PBA: TASA VIAL A LA JUSTICIA. El campo pone en aprietos a municipios en crisis .
Una entidad agropecuaria inició acciones legales tras la falta de respuestas sobre el destino de más de $124 millones mensuales cobrados en concepto de tasa vial. Cuál es la situación en Gral.Alvarado.
Lo que comenzó como una serie de reclamos técnicos y presupuestarios por el alarmante deterioro de los caminos rurales escaló hacia un conflicto institucional de imprevisibles consecuencias. A través de un duro comunicado titulado “Información pública: sin respuestas”, la Sociedad Rural de San Pedro (SRSP) ratificó el inicio de acciones judiciales contra el Ejecutivo local ante el vencimiento sistemático de los plazos administrativos y el silencio de las autoridades frente a los pedidos de acceso a la información.
El conflicto refleja el hartazgo del sector productivo frente a lo que consideran una contraprestación nula por el pago de la tasa de red vial. Desde la entidad ruralista señalaron que la vía legal fue la única opción ante las respuestas "evasivas e irrespetuosas" por parte de los funcionarios municipales hacia los contribuyentes del campo. “No pedimos favores. Exigimos información pública sobre el destino de los recursos destinados a los caminos rurales”, remarcaron con firmeza desde la institución.
$125 millones mensuales bajo la lupa
El eje central de la demanda gira en torno al destino del dinero cobrado a los productores. En concreto, la Sociedad Rural exige que el Municipio presente el desglose detallado y la documentación respaldatoria de los $124,9 millones mensuales que el gobierno local informó haber gastado en insumos como combustibles, repuestos, reparaciones y equipamiento vial.
El petitorio llevado a la Justicia abarca una auditoría exhaustiva sobre los ejercicios 2025 y 2026, estructurada en siete puntos clave:
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Comprobantes y erogaciones: Identificación de proveedores adjudicados, importes facturados y destinos de los $124,9 millones mensuales.
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Registro de obras: Mapa detallado de caminos y tramos intervenidos entre 2025 y 2026, indicando kilómetros trabajados, maquinaria empleada y costos finales.
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Inventario de la flota: Estado de operatividad, marcas, horas trabajadas y períodos fuera de servicio del parque automotor vial.
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Rendición de combustible: Detalle de litros comprados y asignación exacta por máquina y vehículo.
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Costo laboral: Monto destinado a salarios del personal afectado a la red vial y porcentaje de dedicación real a esas tareas.
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Fondos provinciales: Rendición de las transferencias recibidas por la Descentralización Tributaria Rural durante 2025 y 2026.
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Balance integral: Cuadro comparativo entre los fondos ingresados para la red vial, el monto efectivamente ejecutado y la cantidad de kilómetros mantenidos.
¿Efecto contagio?
El caso de San Pedro no parece ser un hecho aislado, sino la punta del témpano de un fenómeno que promete extenderse a numerosos municipios del interior bonaerense. La combinación de tasas municipales al alza, falta de mantenimiento de la infraestructura productiva y opacidad presupuestaria está empujando a entidades rurales de diversos distritos a evaluar medidas administrativas y demandas judiciales similares.
Las señales de alerta se encienden en aquellos distritos donde la parálisis de los servicios responde directamente a una crisis financiera estructural. Un ejemplo crítico es el partido de General Alvarado, donde la comuna atraviesa un virtual estado de de quebranto que compromete las funciones más elementales de la gestión.
Tan es así que la administración de Sebastián Ianantuony (Pj) desde mayo debe pedir un prestamos como honerosos intereses para poder pagar de los salarios de empleados públicos. A esto se suma un deterioro más que preocupante en el sistema de salud dependiente de la comuna.
Ante esta situación no solo lqs callesw de la ciudad sino algunos caminos de zonas semirurales y rurales muestran claras señales de abandono.
En este contexto de asfixia fiscal y descontento social, el precedente sentado por San Pedro actúa como una advertencia para los intendentes bonaerenses: el sector agropecuario ya no estaría dispuesto a financiar rentas generales a cambio de caminos intransitables.
La batalla por la transparencia y la información llegó alos tribunales.