacíos las arcas públicas.
 No se puede olvidar que mantener las calles, garantizar el alumbrado público y conservar los espacios comunes no son favores que el municipio les hace a los vecinos. Son responsabilidades propias de la administración municipal, sostenida, entre otros recursos, con los tributos que pagan quienes viven en el distrito.
 Quiénes pagan esas tasas, quiénes no, cuánto representan para los contribuyentes y cómo se llegó a los magros índices de recaudación son cuestiones que merecen un análisis aparte. También corresponde preguntarse qué medidas se adoptan para revertir esa situación.
 Por otro lado hay que dejar en claro que que las dificultades oficiales para recaudar no convierten las obligaciones municipales en responsabilidades vecinales.
 Dicho en buen romance: una cosa es la solidaridad de los vecinos y otra muy distinta es utilizar esa predisposición para maquillar las dificultades de una administración que encabeza el intendente Sebastián Ianantuony (PJ).

La muerte de la era de la  razón 

Como se recordará el municipio lleva meses recurriendo a adelantos y financiamiento para afrontar el pago de los salarios, pagando millonarios intereses mensuales, cosa que agrava las dificultades económicas y condicionan cada vez más su capacidad de respuesta.
En ese escenario, presentar la compra vecinal de materiales como una experiencia virtuosa de gestión compartida suena al menos poco serio .
Así las cosas, cuando faltan recursos para cumplir con las obligaciones básicas, aparece una iniciativa con nombre propio que permite mostrar cooperación en lugar de exhibir las limitaciones y el desastre de las arcas municipales.
Cabe destacar que esta afirmación no tiene ninguna intención de descalificar el esfuerzo de los vecinos (quien  suscribe forma parte de un grupo  que lleva adelante acciones para mejorar su barrio) sino dejar las cosas en claro, de modo tal de no olvidar las obligaciones indelegables de cada una de las partes.
 Sucede que así planteada, y más allá del tono optimista del comunicado, la iniciativa corre el riesgo de convertirse en un sustituto de las obligaciones del Estado. Una fórmula para naturalizar que, a la hora de tener una calle en condiciones o una luminaria funcionando, los contribuyentes deban volver a poner dinero de su bolsillo después de pagar —o de tener la obligación de pagar— sus tasas municipales.
 Es cierto que el Municipio atraviesa una situación económica delicada. La falta de fondos puede explicar las dificultades para prestar un servicio; pero no alcanza para convertir automáticamente en compartida una responsabilidad que sigue siendo municipal. Mucho menos para presentar la necesidad como si fuera una virtud de gestión.
 Para colmo, no solo se presenta esta modalidad como una experiencia positiva, sino que se convoca a más vecinos a reproducirla, cosa que abre la puerta para que cualquiera se pregunte si esta es una iniciativa puntual de cooperación comunitaria o  una nueva forma de financiar el mantenimiento urbano con aportes directos de los contribuyentes?
 Si se trata de lo primero, la propuesta puede ser más que loable. Un ejemplo sería la colaboración entre el municipio y los vecinos para mejorar las instalaciones de un club barrial. Sin embargo si se trata de calles, luminarias y servicios públicos básicos, el planteo es diferente ya que ademas de pagar sus tasas los contribuyentes deben reunir además dinero para comprar los materiales que el municipio que conduce Ianantuony no puede adquirir y, finalmente, celebran que, gracias al esfuerzo de todos, se haya podido realizar una obra que debería formar parte de la prestación habitual de los servicios públicos.
 Sí se debe destacar que el ingenio comunicacional, para mostrar una dificultad presupuestaria como una experiencia de participación ciudadana. El problema es que las calles no se arreglan con títulos y las luminarias no se encienden con comunicados.
 Otra pregunta que más de un habitante del distrito puede hacerse es si esta modalidad llegó para quedarse.
 Si así fuera, por qué no pensar en algún mecanismo de compensación por los gastos extras que afrontan los contribuyentes para ejecutar mejoras que corresponden al ámbito municipal. No sería dable analizar un sistema de reconocimiento, descuento o crédito sobre las tasas, con reglas claras, controles y autorización administrativa?
 No se trata de convertir cada aporte comunitario en una negociación particular ni de desconocer las dificultades de las cuentas públicas. Se trata de evitar que la colaboración voluntaria se transforme, de hecho, en una obligación informal para acceder a servicios que deberían estar garantizados para todos, independientemente de la capacidad económica o de organización de cada barrio.
 Porque también es legítimo preguntarse qué sucede con aquellos vecinos que no pueden reunir dinero para comprar materiales o viven en barrios que carecen de asociaciones capaces de organizar colectas. Si el acceso a las mejoras urbanas depende cada vez más de la capacidad de los propios habitantes para financiarlas, existe el riesgo de que quienes menos recursos tienen sean también quienes deban esperar más. Extraña contradicción para un gobierno que se reivindica de raigambre popular. Verdad?

Sociedad Civilizada

Nadie desconoce que la participación ciudadana es saludable, que la solidaridad resulta indispensable en toda sociedad civilizada que se precie y que el compromiso de quienes ponen tiempo y dinero para mejorar el lugar donde viven merece reconocimiento. Pero una cosa es que la comunidad acompañe al Estado y otra, muy distinta, que deba cubrir sus carencias. La primera es una expresión de ciudadanía; la segunda puede terminar siendo una forma bastante elegante de trasladar costos e ineficiencia administrativa.

La perinola municipal

En este escenario, también merece destacarse la habilidad del Ejecutivo local para ponerles nombre a sus iniciativas. “Compromiso Compartido” suena bien, transmite cooperación y tiene ese tono de consigna que invita a mirar el vaso medio lleno. El inconveniente es que, cuando se revisan las cuentas, el vaso parece necesitar algo más que una campaña de comunicación.
 Quizás allí esté el verdadero sentido del “Compromiso Compartido”: compartir el esfuerzo, compartir la solución y, sobre todo, compartir una factura que hasta ahora correspondía afrontar a la administración municipal.
 De esta forma la perinola municipal donde las opciones parecen reducirse a “pongan más”, “pocos ponen”, “no me alcanza”, “más intereses” y «menos servicios», nunca dejará de girar, convirtiendo al programa  “Compromiso Compartido” en una suerte de nuevo tributo, sin nombre, sin liquidación y, por supuesto, sin descuento en la próxima boleta. Cosa que de ser así sería una pena, porqiue si algo no necesita el contribuyente de General Alvarado es que, además de pagar, tenga que financiar la solución y aplaudir el anuncio.

D.R