PROPONEN “PROVINCIALIZAR” FATE . Quieren que pase a manos del gobierno de Kicillof

En las últimas horas trascendió una propuesta destinada a  reactivar la planta de la empresa FATE   impulsada  por el  Sindicato único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA)  y varios grupos políticos y gremiales de izquierda.
La iniciativa se basa en "provincializar" Fate. Es decir, pedirle al gobierno bonaerense que encabeza Axel Kicillof que se haga cargo de la compañía, en decir, una suerte de estatización que permita la supervivencia de la firma .
La administración bonaerense ya tomó cartas en el asunto cuando desde el Ministerio de Trabajo provincial también acompañaron la medida nacional y secretaron la conciliación obligatoria. Sin embargo, ese proceso fracasó y ahora la administración provincial analiza la propuesta de los grupos de izquierda y del SUTNA.
Fuentes oficiales consultadas  admitieron conocer la iniciativa pero evitaron dar mayores precisiones con respecto a la viabilidad de pasar Fate a control del Estado provincial, más aún en medio de los problemas económicos que, desde el gobierno, afirman atraviesa la provincia.
Por su parte  voceros del grupo económico dueño de la empresa  declinaron  hacer comentarios  al respecto pero recordaron que vencida la conciliación  "la empresa cierra de manera definitiva".

Crisis

La crisis comenzó el pasado 18 de febrero, cuando el grupo propietario de la productora de neumáticos, con la familia Madanes Quintanilla a la cabeza, sacudieron al sector con una frase lapidaria: "Se liquida todo y se baja la persiana".
Así, a diferencia de conflictos anteriores, esta vez no se anunció una reducción de turnos, sino el cierre definitivo de la planta de la empresa ubicada en la localidad bonaerense de San Fernando.
El argumento empresario es que el avance de las importaciones asiáticas (con precios un 40% menores) y la caída del consumo interno dejaron a Fate trabajando al 25% de su capacidad y sin tener posibilidades de supervivencia.  En este contexto, Fate se ha visto obligada a reestructurar sus esquemas de precios para no perder cuota de mercado, lo que ha erosionado sus márgenes de rentabilidad.
Esto hizo a su vez que  Fate oficializara  920 despidos, aunque gremios y analistas advierten que, sumando proveedores y empleos indirectos, el impacto total supera los 1.500 puestos de trabajo.
Ante la magnitud del conflicto, la Secretaría de Trabajo de la Nación dictó una conciliación obligatoria por 15 días que rige hasta principios de marzo, pero  las audiencias recientes (la última el 23 de febrero)  terminaron  sin acuerdo y las posiciones son irreconciliables.
El sindicato acusa a los dueños de la compañía de un "lockout" y de utilizar el cierre como una herramienta de presión política, justo cuando se debate una nueva reforma laboral en el Congreso.

Otro Vicentin?

La propuesta de “provincializar” Fate  hace recordar a lo que el gobierno del ex presidente Alberto Fernández quiso hacer con Vicentín.
Ese intento de estatización, anunciado en junio de 2020 por el ex Jefe de Estado, terminó siendo uno de los puntos de inflexión más significativos de su gestión.
Lo que comenzó como un ambicioso plan para crear una "empresa testigo" en el mercado de granos, terminó en un retroceso político y legal que dejó profundas huellas en la relación del gobierno con el sector agropecuario.
El 8 de junio del 2020  Alberto Fernández anunció la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para intervenir la empresa y el envío al Congreso de un proyecto de ley de expropiación.
El argumento se orientó a la necesidad de rescatar a la empresa para evitar la extranjerización del comercio de granos y garantizar la "soberanía alimentaria".
La medida provocó un rechazo generalizado y la decisión del juez  comercial de Resistencia, Fabián Lorenzini,  fue un golpe letal para el plan oficial.
Finalmente, el 31 de julio de 2020, Alberto Fernández firmó un nuevo decreto derogando la intervención, admitiendo que el Estado no podía tomar el control si el juez no lo permitía.
Ahora habrá que ver si la administración que lidera el gobernador Kicillof  decide avanzar en una privatización tomando a su cargo el riesgo político que ello implica.

Info: A.S  – redacción