SUSPENDIERON MÁS DE 150 MIL PLANES POTENCIAR TRABAJO

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, anunció hoy  que más de 150.000 beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo no validaron su identidad y serán suspendidos tras vencer el plazo para que quienes cobran este beneficio, autenticaran su información. Quienes no hayan cumplido este requisito tendrán una instancia de reclamo por 60 días, pero percibirán el 50% del beneficio en febrero.
De acuerdo con la auditoría realizada por el Ministerio que conduce Tolosa Paz, surgió que aproximadamente el 89% del padrón de beneficiarios del programa validaron sus datos en el sistema por lo que en febrero  cobrarán el total del plan, mientras que quienes no lo hicieron percibirán la mitad del monto en febrero y, de no regularizar su situación, dejarán de percibirlo en poco tiempo más.
La medida se tomó luego que se conocieran irregularidades en más de 250.000 beneficiarios de planes sociales a través de un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Del relevamiento se desprende que 1.210.571 titulares son personas a las que les corresponde legítimamente percibir el Potenciar Trabajo, no solo porque validaron su identidad, sino por su situación patrimonial, la ausencia de bienes registrables a su nombre y que no realizaron operaciones de moneda extranjera, entre otros datos obtenidos. En este sentido, Tolosa Paz precisó que, de ese total, 1.134.472 realizan como contraprestación actividades productivas o comunitarias; 46.471 están inscriptos en cursos de capacitación y los 29.628 restantes están finalizando sus estudios formales.
La ministra afirmó que un total de “154.441 personas no han realizado la validación de identidad y, por lo tanto, están sujetas a la suspensión del programa, a partir de la liquidación de enero”.
Asimismo, declaró: “Entiendo que haya personas que puedan tener dificultades para lograr la validación, ya sea por desconocimiento de esta obligación que rige por resolución ministerial o por falta de accesibilidad. Queremos dejar abierta la posibilidad de que inicien el reclamo administrativo”, aclaró. Esta instancia tendrá vigencia por un plazo de 60 días. Respecto del impacto fiscal de suspender los planes, se estima que habrá $ 2.500 millones que podrán destinarse a otras actividades productivas y a “fortalecer la capacidad educativa y laboral”, dijo la funcionaria.
La medida viene de la mano también de una encuesta que dio cuenta que más del 70 % de la población consultada cree que existen irregularidades en la administración de los planes y a su vez, en los que muchos entienden es una fuerte apuesta del gobierno de Alberto Fernández quien según su círculo más cercano aspira a la reelección o al menos a colocar a sus candidatos en un lugar expectante.
Además fuentes cercanas al gobierno aseguran que tras el anuncio habrá que esperar la reacción de las entidades sociales y especialmente la de Juan Grabois, quien días atrás parece haber lanzado una suerte de candidatura en una parte del conurbano bonaerense.