Nuevo impuesto para Neflix, Amazon y Spotify
El gobierno busca gravar con un impuesto a las plataformas de streaming para igualar condiciones con el cable o los canales de aire.
En busca de más ingresos el gobierno analiza por estas horas crear un nuevo impuesto que afectará a las plataformas de streaming, como Netflix, Amazon o Spotify. Pero, además, las obligará a tener una oficina en el país para responder ante reclamos de los consumidores por fallas en el servicio y, obviamente, tributar ante la AFIP.
La idea es igualar las condiciones de prestación para los servicios de cable como DirecTV y señales de aire, que están gravados en Argentina.
"Las plataformas de streaming están realizando una exportación a la Argentina y no pueden no pagar impuestos en el país", afirman oficialmente.
"Esta medida apunta a la justicia tributaria, ya que DirectTV o Canal 13 pagan impuestos en la Argentina mientras plataformas como Netflix o Amazon no lo hacen. Así, tienen una ventaja económica para la prestación del servicio", explicaron desde Economía, para agregar que además “deberán tener domicilio fiscal y una oficina en Buenos Aires, para que pueda aplicarse la Ley de Defensa del Consumidor".
Sin embargo hay que recordar que la oposición indicó que no votará nuevos impuestos por lo que habrá que ver si mantiene lo dicho, ya que más allá que sea para estas plataformas este termina trasladándose al costo del servicio, aseguran las fuentes consultadas.
La factura de Netflix ya incluye los siguientes impuestos que cobran la AFIP y las provincias:
• Impuesto al valor agregado (IVA): 21%
• Tributo a las transacciones en dólares (PAIS): 8%
• Retención de Ganancias: 45%
• Impuesto sobre los Ingresos Brutos: 2%
Los bancos a través de los cuales se realiza el pago agregan los impuestos al importe a pagar por Netflix, explicitándolos como un cargo separado en el resumen de la cuenta o la tarjeta.
¿Cómo se aplica Ingresos Brutos a plataformas como Netflix?
Varias provincias picaron en punta y cobran su impuesto a la actividad económica a las plataformas de streaming, YouTube y otros "servicios digitales prestados desde el exterior".
El gravamen también lo cobran los bancos en la factura al consumidor, ya que las normas provinciales establecen que "deberán actuar como agentes de retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos quienes realicen pagos por los servicios digitales prestados por sujetos residentes, domiciliados, radicados o constituidos en el exterior". Los servicios digitales pagan un dólar más caro que el dólar tarjeta
Además de Netflix y Spotify, las provincias cobran el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por la prestación de 40 servicios digitales del exterior, entre los que se destacan iTunes, Google Play, YouTube, Tinder, sitios de apuestas online y servicios de publicidad de redes sociales como Facebook y Twitter.
IVA
La reforma tributaria que el Congreso votó a fines de 2017 facultó a la AFIP a cobrar el Impuesto al Valor Agregado a las plataformas de "servicios digitales". Según esa ley, hoy pagan IVA las compras los servicios "prestados por un sujeto residente o domiciliado en el exterior cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el país".
Entre los servicios digitales contemplados que se enumeran en esa ley que aplica IVA, se destaca "el acceso y/o la descarga a imágenes, texto, información, video, música, juegos". Además, la normativa remarca que esto comprende el acceso a películas y otros contenidos audiovisuales a dispositivos conectados a Internet, juegos, música, apuestas o "cualquier contenido digital".
Pero también "la obtención de jingles, tonos de móviles y música, la visualización de noticias en línea, información sobre tráfico y pronósticos meteorológicos, weblogs y estadísticas de sitios web".
Así, los consumidores pagan 21% de IVA y los bancos y emisores de tarjetas de crédito actúan como agentes de retención, de tal modo que perciben el impuesto cuando el consumidor paga el servicio y luego lo giran a la AFIP.
El mismo mecanismo y base de aplicación del impuesto ahora se extendería al tributo específico que el Gobierno intenta cobrarles a las plataformas de streaming y otros servicios por Internet
