EL INFORME DE LA COMISIÓN $LIBRA HABLA DE PRESUNTA ESTAFA Y APUNTA AL PRESIDENTE

La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados concluyó que los hechos analizados son compatibles con una presunta estafa en torno a la criptomoneda $LIBRA, según lo establece el artículo 172 del Código Penal. Este dictamen señala que el Presidente Javier Milei habría brindado una colaboración que se considera indispensable para la ejecución de la maniobra. La investigación subraya la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta institucional.
Según el informe final de la Comisión Investigadora, "se verificó que el Presidente difundió un número de contrato relacionado con $LIBRA que no era de acceso público".
"La Comisión señala que los hechos analizados seríancompatibles con una presunta estafa (art. 172 CP). El Presidente habría prestado una colaboración imprescindible para la realización de la maniobra", destaca en el comienzo del informe.
Y detalló que hasta la fecha, no se proporcionó una explicación sobre cómo obtuvo dicha información. Este dato refuerza la hipótesis de un vínculo directo y previo con los creadores de la criptomoneda, elemento clave en la pesquisa.
Los elementos recabados intensifican la presunción de un "ardid y engaño". "Javier Milei promocionó esta moneda digital como una herramienta de inversión, cuando en realidad se trataría de una memecoin diseñada con anterioridad para una maniobra de 'tirón de alfombra' (rug pull) por parte de un grupo con información privilegiada. Este tipo de operación resulta en pérdidas significativas para los inversores comunes", agrega el informe.
El documento detalla que 114.410 billeteras virtuales sufrieron pérdidas a causa de $LIBRA. Entre los afectados, 498 usuarios perdieron más de u$s100.000 cada uno, mientras que 3.144 registraron pérdidas de entre u$s10.000 y u$s100.000. Contrastando con estas cifras, solo 36 inversionistas obtuvieron ganancias superiores a u$s1 millón individualmente, lo que marca una asimetría notable en los resultados de la operatoria.
Las afirmaciones  oficiales sobre  que no habrían sido más de 5 argentinos los que operaron $LIBRA, se cayeron cuando  Ripio informó oficialmente a la Comisión que solo en esa plataforma operaron 1.329 ciudadanos del país.
La investigación sugiere que el caso $LIBRA no fue un incidente aislado. Se advierte un modus operandi y un patrón de conducta ya observado en otras maniobras financieras irregulares, presuntamente ilícitas, como $KIP, CoinX y Vulcano. En estas operaciones, se reiteran los nombres de Javier Milei, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, indicando una posible continuidad en este tipo de acciones.

Resoluciones judiciales y responsabilidades políticas

El informe detalla también que una resolución judicial de octubre de 2025 de la Jueza Jennifer Rochon, en Nueva York, "señaló que los titulares de los fondos obtenidos con $LIBRA podrían ser Javier Milei y Karina Milei". El daño de estas operaciones es continuado, y "la Comisión demanda una respuesta institucional acorde por parte de los poderes del Estado argentino".
"Debido a la alta gravedad institucional y la presunta malversación de la investidura presidencial, la Comisión señaló que Javier Milei y Karina Milei tienen responsabilidad política en la sucesión de hechos vinculados a la criptomoneda $LIBRA", subrayó el informe. Por ello, recomendó que el Congreso de la Nación evalúe si el Presidente incurrió en "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones".
También se decidió denunciar penalmente a los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional "que sistemáticamente se negaron a colaborar con la investigación, entorpeciendo el ejercicio de las facultades constitucionales de la Comisión, por posible incumplimiento de los deberes de funcionario público". También se resolvió denunciar ante los órganos competentes a los funcionarios del Poder Judicial de la Nación que se negaron a colaborar con la investigación.
Finalmente, la Comisión determinó presentar un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia contra la decisión judicial que denegó el auxilio para citar a testimoniar a los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. Además, se remitió al juzgado donde tramita la causa $LIBRA toda la información pertinente reunida por la Comisión, para contribuir al ejercicio de su facultad jurisdiccional de determinar las responsabilidades penales del caso. Y se elevaron una serie de recomendaciones al pleno de la Cámara de Diputados, que figuran en el dictamen final, proponiendo el curso de acción a seguir luego de concluida esta primera etapa investigativa.