DECISIONES DE LA ERA K QUE SIGUEN SALIENDO CARAS

Argentina acaba de recibir una esperada, pero pésima noticia desde el Reino Unido. La Corte Suprema de Justicia de ese país (ya no hay otra instancia de apelación) acaba de fallar en contra del país en la causa por la manipulación del Cupón PBI; con lo que, en teoría, se le deberían pagar a los demandantes ya vencedores de manera definitiva, unos 1.330 millones de euros. Esto además de liquidar una garantía de 313 millones de euros, depositados en los tribunales de Londres.
Ahora la causa volverá a la primera instancia, donde Argentina debería sentarse a negociar con los fondos vencedores, para negociar un plan de pagos. O declararse en rebeldía.
La Corte Suprema del Reino Unido (Supreme Court of the United Kingdom -SCUK) rechazó tomar el caso y definir un nuevo fallo, dejando en firme la decisión que ya había definido en contra de la Argentina la Cámara de Apelaciones y el tribunal primario de Londres, en una causa iniciada por la supuesta manipulación de títulos públicos en el 2013 y el no pago del Cupón PBI correspondiente a ese año.
Argentina perdió el caso en primera y segunda instancias, en ambos casos con todos los votos de los jueces en contra, y acudió al máximo tribunal del Reino Unido como última alternativa jurídica para tratar de torcer la historia. La Corte resolvió dejar en firme los fallos del juez Stephen Phillips y del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales a favor de los fondos demandantes Palladian Partners y Norinver Capital, entre otros, que denunciaron a la Argentina por haber abonado intereses correspondientes por el mecanismo de los títulos Cupón PBI emitidos durante el canje de deuda de 2006 y que debían pagar dividendos cuando el país creciera más de 3,5% anual. }

Causa espejo

La estrategia argentina para que la SCUK tome la causa, y que ahora resultó fallida, fue la causa espejo en los tribunales de Nueva York que conduce Loretta Preska, que tuvo un fallo favorable al país. Según la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York (el mismo donde obtuvo fallo negativo en el caso YPF), el país quedó liberado de pagar unos U$S 1.500 millones, al considerar la magistrada que las autoridades locales de aquel entonces, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía Axel Kicillof, tenían el derecho de calcular la evolución del PBI según las estadísticas oficiales, y que un eventual cambio de metodología no implica delito financiero alguno.
Cristina Kirchner y Axel Kicillof apelaron así a una manipulación de las estadísticas que ahora se traduce en un millonario juicio de fondos buitres contra el país. El fallo de Preska fue en sentido contrario del de Londres, donde en abril del 2023 se le reconocieron los derechos de varios fondos tenedores de bonos argentinos Cupón PBI, por no haber recibido pagos correspondientes al ejercicio 2013.
Ya en marzo de 2024, el mismo tribunal manejado por Phillips, determinó que el país debía depositar en caución unos US$ 309 millones. Ese dinero figura como garantía necesaria, justificada ante el peligro que la Argentina no pague un fallo ya determinadamente negativo, y ante los muy malos antecedentes internacionales del país en su historia de juicios de este tipo. Phillips se mantuvo en el criterio jurisprudencial inglés, afirmando Argentina efectivamente alteró el PBI del 2013, perjudicando a los ahorristas que habían confiado en el bono emitido por el país para salir del default del 2002, y durante el canje de deuda del 2006.
Según la decisión del juez Phillips del 8 de marzo pasado, “las declaraciones posteriores al fallo (correspondiente a los Cupones PBI en euros) de funcionarios argentinos reflejan la misma postura desafiante adoptada frente a los fallos a favor de los holdouts (tenedores de títulos de deuda soberana argentina) años atrás”.

 El origen del pleito

La causa original fue iniciada en Nueva York por el fondo buitre Aurelius en enero de 2015 por la supuesta “mala fe” del país al alterar la medición del PBI del Indec para el ejercicio 2013, lo que derivó en una causa espejo en Londres, a partir de una presentación del fondo cautivo de Aurelius Novoriver, a la que luego se sumó Palladian, con un grupo menor de tenedores de deuda argentina.  Según los demandantes, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof como ministro de Economía, alteró la base de cálculo del EMAE para que el crecimiento final del PBI de ese año no superara el 3,22% y así no activar la cláusula de liquidación del Cupón PBI.
El Indec calculó para ese año un crecimiento del 2,9%, pero modificando el cálculo base, una acción que para Aurelius fue “adrede” para perjudicar a los tenedores de este bono, en lo que representa “mal desempeño de sus funciones”. Axel Kicillof era el ministro de Economía en ese entonces.
Para los fondos que se presentaron en los tribunales de los dos países, si no se hubiera alterado la base de cálculo de 2013, la Argentina habría crecido el 3,5%, con lo que hubiera tenido que pagar el Cupón PBI. Estos argumentos fueron rechazados por Preska, pero tomados como válidos por Phillips. En paralelo, se sabe que Aurelius también apelará su fallo en contra en la Cámara de Nueva York.
Según recuerda el analista Sebastián Maril, “el 21 de febrero de 2014, el entonces ministro de Economía Axel Kicillof anunció que el PBI del año 2013 había crecido 4,9%. Un mes más tarde, el 26 de marzo de 2014, anunció que por una revisión de cuentas (cambio de base de 1993 a 2004), el crecimiento había sido del 2,9%, menor al 3,22% que gatillaba el pago de cupón PIB. Fue un anuncio sumamente ‘desprolijo’, que el mercado tomó como otra manipulación de datos con tal de no pagar a los acreedores”.

Info. C.B – M.O