NI LA MERLUZA SE SALVA DEL “CURRO”: INVESTIGAN PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN SECTOR PESQUERO.

La merluza negra, tiene  en el mar austral la misma importancia que el petróleo o el gas en el sur del país. Su captura es sumamente relevante tanto para las cuentas fiscales de las provincias que componen el Consejo Federal Pesquero (CFP) como para las empresas pesqueras  que logran cupos de captura . Allí habría comenzado el problema.
Además como el volumen de dicho pez es mínimo la cuota que le toca al país es mucho menor a la que reciben China o  Estados Unidos, por ejemplo. Además se lo considera como una suerte de “especie exótica” con una demanda similar a la del caviar ruso.
Así  las cosas millones de dólares se ponen en juego en cada “zafra” y son unos pocos funcionarios los que determinan los cupos de pesca en el país, es decir, que quienes integran el consejo antes mencionado tienen la sartén por el mango a la hora de decidir sobre la cantidad permitida no solo de este ejemplar sino de algunos otras que en total representan unos $ 19 mil millones de pesos que ingresan a las arcas provinciales que integran ese organismo junto  a las nacionales también.

Denuncia

Como no podía ser de otra manera la cuestión y el funcionamiento de dicho Consejo quedó bajo la lupa de algunos que se sintieron perjudicados por sus decisiones y quieren saber si existió alguna maniobra poco clara a la hora de otorgar cuotas transferibles  para la captura de la merluza negra.
Los abogados, Fernando Burlando y Juan Tiberio, en nombre de Prodesur S.A., firma que se considera perjudicada por haber quedado fuera del cupo de explotación de ese recurso premium del Atlántico Sur, presentaron la denuncia. Según la presentación, varios integrantes del CFP habrían recibido "sumas en dólares" para inclinar su dictamen y favorecer a un reducido grupo de compañías, conformando un verdadero oligopolio en desmedro de la demandante.
Según trascendió en fuentes tribunalicias, el juez federal Ariel Lijo, ya trabaja en medidas de prueba y en posibles citaciones a funcionarios que integran el Consejo.
La denuncia del posible  “curro de  la merluza”   se apoya  en el régimen de cuotificación de pesca que se basa en un sistema de otorgamiento de cupos que data del año 2009 y fue siempre criticado por discrecionalidades varias. El mismo fue creado mediante la resolución CFP 49/09 y dispone que cada empresa, además de contar con el permiso de pesca, debe tener un cupo de captura por la especie que el CFP disponga. Este cupo es en términos legales una concesión estatal, que habilita a las empresas del rubro a llevar adelante la explotación de la pesca, de la especie autorizada.
La denuncia presentada por el estudio de Burlando, llevó a la unificación de otro expediente  que se tramitaba en los tribunales federales de la ciudad de Mar del Plata. Vinculado con una denuncia del  diputado provincial Gustavo Arnaldo Pulti, presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca de la Legislatura bonaerense, que va en el mismo sentido respecto al accionar del CFP.
A  estas alturas ya se habría enviados oficios a la Prefectura Naval y a la Dirección Nacional de Pesca para acceder al historial de capturas y a los movimientos bancarios de los consejeros investigados. También se analizará si existieron sociedades vinculadas en el exterior que pudieran haber canalizado los supuestos sobornos.