FUERTE LOBBY EMPRESARIAL A FAVOR DE CEDER TIERRAS MUNICIPALES GRATIS A UN SINDICATO

El pedido de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB)  de cesión de un lote  150 por 240 metros frente al mar para ampliar las instalaciones que el sindicato ya posee en las inmediaciones del lugar,  despertó el interés de algunas  instituciones intermedias que suelen  permanecen casi  aletargadas ante la infinidad de problemas que afronta la localidad.
Sucede que con pocos días de diferencia tanto la Asociación Hotelera Gastronómica como la Cámara de Comercio, Industria y Producción  (de  General Alvarado)  dieron a conocer sendos comunicados de apoyo al pedido de tierras de los judiciales, que por el momento permanece en comisión en el Concejo Deliberante.
El texto de ambas notas  -que es prácticamente es el mismo  - da cuenta  no solo de la presencia señera de dicho sindicato en la localidad desde “hace más de cuatro décadas”  sino también de la importancia de ceder dicha fracción de tierra a la institución  judicial habida cuenta de lo que la misma representa para la actividad turística y comercial de la localidad.
Además los  integrantes de la Cámara de Comercio  afirman que el proyecto prevé :  “la apertura de una nueva  vía de circulación que conecte la ruta de acceso con Parquemar, ganando un beneficio adicional para la comunidad”.
Por su parte  y en un mismo sentido  pero con otras palabras,  los hoteleros y gastronómicos aseguran que  el proyecto en cuestión posibilita la: “liberación  de otros terrenos para la apertura de una calle que conecte la ruta con Parquemar”.
Para los comerciantes  la negativa a ceder esas tierras  tendría : “efectos directos en la actividad económica vinculada al turismo” y además “implicaría un retroceso para el entramado comercial local y para el proceso de modernización de la infraestructura turística”.
En tanto para los hoteleros : “dicha restricción impactaría negativamente en el desarrollo y mejor de  la infraestructura turística existente y afectando el  flujo de actividad económica vinculada al sector  hotelero gastronómico de Miramar”.

Todo hay que decirlo

La Asociación Judicial Bonaerense no solo  tiene el derecho de presentar los pedidos  de tierra  que crea conveniente , sino que hasta resulta  loable dicha actitud ya que de conseguirlos representaría un beneficio directo a sus afiliados  y quizá al de otras instituciones que  tengan algún convenio con dicho sindicato.
A su vez,  el sector empresarial  tiene la mayor libertad para ejercer el lobby que considere necesario para defender sus legítimos intereses , por caso la actividad turística, gastronómica  o  comercial, sin embargo ninguna de las dos cuestiones tienen por qué ser atendidas  sin el correspondiente análisis,  la documentación pertinente  y el conocimiento exacto de los términos  que darían lugar a esa concesión .
También tienen el mismo derecho de expresarse quienes no están de acurdo con que se regalen bienes del Estado.
Como ya publicó Periodismoya.com el expediente original que el Ejecutivo envió al Concejo Deliberante –al que tuvo acceso este medio-  cuenta con unas pocas páginas entre  las que se encuentran el pedido realizado por el sindicato y las consideraciones pertinentes  de distintos sectores de la municipalidad. Nada más.  Algo un tanto pobre si se tiene en cuenta que se trata de ceder gratuitamente tierras municipales, es decir, bienes del  Estado.
En ningún lugar de  la nota del sindicato pidiendo la cesión de tierras antes mencionada  se establece  apertura de calle alguna;  ni la inversión que se va a realizar en el lugar, ni como sería el proceso de ampliación, ni cuánto tiempo llevaría, ni la cantidad de plazas que se piensan agregar y mucho menos menciona  la apertura de calles.  
Por su parte el municipio  a cargo del intendente Sebastián Ianantuony tampoco se ocupó de solicitar una ampliación al respecto  para dejarlo sentado en el expediente en cuestión que a la postre deberían  analizar los ediles.
Las iniciativas que se mencionan se llevarían a cabo en caso de conseguir las tierras  fueron  declaraciones en distintos medios de comunicación y en algunas charlas con ediles realizadas por los integrantes de la AJB, que, como se dijo, con todo derecho defienden su pedido.  
Tampoco está establecido si la cesión en cuestión es  a modo de venta,  o concesión - como ocurre  con los balnearios de la localidad- ,  y de ser así,  cuál sería  el canon, por cuanto tiempo  sería dicha concesión y cuáles serían las obligaciones del futuro concesionario  o  si se trata de una entrega  gratuita,  sin que esto represente un beneficio económico directo para las alicaídas arcas municipales.

