AGUA CONTAMINADA: INVESTIGAN POSIBLE CONNIVENCIA ENTRE FUNCIONARIOS Y PROVEEDOR DE SERVICIOS

La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio  Público Fiscal, avanza en el análisis y extracción de datos de los celulares  secuestrados la semana pasada pertenecientes a funcionarios del Consejo  Escolar  cosa que permitirá profundizar la investigación vinculada a la presentación de documentación apócrifa por parte de un proveedor escolar vinculado al servicio de limpieza de tranques de agua y análisis sobre la potabilidad de la misma. 
La Unidad Fiscal Mar del Plata continúa avanzando así en las tareas de investigación  por la presunta falsificación de documentos y la distribución de agua no potable en el polo educativo de la localidad de Mar del Sud, conformado por una escuela secundaria, una primaria y un jardín de infantes.
La investigación es dirigida por el fiscal federal Carlos Martínez, de la mencionada unidad fiscal y, bajo sus directivas, los procedimientos estuvieron a cargo de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Mar del Plata de la Policía Federal Argentina.
La lupa de los investigadores recae ahora en los celulares secuestrados ya que  la  hipótesis oficial es que la situación del agua era conocida por las autoridades (del  Consejo Escolar de General Alvarado) y aún así, utilizaron el documento del contratista a pesar de saberlo apócrifo, cosa que de comprobarse sería una sangría que podría transformarse en una hemorragia en el seno de dicha institución, la cual hasta salpicaría  a algunos partidos políticos con representantes en dicho Consejo. 
Los investigadores comenzaron con la pesquisa hace cuatro meses a partir de la denuncia del padre de un alumno de una escuela primaria por la posible contaminación del agua.  Esto derivó en que los padres  solicitaran  a un laboratorio privado la realización de análisis bacteriológicos y fisicoquímicos para conocer la calidad del agua, en la previa el inicio del ciclo lectivo 2025.
El resultado, conocido el pasado 5 de marzo, indicaba que el agua no era apta para consumo humano por la presencia de escherichia coli, lo que indica posible contaminación fecal, y pseudomona aeruginosa, otra bacteria que representa un riesgo para la salud.
De acuerdo a lo que reconstruyó la fiscalía, ese informe fue comunicado a las autoridades educativas que citaron a los familiares a una reunión el 7 de marzo.
En el encuentro, autoridades del Consejo Escolar de General Alvarado exhibieron dos análisis con membrete de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) que certificaban la  potabilidad del agua, correspondientes a 2024 y 2025, con la firma de una perito química, que a la postre resultó no haber firmado ninguno de ellos .
Así  fue que  junto al equipo de trabajo del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos, que también conduce Martínez, tres días después se solicitaron diversas medidas de prueba, que incluyeron un registro domiciliario y el secuestro de teléfonos y computadoras del, hasta ese momento, único imputado en la causa: una persona que sería contratista del Consejo Escolar de General Alvarado, dedicado a la limpieza de tanques y toma de muestras de agua en distintos establecimientos de Miramar y la zona.
A raíz del material colectado, que incluye transcripciones de mensajes y audios entre ellos, se avanzó con la investigación de otras cuatro personas, que tienen cargos funcionales dentro del Consejo Escolar de General Alvarado cosa que ocurrió la semana pasada y que por estas horas se investiga