EL GOBIERNO DEFINE LA SUERTE DE MILES DE EMPLEADOS PÚBLICOS. Afirman que se darían de baja cerca de 70 mil en todo el país.

El Estado en todos sus niveles, nacional, provincial y municipal, es el mayor “empleador en negro del país”. Una realidad inapelable si se apela a las leyes laborales vigentes , lo que conlleva la paradoja de convertir al Estado en el primer evasor de la Nación cada vez que contrata trabajadores y los coloca en una especie de planta transitoria obligándolos a facturar, mes tras mes, con contratos que se renuevan anualmente.
La mayoría de los abogados laboralistas, coinciden en qué hay cerca de 600.000 trabajadores en esa condición y en la Nación, la administración de Javier Milei, deberá decidir si continúa renovando los contratos, los incorpora a planta permanente o no renueva la relación laboral  de más de 200.000 trabajadores.
La fecha límite es el 31 de marzo y en ámbitos gubernamentales y gremiales se habla de una poda cercana a los 65.000 a 70.000 contratos. Casi un tercio de los que "se está analizando caso por caso para saber quién trabajaba de manera cabal y quien es un ñoqui" según aseguraron funcionarios de la secretaría de transformación pública y la función pública.
Ahora bien, la transformación del Estado Nacional, promovida entre los militantes de la Libertad Avanza con la imagen de una motosierra que el presidente Javier Milei solía blandir por sobre su cabeza en la campaña presidencial reciente, parece tener como blanco mayor la poda de los contratados y, no tanto, de los empleados que revisten bajo la formalidad de planta permanente, debidamente registrados.
Para clarificar la gran cantidad de dependencias públicas que tienen personal a cargo hay que dividir el empleo público nacional que se reparte entre, entidades descentralizadas en un 43,3%; las empresas y sociedades del Estado con un 32,9% de la dotación de personal; la administración centralizada con un 15,3% de empleados; la administración desconcentrada posee 6,9% de puestos laborales y 4,6% para otros entes públicos.
Cuando se habla de administración central se está refiriendo a aquellos organismos que integran el Poder Ejecutivo Nacional, como los ministerios designados por el presidente. De cada ministerio dependen secretarías y subsecretarías de Estado.
Mientras que la administración descentralizada comprende a los organismos autárquicos, con personería jurídica y presupuesto financiero propio como la ANSES, y que a veces pueden ser autónomos, algunos organismos oficiales eligen a sus autoridades, como sucede con la Auditoría General de la Nación (AGN).

Despidos

Lo cierto es que recientemente el presidente, Javier Milei, durante la inauguración del ciclo lectivo en el colegio Cardenal Copello de Villa Devoto, aseguró que despidió a 50.000 empleados públicos desde que asumió el 10 de diciembre pasado.  La realidad enseña una cifra menor a la de los 50.000 despedidos, pero podría superarse pronto si no se renuevan los contratos de casi 70.000 trabajadores a finales de marzo.
En principio, la administración de Javier Milei, desvinculó personal de la Autoridad General de Puertos S.E. una empresa que iba a ser privatizada en un primer momento pero que fue retirada de las 13 que irán a venderse al sector privado, del ENACOM y de AySA y decidió cerrar Télam.

