REFUERZAN CUSTODIA A LOS JUECES QUE JUZGAN A CFK. Es por amenazas en redes sociales.
Lo pidió Horacio Rosatti, presidente de Corte Suprema de Justicia, tras una serie de amenazas contra los magistrados publicadas en las redes sociales. El fiscal Diego Luciani ya tiene custodia reforzada.
Los jueces del tribunal que juzga a Cristina Kirchner en la causa Vialidad tendrán custodia reforzada por las amenazas contra ellos en las redes sociales. El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, pidió este martes reforzar la seguridad de los jueces del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) tras una serie de amenazas verbales contra los magistrados.
El pedido fue enviado a la Cámara Federal de Casación Penal para que aumente la custodia de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
La seguridad ya había sido reforzada en el caso del fiscal federal Diego Luciani después que Página/12 publicó una fotografía en lo que se lo ve junto Giménez Uriburu en un equipo de fútbol que participa en un torneo amateur en la quinta Los Abrojos, cuyo dueño es Mauricio Macri.
El pedido se hizo luego que por las redes sociales se destacaran mensajes pidiendo la difusión de los domicilios de los jueces y fiscales que llevan adelante en la llamada causa Vialidad que juzga a la actual vicepresidenta. Además de algunas amenazas de distinto calibre.
Uno de los mensajes indicaba que “Hay que difundir los domicilios de estos jueces y fiscales de este pelorron [sic] de fusilamiento, si no se ataca con el mismo calibre no se puede”.
La alusión del “pelotón de fusilamiento la hizo en Twitter, Cristina Kirchner quien afirmó: “Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial…”
Cabe recordar que el lunes el fiscal Luciani pidió una pena de 12 años de prisión para Cristina Kirchner en el juicio por la causa Vialidad. La expresidente es la principal acusada en la causa como jefa de una asociación ilícita. Además está acusada de los delitos de defraudación al Estado en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
