CLAVES PARA ENTENDER EN QUÉ CONSISTE EL CONFLICTO UNIVERSITARIO

El viernes 13 de septiembre, con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención, el Senado sancionó en la madrugada la Ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno de Javier Milei ya avisó que vetará, lo que en los últimos días  generó una gran polémica en la comunidad universitaria, que convocó a una marcha multitudinaria para este miércoles.
La ley aprobada prevé un incremento en las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las casas de altos estudios, al tiempo de una actualización en los salarios de los docentes y no docentes.
La misma propone declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el año 2024, con el objetivo de "atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales"
Para los gastos de funcionamiento, la iniciativa propone actualizar las partidas del Presupuesto 2023 que fue prorrogado por el Gobierno de Javier Milei, según la inflación acumulada ese año que fue del  211 % y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año.

Costo

La norma implicaría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
La ley aprobada también modifica el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, estableciendo nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades. Estos criterios incluyen factores como el número de estudiantes, tipos de carreras, cantidad de egresados, áreas de vacancia y actividades de investigación y extensión.
En la ley se encomienda al Poder Ejecutivo Nacional recomponer los salarios docentes y no docentes del Sistema Universitario Nacional, a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC durante dicho período. Desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2024, el Ejecutivo deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación informada por el INDEC.
De acuerdo con los datos publicados por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), al contrastar la pauta salarial de un docente universitario con la inflación publicada por el INDEC, en agosto de 2024 la caída del poder de compra fue del 9,2% respecto de diciembre de 2023. Por ejemplo, un auxiliar de primera con dedicación simple (9 horas semanales) y 10 años de antigüedad, en diciembre de 2023 percibía $132.035,51, y en agosto de 2024 cobró un salario bruto de $232.531,90. Si la comparación se realiza sobre los sueldos de noviembre (antes de la inflación del 25,5% registrada en diciembre), la caída hasta agosto fue del 23,71%. Según lo aprobado la inyección de fondos se deberá distribuir en función del número de estudiantes que ingresan, los alumnos de cada universidad, las carreras ofrecidas, la cantidad de egresados, los hospitales y escuelas secundarias que posean a su cargo y la actividad científica, tecnológica y de extensión que lleven a cabo.

Auditorías

Esta ley de financiamiento universitario prevé la realización de auditorías sobre la ejecución de los fondos universitarios, las que estarán en manos de la Auditoría General de la Nación (AGN).
De acuerdo a lo que explicó el secretario de Educación, Carlos Torrendell hay cierta opacidad en la información que el Gobierno recibe de las universidades públicas y que el Gobierno trabaja para mejorar esa información.

Entre esos datos se pueden destacar:

Del total de alumnos registrados en sistema para 2022 que fueron  1.749.136, sólo el 40,6% era alumno regular

De ese total un 20 % que son unos 710.466 alumnos tenía 1 materia aprobada o menos.

Existen unos 671.372 alumnos que representan el 38,8 % del total de los que no se tiene información si están cursando o no alguna materia.

Los alumnos que aprueban solo dos materias por año mantienen la regularidad.

En los 10 últimos años el promedio de graduados por año llega a los 65.000 alumnos

Entre el 2015 y el 2022 las universidades públicas no presentaron la certificación del 89 % del total de gastos realizados.

Sobre este punto, Torrendell indicó que desde el Gobierno consideran que esta forma de financiar las universidades públicas no está vinculada con datos específicos, por lo que "genera una opacidad que no permite identificar bien cómo estamos invirtiendo los recursos para que haya equidad educativa". 
También habló de la posibilidad de un arancelamiento al expresar que "la mirada está expresada en el capítulo de educación de la Ley Bases, ahí lo que se propone es, respetando la autonomía universitaria, es que las universidades que lo decidan puedan cobrar aranceles a los alumnos extranjeros. Hoy está prohibido, entonces lo que queremos es darle libertad a las universidades para que, si lo consideran apropiado, puedan arancelar".
Torrendell señaló que junto al secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, están llevando adelante un trabajo de "minería de datos" para mejorar la distribución de recursos. "Los fondos se reparten de acuerdo a la cantidad de estudiantes".
Los datos proporcionados por Torrendell generaron un panorama tenso entre el Gobierno y las universidades, que saldrán hoy  a protestar frente al inminente veto presidencial a la ley de financiamiento universitario.
Frente a la posibilidad de una espiralización del conflicto social, el jueves pasado por la tarde el Poder Ejecutivo intentó, sin éxito, llegar a un consenso paritario con los gremios docentes universitarios.
El Gobierno ofreció una equiparación del 6,8% de aumento con los empleados estatales que integran el Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep), pero fue rechazado.
Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estima que se trata de un 0,14% del PBI para un sistema universitario que viene de sufrir una merma en las transferencias del 30% real entre diciembre y agosto.

 Presupuesto 2025

Según consta en el Proyecto de Presupuesto 2025, el Gobierno le asignó $3,8 billones a las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pide $7,2 billones para poder funcionar.
La diferencia entre el presupuesto proyectado por el Gobierno y el diseñado por los rectores es enorme: de unos $3,4 billones.
Desde el Gobierno sostienen que los 3,4 billones de pesos de diferencia son “infinanciables”. La mayor diferencia aparece en el rubro que los rectores llamaron "Incrementos de recomposición salarial diciembre 2023". Allí, el CIN fijó una asignación de partidas de 1,7 billones de pesos. Ese rubro no aparece así nombrado en la proyección oficial.
En los ítems "Educación y Cultura" y "Salud", los números son similares, al menos en el detalle. Sin embargo, al agregarle los incrementos de inflación y recomposición salarial, mientras que el presupuesto oficial llega a un subtotal de $3,7 billones (la parte central del presupuesto), a las autoridades del CIN les da $5,8 billones.

Info: I.P - redacción