"AGUA CONTAMINADA MAR DEL SUD": IMPUTAN A OTRO FUNCIONARIO Y DESCUBREN PLAZO FIJO EN DÓLARES.

La investigación por el caso del “Agua Contaminada en la escuela de Mar del Sud” sumó nuevas aristas luego de la última audiencia judicial.
 El fiscal federal Carlos Martínez amplió la imputación a Paulo Tilaro, quien al momento de los hechos se desempeñaba como funcionario del Consejo Escolar de General Alvarado. Con esta incorporación, ya son cinco las personas investigadas en la causa.
 En dialogo con Periodismoya. com el fiscal Carlos Martínez dijo que “a raíz de las tareas que llevamos a cabo y de las evidencias que tenemos entendemos que Tilaro también es responsable”. Por este motivo, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se le apliquen las mismas restricciones que rigen para los demás imputados: la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la prohibición de acercarse a menos de 500 metros del polo educativo.
  Estas medidas preventivas se consideraron necesarias debido a que la intervención de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense sobre el Consejo Escolar concluyó a fines del año pasado, permitiendo que los funcionarios investigados retomasen sus funciones.
 Además el fiscal señaló que la investigación sumó un dato patrimonial clave: se descubrió que el contratista de apellido Bravo —encargado de la limpieza de los tanques y de controlar la potabilidad del agua— posee un depósito a plazo fijo en dólares, sobre el cual se solicitaron medidas especiales.
  Ante este hallazgo y la llegada del nuevo imputado, el juez federal de garantías Santiago Inchausti aceptó el pedido de la fiscalía y otorgó una prórroga de 180 días para profundizar la investigación, manteniendo vigentes las medidas cautelares previas.
 Además el fiscal Martínez confirmó que “continúa el análisis de los teléfonos celulares secuestrados”  a la vez que indicó que para  el Ministerio Público Fiscal “está probado que existieron mensajes cruzados entre los funcionarios y el proveedor”. Esto indicaría que “las autoridades del Consejo Escolar sabían que el documento sobre la potabilidad del agua era falsificado antes de reunirse con los padres de los alumnos”.
 Actualmente, el caso tiene cinco imputados: el contratista Bravo —acusado de adulterar más de cien certificados— y cuatro miembros de la cúpula del Consejo Escolar (la presidente, la vicepresidente, el tesorero y un ex  consejero). Las calificaciones legales del caso incluyen:

• Defraudación a la administración pública 

• Uso de documentación pública falsificada 

• Falsedad ideológica 

• Incumplimiento de los deberes de funcionario público (aplicado a los miembros del Consejo Escolar)

• Facilitar la distribución de agua no potable 

Como era de esperar el Ministerio Público Fiscal reiteró el pedido de embargo sobre los bienes registrables de los acusados, abarcando propiedades, vehículos y el mencionado plazo fijo en dólares. En el caso de la presidente del Consejo Escolar y de Tilaro, al no registrarse bienes a sus nombres, se insistió con la aplicación de una inhibición general de bienesm se indicó oficialmente.

El caso

El escándalo estalló en abril de 2025 tras la denuncia de las familias del polo educativo de Mar del Sud,  que alberga un jardín de infantes, una escuela primaria y una secundaria.
 Durante el año 2024, los estudiantes habían manifestado recurrentes problemas de salud como gastroenteritis, vómitos y sarpullidos que desaparecían en las vacaciones de verano.
  La situación coincidía con constantes desbordes del pozo ciego, ubicado a escasa distancia de la perforación de agua potable.
 Así las cosas los padres contrataron a comienzos de 2025 a un laboratorio privado. Los análisis confirmaron que el agua contenía bacterias como Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa, no siendo apta para el consumo humano.
 Ante esto y el certificado que se presentó oficialmente que daba cuenta de la potabilidad del agua, un padre decidió concurrir a la Universidad de mar del Plata para determinar si el mismo era verdadero.
 Grande fue la sorpresa cuando la profesional que los atendió nmo solo indicó que ella no había hecho ese estudio sino que enla fech en cuestión no se encontraba en la Universidad.
 La hipótesis judicial sostiene que, para ocultar esta situación, se exhibieron certificados truchos con el membrete de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la firma falsificada de una perito química.

D.R