ORDENAN LA INHIBICIÓN DE BIENES DE ALBERTO POR LA CAUSA “SEGUROS”. Qué implica la medida.
La decisión abarca también el congelamiento de plazos fijos y reportes sobre compra de moneda extranjera y levantamiento del secreto bancario y fiscal.
El juez federal Julián Ercolini ordenó la inhibición general de bienes del ex presidente Alberto Fernández y pidió que se levante el secreto fiscal y bancario por el caso conocido como “el escándalo de los seguros”. La misma medida se aplicó para otros ex funcionarios de Nación Seguros y varios empresarios implicados en la causa. En total son 33 personas y empresas entre las que se encuentran el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, del broker Héctor Martínez Sosa, de su esposa María Cantero, la histórica secretaria del ex presidente, del broker Pablo Torres García, y de las empresas Bachellier, San Ignacio, Castello Mercuri, San German, entre otras.
De esta forma el ex presidente Alberto Fernández no podrá disponer libremente de su patrimonio a raíz de la inhibición general de bienes que le dictó en la víspera el juez Julián Ercolini en la causa por los seguros del Banco Nación, pero esa medida no afecta a la jubilación que recibe como ex mandatario porque ese ingreso tiene carácter alimentario.
No obstante, la medida impone un virtual letargo civil para su vida económica, pues dispone “el congelamiento de todas las inversiones y plazos fijos” y datos sobre “si han adherido, aún de forma condicional, alguno de los sinceramientos fiscales y/o al sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional y/o extranjera y demás bienes en el país y en el exterior, incluyendo también a sus familiares”.
El juez le pidió, además, al Banco Central, que le requiera “información a entidades bancarias, financieras, agencias y casas de cambio” respecto de Fernández desde el año 2009.
Esa información abarca “la totalidad de operaciones pasivas tales como números de cuentas corrientes y/o cajas de ahorro en pesos y/o en moneda extranjera, como también los extractos con los movimientos desde su apertura a la fecha”. También “la documentación obrante en las respectivas carpetas de clientes, legajo comercial o legajo legal”, con el fin de “contar con toda la documentación presentada por el cliente al solicitar el producto”. La medida comprende incluso “cuentas que estén cerradas en la actualidad y/o que no hayan registrado movimiento”.
En el caso de detectarse la posesión de cajas de seguridad, “deberá proceder a franjar” e impedir el acceso a ellas.
El juez también quiere conocer la existencia “de algún fondo común de inversión”, así como la “compra venta de moneda extranjera; compra venta de oro amonedado y/o barras de buena entrega; adquisición de tarjetas de crédito y/o débito, con copia de los resúmenes correspondientes, y operaciones pignoraticias (préstamo con bienes como garantía)”. Ercolini le pidió a la Oficina Anticorrupción, con carácter de urgente, las declaraciones juradas anuales integrales (públicas y privadas) del ex presidente y los demás investigados.
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