Auditoria oficial que concluyó Macri gastó casi 14 millones de euros en aviones que no podían volar
Según la Sindicatura General de la Nación el Ministerio de Defensa contaba con informes preliminares que alertaban sobre el estado de las aeronaves que el Ministerio de Defensa adquirió en mayo de 2019 y nunca pudo utilizar porque “no están operativas”.
Según la Sindicatura General de la Nación el Ministerio de Defensa contaba con informes preliminares que alertaban sobre el estado de las aeronaves que el Ministerio de Defensa adquirió en mayo de 2019 y nunca pudo utilizar porque “no están operativas”
Una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) concluyó que el Gobierno de Mauricio Macri gastó casi 14 millones de euros en aviones para el Ministerio de Defensa que no estaban en condiciones de volar.
El documento de 35 páginas plasmó el análisis de la gestión de compras llevadas a cabo por la cartera de Defensa, en el período 2016-2019, bajo la gestión de Oscar Aguad. En este marco, fueron seleccionados los convenios celebrados con el gobierno de Francia para la adquisición, por parte del Estado Mayor General de la Armada, de cinco (5) aeronaves de combate SEM (Súper Étendard Modernisé) y de cuatro (4) buques patrulleros oceánicos multipropósito OPV (Offshore Patrol Vessel).
En el caso de las aeronaves, el informe de la SIGEN señala que “no se encontraban en condiciones de vuelo y su potencial restante ya era bastante débil”. Incluso, “la Marina Francesa había dejado de utilizarlas”, se indicó.
Según surge del análisis oficial existió el “incumplimiento de plazos para la puesta operativa de los aviones; inexistencia de análisis técnicos y financieros previos que determinen etapas y actividades necesarias para poner a las cinco aeronaves en condiciones de vuelo”. “Dichas falencias traen como consecuencia que las aeronaves no se encuentren en condiciones de prestar servicio, llevando 29 meses (a la fecha del relevamiento: octubre de 2021) sin estar operativas desde el momento de su recepción”. El informe que elaboró la SIGEN fue remitido la Oficina Anticorrupción “para el eventual inicio de acciones”.