GOBIERNO DARÁ DE BAJA UN TERCIO DE LAS PREPAGAS MEDICAS

El Gobierno reveló que evalúa dar de baja cerca de un tercio de las empresas de medicina prepaga que hay en Argentina. Así lo aseguró Gabriel Oriolo, el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud.
"De las 600 empresas de medicina prepaga, solo 10 están inscriptas por completo... además hay 60 prepagas que no nos consta que estén trabajando y las estamos dando de baja. Adicionalmente, hay un segundo grupo de 70 entidades y otro tercer grupo de unas 80, que también estamos observando", aseguró Oriolo.
Oriolo participó este jueves de un congreso organizado por una cámara que nuclea a unas 400 instituciones de salud. En el panel titulado "Actualidad político-sanitaria. La mirada desde el Estado", dio detalles de algunos proyectos del Gobierno para el sector.
Según trascendió, el listado de 60 instituciones que la Superintendencia ya cerró este mes fue publicado en el Boletín Oficial. Explicaron que son todas empresas que se habían inscripto como prepagas en 2012, pero jamás presentaron ningún papel o tuvieron afiliados, de modo que, pudieron concluir, no están activas.
En tanto, otros dos grupos de unas 70 y 80 empresas, completarían la tanda de casi 200 empresas de medicina prepaga que el Gobierno prevé dar de baja en los próximos meses.
Durante su exposición, Oriolo enfatizó el "desorden" que encontró en la Superintendencia al asumir. Se trataba, destacó, "de una Superintendencia que no cumplía con las funciones para las que había sido creada".
Además, ratificó que, con respecto a las obras sociales nacionales, desde la entidad están controlando sus deudas y haciendo un análisis financiero de cada entidad, para comprender si tienen solvencia para brindar la cobertura que prometen.
En tanto, criticó a las obras sociales que participan de la famosa "triangulación", derivando aportes a las prepagas: "La triangulación no es gratis. Quien triangula, se queda con una parte. Pretendemos que esa triangulación desaparezca porque no genera ningún valor. La diferencia del peaje la paga el beneficiario". Sin embargo, aclaró, "hay resistencias y hay dudas".

En la mira

Durante otro pasaje de su exposición, se enfocó en las obras sociales que tienen menos de 5.000 afiliados y que también están bajo la lupa del Gobierno. "Lamentablemente, va quedar gente e instituciones en el camino", resumió con dureza.
Se trata de 70 entidades, sobre las cerca de 290 que fiscaliza la Superintendencia, que reciben una porción del Fondo Solidario de Redistribución, una suerte de pozo que recauda parte del aporte de los empleados en relación de dependencia. Dicho de otro modo, ese fondo, que está quebrado hace años, envía en forma automática una porción del dinero que junta a estas obras sociales con pocos afiliados.
"Estamos buscando racionalizar la forma en que se distribuyen los recursos. Si uno analiza la inversión de salud en los tres subsistemas, Argentina destina cerca del 10% del PBI. Comparando con otro países, somos los que más invertimos en salud. Sin embargo, tenemos a financiadores, beneficiarios y al resto de los actores descontentos", dijo Oriolo.
Por otra parte, el titular de la SSS, recordó que el organismo es quien recibe los reclamos por incumplimiento "si el financiador no cumple como debería". Sin embargo, esto no vino funcionando bien, dijo.
"Cuando empezamos a trabajar, ese proceso tomaba 13 pasos. Cuando hablamos de la burocracia del Estado, es esto: tenía 13 pasos y recién ahí la Súper tomaba una decisión, que consistía en exigirle a la compañía que cumpliera con lo que no cumplía. Podía ser algo relacionado a un valor o una prestación, pero recién ahí accionábamos".
Ahora, dijo, vienen trabajando en reducir esos tiempos y procesos, que habrían quedado en solo "cinco pasos", aseguró, luego de remarcar de varias maneras que "pasaban años" en esas gestiones, y que incluso se encontraron con "expedientes de la prepandemia; de gente reclamando alguna cosa de salud".
Sobre las multas, justamente, sacó pecho y dijo que en lo que va de la actual gestión, las multas se multiplicaron por 25 frente a las aplicadas en los cuatro años previos: dijo que en 2023 "no se había aplicado ninguna", que "en 2022, fueron solo cuatro multas y en 2021 tampoco se aplicó ninguna". Por otro lado, se modificaron los montos: "Eran realmente irrisorios. No es que uno busque aplicar multas para recaudar, pero sí para que las empresas cumplan con lo que corresponde.

Info I.P