AGUA CONTAMINADA: DETECTAN UN CENTENAR DE CERTIFICADOS FALSIFICADOS. La maniobra habría comenzado en 2021.

 La causa por el agua contaminada en el complejo educativo  de Mar del Sud  se convirtió en un escándalo de proporciones bíblicas, no solo por las implicancias de la misma,  sino porque además los investigadores detectaron alrededor de un centenar de certificados8 de potabilidad de agua falsficados  correspondientes a otras escuelas del distrito.
Tan grave es la situación que el fiscal Carlos Martínez  además de al proveedor de servicios del Consejo Escolar que era el encargado  de realizar las tareas de limpieza tanques y análisis del agua, imputó a tres funcionarios del organismo educativo.
En este caso las imputaciones cayeron sobre  la presidente del Consejo Escolar  Carolina Palacios,  Adriana Parodi y Fernán Gorostiza, a quien se les achacan los delitos de:  Falsedad ideológica,  Utilización de Documento público adulterado, Defraudación a la administración pública , incumplimiento de los deberes de funcionario público y haber suministrado agua que  no cumplía con las condiciones  de potabilidad necesarias
En dialogo con Periodismoya.com  el fiscal Martínez dijo que: “ayer se hizo la audiencia de imputación de cargos  en virtud de las pruebas que tenemos  que nos permiten contar con un marco probatorio contundente,  más allá que aún faltan algunas pericias por realizar, por caso la de los teléfonos que se secuestraron a los tres funcionarios”.
Martínez dijo además que:  “el caso es de una gravedad inusitada ya que se está hablando de la salud de la población y en especial la de los niños y jóvenes que concurren a ese complejo educativo, entre otros temas”.
El fiscal señaló que : “toda esta situación venía ocurriendo desde el año pasado y lo que tenían en común los niños que presentaban algunos síntomas era que concurrían a la misma escuela, razón por la cual este año los padres tomaron cartas en el asunto”.

Complicidad?

Según la información a la que accedió Periodismoya.com ,  de los chats de Whatsapp analizados por la justicia hasta el momento se desprende que  una consejera sabía del tema ya que el proveedor de servicio  de apellido Bravo le indicó a la funcionaria que no contaba con el certificado de aptitud del agua que se le solicitaba,  pero que podía armar uno con datos de otro establecimiento y cambiar el nombre de la escuela;  a lo cual la respuesta de la funcionaria habría sido “dale mándamelo que acá están rompiendo las pelotas”.  A los pocos minutos el documento habría sido enviado.
A esto se suma que tras las averiguaciones realizadas por personal de la fiscalía  se detectó al menos un centenar de documentos falsificados correspondientes a otras  escuelas pertenecientes al distrito de General Alvarado. La maniobra habría comenzado en el 2021.
Consultado al respecto el fiscal Martínez confirmó dicha información a la vez que agregó que la misma fue corroborada con el laboratorio de la Universidad de Mar del Plata donde no hay registro de dichos análisis.
Esta situación dejaría expuesta al menos cierta displicencia de parte de las autoridades educativas a la hora de llevar adelante los controles correspondientes.
En cuanto las imputaciones realizadas una de las más graves es la vinculada con la provisión de agua que no cumplía con  las condiciones de  potabilidad necesarias.  A esto se suma la defraudación a la administración pública por haber pagado por un servicio que  no prestó.
De comprobarse estos cargos la pena que enfrentarían  los imputados puede llegar hasta los 10 años de prisión. 
Ahora la fiscalía tiene 180 días para continuar con la investigación ampliando así el marco probatorio.
En tanto el juez determinó que los imputados no solo no pueden salir del país, sino que además dispuso  el embargo preventivo de bienes y vehículos y dictó una orden de  restricción por la cual no pueden acercarse a menos de 500 metros del polo educativo ubicado en Mar del Sud.

D.R