INFORME: QUÉ PASARÁ CON LOS MENORES QUE DELINQUEN SI SE APRUEBA LA LEY QUE IMPULSA MILEI

El gobierno de Javier Milei decidió incluir en el temario del Congreso para las sesiones extraordinarias de febrero la nueva Ley Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años y acelerar así con un tema controversial que había colocado entre las prioridades para 2025, pero quedó "dormido" en la Cámara de Diputados durante casi un año.
Según trascendió, el Gobierno podría tratar de retomar su idea original de bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, aunque el proyecto ya tiene dictamen de las comisiones desde mayo del año pasado y establece el mínimo en 14. El oficialismo había aceptado varios cambios respecto del texto original que había enviado el Gobierno para lograr consenso y finalmente recolectó 77 firmas que le permitieron alzarse con el despacho de mayoría, pero nunca llegó al recinto.
No obstante, algunas fuentes oficiales indicaron que "el proyecto se tiene que volver a dictaminar", lo que abre la puerta a que se revise la edad de imputabilidad. En la oposición comentan que, por tratarse de sesiones extraordinarias, se puede tratar el dictamen que ya se firmó el año pasado, pero lo más probable es que el debate vuelva a foja cero.
Así las cosas, el oficialismo aspira a que Diputados apruebe el proyecto en el recinto durante la primera mitad de febrero en paralelo al debate sobre "modernización laboral" en el Senado, para que ambos temas luego pasen a la otra Cámara y se conviertan en antes del 1 de marzo, cuando empiezan las sesiones ordinarias del Congreso.

Cambios

Como se sabe el punto central del proyecto es que, en caso de convertirse en ley tal y como está el dictamen que se consensuó, la edad de imputabilidad será a partir de los 14 años. Es un cambio sustancial porque hasta ahora los adolescentes son juzgados y eventualmente detenidos por cometer delitos a partir de los 16 años de edad, siempre que la pena máxima sea mayor a 2 años de prisión.
Bajo la ley vigente, una persona de 15 años que comete un delito grave -como un homicidio- no puede ser juzgada ni condenada, a pesar de que sí se abre un procedimiento en los tribunales y eventualmente puede ser internada en un instituto por orden de un juez de menores. Con el nuevo régimen, un adolescente de esa edad podrá ser imputado, procesado y condenado a prisión por delitos como ese.
De la misma forma, hoy un joven que comete un delito menos grave como puede ser el robo simple, que tiene una pena mínima menor a 2 años, no puede ser condenado, mientras que con el nuevo régimen esa misma persona sí podrá ser imputada y recibir una condena, aunque no será de prisión efectiva si la pena prevista no supera los 3 años.

Condena máxima  y  condiciones para la prisión

Allí radica otro de los cambios importantes del nuevo régimen, que tiene que ver con la gradualidad de la pena para los adolescentes.
Cuando la condena sea por delitos que contemplan penas de hasta 3 años, el menor no irá preso. De ahí para arriba, la condena a prisión para los menores de 18 será como máximo de 15 años. El proyecto prohíbe taxativamente la imposición de penas de reclusión o prisión perpetua.
Por otra parte,  cuando el delito tenga penas que vayan de los 3 a los 10 años, el juez podrá reemplazar la prisión por otras alternativas, como la realización de tareas comunitarias, la asistencia a programas de formación o incluso la libertad asistida, siempre que no haya existido muerte o violencia grave y que el imputado no tenga antecedentes.
Las condenas privativas de la libertad no se cumplirán necesariamente en la cárcel. De ser así, tendrá que ser en una sección separada de los adultos en el establecimiento penitenciario. Pero el juez o tribunal también podrá establecer que la condena se cumpla en el domicilio; en un instituto abierto o en un instituto especializado de detención.
La edad de 14 años como piso para la imputabilidad y condena por todos los delitos está en línea con el marco normativo de la región, dado que se aplica también Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, entre otros países.

Posturas 

Como era de esperar el debate será más que álgido en el seno del Congreso ya que por nu lado para el gobierno y sus aliados partidarios el cambio es necesario y un reclamo de buena parte de la sociedad, que está cansada de: "que no pase nada cuando los hechos de violencia, en muchos casos más que graves,  cometidos por menores"
Por su parte los legisladores de Unión por la Patria, que insiste en que la edad de imputabilidad de los menores debe mantenerse en 16 años y que la problemática de los jóvenes que delinquen debe ser abordada desde una perspectiva de recuperación educativa, acompañamiento psicológico y de inclusión.
Algunos de los diputados de la bancada peronista plantean que se trata de una "medida inconstitucional" cuyos principales afectados serán los adolescentes de "barrios populares", una postura similar a la que esgrime el Frente de Izquierda, que rechazó de plano la iniciativa.
. 

Info: P.S – redacción