Estudios

Ante esto  lo primero que  queda en claro es que  quienes impulsaron  ambas notas de apoyo  al parecer no ahondaron  debidamente en  el expediente sino que tal vez  se basaron en los dichos de los integrantes de la AJB, de los cuales no hay por qué desconfiar, pero  como se trata de bienes del Estado municipal, es decir , de todos los habitantes del distrito,  sería dable esperar que esas acciones  figuraran por escrito en el expediente en cuestión.
Otro punto a considerar  del cual no se tiene información alguna -o al menos no se hizo  pública a la comunidad como si se hizo con  las notas de apoyo-,  es en  qué datos se basan ambas instituciones empresariales   para afirmar que la negativa a dicho proyecto afectaría de lleno el desarrollo de la ciudad y la actividad comercial. 
Lo mismo puede preguntarse  a nivel estatal, lo que abre la puerta a preguntar : 

Existen  estudios pormenorizados  dando cuenta de dicha situación?
Hay algún análisis de mercado al respecto?
Qué proyecciones a cinco  o diez años tuvieron en cuenta?   
Qué cantidad de ingresos económicos se perderían si este proyecto  no avanza?
Cuántos nuevos puestos de trabajo generaría en la ciudad?
 De haberse hecho: quién y cuándo se realizó dicho análisis?

De no existir nada de esto cualquiera podría decir que la afirmación de ambas cámaras y la decisión del Ejecutivo local de acompañar dicho pedido  se basan solo en el simple hecho de pensar que :  “si amplían  el camping viene más gente, si viene más gente, más movimiento, más gasto, mejor para todos”,  cosa  que  de ser así resultaría al menos poco seria ya que difícilmente un concejal que se precie decida aprobar la cesión de bienes del Estado sin datos ciertos en mano. O al menos eso es de esperar. Verdad?
Otro punto a tener en cuenta es que no se puede afirmar que la negativa a tal iniciativa – a la cual algunos ediles no se oponen per se, sino a la forma en la que se  quiere llevar adelante- “implicaría un retroceso para el entramado comercial local .…”  ya que para retrotraer algo,  primero  debe haber avanzado  o en este caso ocurrido y la medida en cuestión no ocurrió, por lo que no  hay nada que se pueda retrotraer.
A esto hay que sumarle que así planteado da la sensación que el desarrollo de las principales actividades económicas de la ciudad, como son el turismo y el comercio, dependen  la ampliación de un camping. 
De ser así, justo es decirlo,  toda la localidad estaría en serios problemas  no solo porque resulta impensable que el desarrollo de una ciudad que supo ser  candidata a convertirse en la “joya de la costa”  dependa de la ampliación de  un camping  - sin desmerecer  al mismo- y de la cantidad de nuevos visitantes que esto traería, sino  por las acotadas políticas de desarrollo que se vislumbran.
Seguramente dicha cesión y las mejoras previstas en el lugar  por la  AJB sumen  nuevos visitantes  a la a ciudad, como también lo haría si la comuna  junto al IMT hubieran desarrollado  un plan de promoción turística sustentable a largo plazo con acciones concretas que impulsen la presencia  del distrito  en el calendario turístico nacional.  Pero difícil que esto ocurre si el Ejecutivo municipal  incumple una ordenanza  vinculada con los fondos del IMT  (cosa que solo habría motivado algunos  “reclamos formales”  de parte de sus integrantes ) y como si fuera poco desarticula la secretaría de Turismo.
No se debe olvidar que se está hablando de propiedad del Estado municipal, por lo que resulta incomprensible que se acompañe la cesión  tierras  por el simple hecho de que  se estima que esto perjudicaría la actividad comercial  y hotelera de la ciudad.  
Los bienes municipales son de todos los contribuyentes del distrito, sean empresarios, trabajadores independientes, profesionales o empleados públicos, quienes  tienen el mismo derecho de saber a ciencia cierta de qué se trata  y  opinar respecto a si están de acuerdo o no con la cesión - hasta el momento gratuita- de una fracción de tierras a una organización gremial  o a quien sea por el simple hecho de que esta lo solicitó.
Debe quedar en claro que no quiere  evitar la entrega de tierras al sindicato judicial  o a cualquier otra asociación gremial o social interesada en dicho predio, sino que la misma - en caso de que exista la decisión de avanzar en dicho sentido- ,  se lleve a cabo con absoluta transparencia y deje a su vez réditos  económicos  concretos  a  la comuna cosa que redundaría, si no se malgastan en nimiedades,  en beneficios para todos los habitantes del distrito, por caso,  el mantenimiento de calles y  la limpieza de  desagües pluviales (para lo cual se quiso crear un tasa los combustibles) ,  mayores  recursos para el  hospital local o hasta el financiamiento de la promoción turística y comercial de la localidad ,  entre otras cuestiones que también hacen  al desarrollo de una comunidad .

D.R