AMPLÍAN LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR DE GENERAL ALVARADO. La medida afecta a todos los consejeros.
Lo anunció el intendente Sebastían Ianantuony. Se trata de una “intervención transitoria” para garantizar "el normal funcionamiento de las instituciones educativas”. Hay un centenar de certificados “truchos” que afectarían a varias escuelas del distrito. Ya se había dispuesto una avocación.
En medio de la crisis desatada por el caso del agua contaminada en el polo educativo de Mar del Sud, el intendente Sebastián Ianantuony indicó a través de sus redes sociales que se procederá al intervención del Consejo Escolar.
El comunicado establece que:“ En el día de la fecha conjuntamente con el Director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, hemos dispuesto la intervención administrativa del Consejo Escolar de General Alvarado”.
Además señala que “Esta medida es de carácter transitoria, alcanza a todos los Consejeros escolares por igual, siendo el único objetivo continuar garantizando el normal funcionamiento de las instituciones educativas”.
Por último Ianantuony manifiesta que: “quiero transmitirles a las familias la tranquilidad de que seguimos trabajando con transparencia en los procesos, y además hago un llamamiento a las fuerza políticas a ser prudentes en sus consideraciones sobre las personas que forman parte del Consejo Escolar”.
Así las cosas esta medida se sumaría a la avocación dispuesta por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires quien a principios de mes designó a Emanuel Ocaranza para que se haga cargo de las acciones que se llevan adelante en el Consejo.
Según la resolución que tomó estado público el 8 de septiembre pasado Ocaranza tiene las facultades previstas en la ley 13.688 y “realizará todas las acciones necesarias para lograr la normalización del funcionamiento del órgano, en la temática específicada”. La avocación será por un lapso de 180 días y podrá extenderse por un periodo más de igual duración, es decir , que dicha intervención podría extenderse a lo largo de un año.
En sus considerando la norma que estableció la avocación indica que la misma se toma en el marco de la causa caratulada : “FMP 14168/2025/1 “Bravo Ernesto E y otros s/Uso de Documento adulterado o falso (art. 296 Código Penal) conforme registro del Juzgado de garantías Nº1de Mar del Plata, en trámite ante la unidad Fiscal de Mar del Plata (...).
De esta forma y luego de las graves imputaciones realizadas a tres consejeros escolares, es que tanto la dirección de Cultura y Educación como la intendencia local decidieron intervenir el cuerpo en pleno.
Sucede que la investigación que lleva adelante el fiscal Carlos Martínez determinó que no solo se habría falsificado el análisis de agua correspondiente a la escuela de Mar del Sud, sino que además habría otro centenar de documentos con las mismas características vinculados a escuelas de todo el distrito de General Alvarado, cosa que abre una enorme ventana de posibilidades y acciones judiciales.
Ante esta situación y las posibles irregularidades que el avance de dicha investigación pueda determinar, las autoridades provinciales y municipales habrían decidido la intervención arriba mencionada, afectando con la misma a todos los consejeros y no solo a los tres imputados.
Cabe redodar temabién que en una misiva pública los padres de los chicos que concurren a ese establecimiento pidieron a principios de mes la inmediata intervención de la Jefatura Distrital de General Alvarado como así también del Consejo Escolar General Alvarado y la presencia del intendente Sebastián Ianantuony en el Concejo Deliberante local para dar explicaciones respecto, cuestión que habría sumado más presión al tema.
Finalmente el jefe municipal no compareció ni recibió a los padres debido a que, según se indicó oficialmente, en el tema “ya intervino la justicia, no hay nada pare decir”.
El caso
El análisis privado al que tuvo acceso este medio dio por resultado que el agua contenía la bacteria Escherichia coli, por lo que no era apta para consumo.
Ante el reclamo que los padres realizaron en ese momento las fuentes consultadas señalaron que “desde el Consejo Escolar se indicó que durante el verano ya se había hecho la limpieza de los tanques y que el proveedor que hace ese trabajo tiene a su cargo también realizar los análisis del agua y que estos ya se habían realizado”. “Para certificar esto se indicó que el proveedor había realizado los estudios en el laboratorio de la Universidad de Mar del Plata y que el mismo indicaba que el agua estaba en perfectas condiciones”.
Como era de esperar esta situación sorprendió a propios y extraños debido a que dos análisis dieron resultados tan disímiles.
Por tal motivo al ver el análisis oficial presentado por el Consejo Escolar algunos padres notaron lo que les pareció podían ser algunas irregularidades en la confección del mismo, por lo que decidieron ir a la Universidad de Mar del Plata y entrevistarse con quien firmó dicho análisis.
Grande fue la sorpresa cuando la profesional en cuestión les indicó que "ella no realizó ese análisis porque no estaba trabajando en la fecha en que se hizo el mismo", razón por la cual decide dirigirse a sus autoridades para realizar la denuncia correspondiente ya que el caso es de extrema gravedad.
Tras esto y al momento de querer ampliar la denuncia que ya había radicado la concejal Viviana Farías (Pro) en la delegación Mar del Plata de la Policía Ambiental, se indica que como el presunto delito pasa a ser una cuestión que compete a la justicia federal .
El fiscal Carlos Martínez que lleva adelante la causa en la que se imputó a los tres funcionarios del Consejo Escolar y el contratista están imputados como autores de los delitos de defraudación a la administración pública, uso de documento público falso y suministro de agua contaminada, además del incumplimiento de los deberes de funcionario público en el caso de los tres consejeros.
Además a los funcionarios se les imputa también el delito de falsedad ideológica, por la confección del acta en la que simularon un pedido de explicaciones al contratista, para que se haga cargo de los hechos en los que habrían participado los cuatro. Y en particular, la presidenta del Consejo Escolar está siendo investigada por esta misma figura, por la confección de actas elevadas a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.