INTERPELACIÓN Y FONDO FIDUCIARIO; LOS NUEVOS PROBLEMAS DE IANANTUONY

La agenda de problemas de la gestión Ianantuony parece no tener fin: mientras las cuentas municipales condicionan servicios esenciales, aparecen dudas sobre el frente costero, mientras la oposición prepara otra ofensiva en el Concejo.

INTERPELACIÓN Y FONDO FIDUCIARIO; LOS NUEVOS PROBLEMAS  DE IANANTUONY
Sebastián Ianantuony, intendente de Gral.Alvarado (imagen generada con I.A)

La administración de Sebastián Ianantuony (PJ) atraviesa uno de esos momentos en los que los problemas dejan de aparecer por separado y comienzan a formar parte una misma película que se repite a diario.
 
El intendente no gana para disgustos y esta semana se sumarían dos nuevos frentes que complicarían aún más su ya de por sí farragosa gestión.

Mirando al Fondo

Uno de los nuevos frentes de discusión gira alrededor de las concesiones de los balnearios. Más precisamente, sobre el fideicomiso vinculado con la reforma del frente costero,  cosa que constituye una pieza importante dentro de la última licitación de las denominadas Unidades Turisticas Fiscales (balnearios) que tuvo lugar hace casi un año y que, entre otras cosas,  contempla tres aportes económicos por parte de los adjudicatarios para financiar dicha reforma.
 
Una de las ediles que investiga desde hace tiempo el tema es Viviana Farías (PRO), quien no solo realizó una serie de gestiones ante el Banco Provincia para conocer el verdadero estado de situación, sino que además continúa solicitando informes al secretario de Economía de la comuna, quien en los últimos tiempos no habría dado respuesta alguna.
 
Además de estas acciones, la concejal del PRO, junto al concejal Sergio Masson y el asesor contable Ricardo Belmonte, mantuvieron el viernes pasado una reunión con integrantes de la Cámara de Concesionarios de las Unidades Turísticas Fiscales, en un conocido apart de la avenida del Mar.
 
Las fuentes consultadas recordaron que en el pliego de concesión figura que la integración del fondo en cuestión estará destinada a la remodelación del frente costero y que los concesionarios adjudicados deben aportar $ 60 millones (Nunca se explicó con claridad qué obras fueron eliminadas para reducir en un 40% el monto original, que ascendía a $100 millones).
 
Esa cifra debía ser depositada en dicho fondo, creado a instancias de la UCR y acompañado inicialmente por el resto de la oposición y posteriormente por el oficialismo, en tres cuotas. La primera debía abonarse a los 15 días de la firma de los contratos, es decir, antes de fines del año pasado; la segunda, en abril del corriente año; y la tercera, en abril de 2027.
 
Según se afirma, hasta el momento no se precisó a ciencia cierta cuál es el objeto concreto del fondo. Es decir, no existiría una “carpeta técnica” que indique con precisión qué obras se van a realizar, algo que, en primera instancia, constituiría una complicación para la utilización del dinero que allí  ingrese.
 
A esto se suma que, según trascendió, el Ejecutivo estaría analizando la puesta en marcha de una modificación de los vencimientos de los aportes, mediante un esquema de prorrateo que evitaría concentrar las obligaciones pendientes junto con el pago del canon correspondiente a las concesiones.
 
Si esa alternativa efectivamente avanza, deberá pasar por el ámbito institucional correspondiente y explicar con claridad por qué se pretende modificar un esquema establecido en los pliegos, pero desde el vamos están quienes sostienen que la administración municipal debería saber que las reglas de una licitación no pueden transformarse en un blanco móvil cada vez que aparecen dificultades para cumplirlas.
 
Para concretar esta idea sería necesario modificar la ordenanza del pliego de licitación que incluye la creación del fondo, con las fechas de depósito ya determinadas. Eso es algo que al menos Farías, no está dispuesta a aceptar. A esto se suma una presentación que posiblemente se lleve a cabo en los próximos días de la mano de un particular, dando cuenta de dicha situación.
 
Además la concejal del PRO no dudó en comunicarse con el principal referente del radicalismo en la localidad, Marcelo Honores, con quien compartió una mirada crítica del tema. Ambos habrían acordado mantener una próxima reunión para aunar posiciones.
 
Farías y Honores no son amigos ni caminan de la mano por la pradera, pero pueden hablar.

Complicaciones legales 

El tema adquiere especial importancia porque las concesiones de los balnearios representan una parte significativa de la actividad turística y económica de Miramar.
 
Cualquier modificación en las condiciones de los contratos, especialmente cuando se produce poco tiempo después de adjudicados, puede generar incertidumbre entre quienes invirtieron, quienes participaron del proceso y quienes eventualmente quedaron fuera de la licitación.
 
Por eso, el Ejecutivo debería evitar que un problema administrativo termine convirtiéndose en un conflicto mayor.
 
La discusión no pasa solamente por el dinero que deben aportar los concesionarios. También está en juego la previsibilidad de las reglas y la capacidad de las autoridades  municipales para sostener los compromisos que asumió. Dicho en buen romance, la administración Ianantuony no está en condiciones de enfrentar nuevos dimes y diretes políticos y mucho menos económicos.

Explicaciones 

El segundo dolor de cabeza al que tendrá que hacer frente el intendente es un posible pedido de interpelación en el que los concejales de la oposición vienen trabajando desde hace algunas semanas.
 
En este caso —tal como adelantó PeriodismoYa.com—, a los consabidos temas de inseguridad y situación financiera que afectan a la comuna se sumaría ahora el recorte en el área de salud.
 
La cuestión todavía se encuentra en etapa preliminar y habrá que esperar para saber si finalmente aparecen los votos necesarios para avanzar por ese camino, más allá de que el “poroteo” realizado por los impulsores de la iniciativa sería, por ahora, es positivo.
 
Así las cosas, el escenario político presenta una característica que el Ejecutivo difícilmente pueda ignorar: cada nuevo problema se suma al anterior, en lugar de reemplazarlo.
 
Atrás quedó aquella idea que reza: “Identificamos los problemas de a uno, lo solucionamos y pasamos al siguiente”.
 
Hoy, al menos desde la mirada de la oposición, no se avizora una solución definitiva para ninguno.
 
La inseguridad reclama respuestas. Las cuentas municipales exigen explicaciones. Los proveedores aguardan soluciones. El hospital comienza a sentir las restricciones y ahora los concesionarios necesitan certezas sobre las obligaciones vinculadas al frente costero.
 
Demasiados frentes abiertos para una administración que, lejos de conseguir cerrar capítulos, parece estar obligada a incorporar nuevos problemas a una agenda que ya venía cargada.

D.R