Casos diferentes

Si se observa la situación en los organismos descentralizados, empresas estatales y entes como Telam se puede cuantificar que en diciembre de 2023 había 793 empleados entre periodistas, reporteros gráficos, administrativos y en la actualidad alcanza una nómina de personal de 781 personas repartidas en distintas corresponsalías en todo el país.  Todos sus trabajadores fueron dispensados de concurrir a trabajar y se están ofreciendo retiros voluntarios que estarán disponibles hasta el 10 de abril.
Otro de los organismos más sensibles por las protestas sociales que suceden en rechazo a su achicamiento es el CONICET. En la oficina científica se registraron 282 cesanteados en un mes y su planta de personal se redujo de 27.760 a 27.509 personas. Sólo el 1% del total según datos del INDEC.
Las Fuerzas Armadas mostraron una reducción de su personal con particular sangría en el caso del Ejército donde se dio de baja a 802 uniformados.
La provincia de Córdoba puede ser un ejemplo de lo que sucederá con la no renovación de contratos en organismos descentralizados de índole nacional. Hay cerca de 10.000 trabajadores distribuidos en empresas del estado como Fadea, Fabricaciones Militares, CONAE y Dioxitek, además de las delegaciones de organismos como el PAMI, ANSES, SENASA o RENAPER.
El 30% de los estatales nacionales que se desempeñan en Córdoba son contratados. Algunos lo están desde hace dos décadas y hay mucha preocupación por los últimos cruces verbales y políticos entre el gobernador Martín Llaryora y el presidente Javier Milei.
Radio Nacional está presente en todo el país y su nuevo director, Héctor Cavallero, aseguró públicamente que hubo 100 desvinculaciones que se debieron a bajas de "...contratos que mayormente son directores nombrados por gobiernos anteriores y monotributistas en medio de emisoras superpobladas". Radio Nacional, Telam y la TV Pública son parte de Radio Televisión Argentina (RTA).
El presidente  Milei suele recordarles a sus ministros en las reuniones de gabinete que quiere más recortes en la función pública y su mejor discípula en ese mandato parece ser Pettovello. Achicó cerca de un 10% del personal de su ministerio que posee una gran cantidad de dependencias con dotaciones de empleados en lo que era el ministerio de desarrollo social además de sumar las oficinas de los ex ministerios de Trabajo, Educación, Cultura, Mujer y la ex Secretaría nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia. Así pasó de una dotación de 19.552 a  17.638 trabajadores.
El resto de los ministerios aplican "motosierra", pero a ritmo lento.
 En el ministerio de Justicia, que conduce Mariano Cuneo Libarona, la auditoría realizada halló hechos increíbles .  Allí Cuneo Libarona asumió con 1490 trabajadores a cargo y ahora hay 1409, por lo que despidió a 81 personas.
Menos personal redujo Luis Petri en el ministerio de Defensa. En diciembre, el INDEC registró 1155 trabajadores y en enero había 63 empleos menos. En el caso del absorbido ministerio de Infraestructura que quedó bajo la órbita del ministerio de economía de Luis Caputo, se libraron telegramas de despido para 366 empleados. Pasó de 3.288 empleados en diciembre a 2.922 en enero, una baja del 11%.

En tanto, el ministerio de Economía  contaba con 8.623 empleados en diciembre y, al mes siguiente, enero de 2024, registró 8.030, o sea que hubo 593 empleados dados de baja, un 7% menos de la plantilla laboral.
En la Cancillería de Diana Mondino, la motosierra casi no se notó porque sólo se redujo el 2%, del personal con 61 cesanteados. Tenía 2.953 empleados en diciembre y en enero, 2.902.  En el ministerio de Salud hubo una baja de 177 empleados. El 2% del personal, al pasar de 8.765 trabajadores en esa cartera a 8.588.
Finalmente, en Presidencia de la Nación, hubo un recorte del 10%, ya que, de una planta de 1.840 personas, quedó con 1.564 empleados.
La que parece no estar dispuesta a realizar despidos es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que prácticamente no ha dado de baja a casi nadie.
Según las cifras oficiales difundidas por el INDEC, la motosierra sí se activó en la gestión del Jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Junto a la Jefatura de Gabinete, la administración central pasó de contar con 55.486 empleados en julio de 2023 a 50.973 en enero de 2024.
Hasta aquí los datos preliminares donde se compara la actual plantilla de empleados frente a la que tenían Alberto Fernández y Sergio Massa. Las cifras se revisarán el 31 de marzo próximo, cuando Milei encienda de nuevo la motosierra y, esta vez, se focalice en el trabajo fuera de convenio del Estado nacional de los empleados que facturan.

Info: a.D – I.P – redacción