FISCALIZAR EL PLAN POTENCIAR TRABAJO LLEVARÁ UN AÑO. Estará finalizada cuando sea el tiempo de las PASO.
También se controlará a municipios, gobernaciones, organizaciones no gubernamentales e iglesias que administren planes.
La tan discutida fiscalización de los planes sociales demandará más de un año de gestión, por lo que recién estará finalizada cuando se lleven a cabo las PASO en todo el país.
Además y tras la presión de los dirigentes sociales, se decidió que no solo se auditen los planes del programa Potenciar Trabajo que los movimientos sociales administran a través de las las Unidades de Gestión (UG), sino que también se controle a los municipios, gobernaciones, organizaciones no gubernamentales e iglesias, de modo tal que la lupa no recaiga solo sobre los denominados “trabajadores de la economía popular”
Para muchos la embestida contra los planes que manejan las organizaciones sociales y su intención de pasarlos a manos de los intendentes , estuvo vinculada directamente con la intención del kirchnerismo de sacarle protagonismo a estas y de paso fortalecer a los intendentes de caras a las elecciones del 2023 donde se estima que el oficialismo nuevamente centrará todos sus esfuerzos.
Algunos dirigentes sociales de base afirman también que “la medida que proponían solo para el programa no era racional, ya que el plan cuenta con auditorías periódicas, si no las hicieron el problema es del gobierno que no supo o no quiso controlar”, cosa que a su vez llama la atención porque el Potenciar Trabajo es un plan que controla Emilio Pérsico quien tiene a su cargo la Secretaría de Economía Social y es líder del Movimiento Evita, de corte albertista, si es que aún queda vestigio de ese incipiente sector que intentó hacer pié el universo del Frente de Todos.
El Programa Potenciar Trabajo tiene casi 1.300.000 beneficiarios que deben realizar 20 horas de tareas semanales en una Unidad de Gestión y ahora el gobierno afirma a través de “Juanchi” Zavaleta que los controles se llevarán a cabo “en los lugares de trabajo”, de los beneficiados, cosa que en algunos casos será difícil de comprobar y que además se controlarán las cooperativas que dependen de los intendentes, de los gobernadores, de modo tal que todos queden bajo el mismo radar.
