POTENCIAR TRABAJO: DETECTAN QUE MÁS DE 9 MIL BENEFICIARIOS ERAN EMPLEADOS PÚBLICOS
El monto que demandaba este pago era de $ 7 mil millones por mes. La investigación estuvo a cargo del fiscal Guillermo Marijuan.
Una investigación reveló que más de 9 mil empleados públicos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires accedían al Potenciar Trabajo, en otra muestra de las irregularidades que presentó el plan social en los últimos años.
En total, fueron contabilizadas 9.413 personas, que fueron registradas a través del informe realizado por el fiscal federal Guillermo Marijuán. En efecto, el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello ya dio de baja a 4.588 de esas personas.
Esta revelación se suma a la investigación global sobre el desmanejo del programa que hace pocos días el Gobierno eliminó para reemplazarlo en dos planes sociales. Las incompatibilidades, señalaron allegados al tema, revelan un “claro ejemplo de la utilización política que se hacía del programa”.
La causa, titulada como “defraudación contra la Administración Pública”, señaló que el desfalco al Estado Nacional era de $7.000 millones por mes; es decir, el equivalente a $84.000 millones en un año sin incluir los bonos y aguinaldos que recibieron los beneficiarios.
Esto se suma a la suspensión por tres meses del pago del programa Potenciar Trabajo a 22.501 personas debido a que se registraron viajes al exterior “que no se condicen con el estado de alta vulnerabilidad social y económica”.
La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo del ex intendente de San Miguel, Pablo de la Torre, fue el ente encargado de cancelar el programa para aquellos que no cumplen con los requisitos necesarios. Desde el organismo indicaron tres motivos:
La secretaría a cargo del Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello dio de baja en este contexto más de 22.000 planes en el marco de proceso de revisión que comenzó durante el Gobierno anterior de Alberto Fernández, cuando Victoria Tolosa Paz era la titular del ministerio de Desarrollo Social.
La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS) “formuló denuncia contra los funcionarios responsables del otorgamiento y contralor del Programa Potenciar Trabajo y solicitó la suspensión o baja de planes sociales de beneficiarios que registraban viajes al exterior durante el período de vigencia de su prestación”.
