PIDEN INFORMES POR LOS SHOWS DE “LA MANCHA DE ROLANDO”. Es por contratos cuando Boudou estaba en el gobierno
La Justicia se lo requirió a la SIGEN. Es por millonarios contratos que para el fiscal se pagaban de forma no convencional.
El juez Sergio Torres lleva adelante una investigación para conocer si la banda amiga del ex vicepresidente de la Nación se benefició repetidamente de mecanismos excepcionales para cobrarle al Estado vía contrataciones directas y rendiciones de gastos. Para eso magistrado compara los expedientes con los de otras bandas contratadas por el ministerio de Cultura de Nación.
Los expedientes que se analizan son contrataciones y autorizaciones de pago a grupos musicales firmadas entre 2011 y 2015 para programas y festivales. Todos tienen un denominador común: compartieron escenario en esos eventos con La Mancha de Rolando cuando Amado Boudou era ministro de Economía primero y vicepresidente de la Nación después.
La causa la inició el fiscal Federico Delgado, en base a una serie de investigaciones de #BORDER, donde se detectaron contrataciones totales por más de 6 millones de pesos en favor de la banda amiga de Boudou. Ahora el juez quiere saber si a La Mancha de Rolando le pagaron montos parecidos a los demás artistas o la banda tuvo algún beneficio adicional, además de conocer si los grupos eran convocados con la misma asiduidad de la que gozaba la banda amiga Boudou y si los medios de contratación y pago eran los mismos para todos.
Además, Torres pidió a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que analice 20 expedientes administrativos tramitados con autorizaciones de pagos a La Mancha de Rolando entre 2011 y 2014, para saber a ciencia cierta si lo que se pagó al grupo musical resultó «razonable para la fecha» en que fue abonado y si surgen indicios de direccionamiento a la hora de ser contratados por el Ministerio de Cultura de la Nación.
En la causa están imputados la ex ministra de Cultura Teresa Parodi y el ex secretario del área Jorge Coscia, no los músicos en forma personal, pero si las sociedades que crearon para facturar al Estado.
Quienes llevan adelante la causa miran con cierto recelo la forma de pago basada en el “reconocimiento de gastos”, es decir, la falta de un contrato previo y el pago a posteriori del cachet que pedía la banda argumentando que se trataba de un servicio “imprescindible” y falta de tiempo para seguir los procedimientos para las contrataciones en el Estado.
La denuncia es por “Defraudación por administración fraudulenta” por un monto superior a los $3,5 millones de esa época.
Info: B.P/redacción
