PBA: LA CÁMPORA IMPULSA LEY PARA FRENAR VENTA DE TIERRAS A EXTRANJEROS

En respuesta directa a la derogación de la Ley de Tierras impulsada por el gobierno de Javier Milei  el kirchnerismo inició una fuerte ofensiva en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. Diputados del bloque de La Cámpora presentaron un proyecto de ley para restablecer en el territorio bonaerense  restricciones a la titularidad de campos por parte de capitales extranjeros, fijando un tope máximo del 15%.
La iniciativa —encabezada por  Facundo Tignanelli— busca reincorporar los principios fundamentales de la Ley Nacional 26.737, sancionada en 2011 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
El objetivo central de la propuesta es frenar la adquisición masiva de inmuebles rurales por parte de firmas o personas jurídicas foráneas. Para ello, el proyecto dispone la creación del Registro Provincial de Tierras Rurales, organismo que exigirá transparentar la identidad del beneficiario final detrás de cada sociedad, fideicomiso o fondo de inversión que intervenga en la compraventa de inmuebles agrícolas.

La letra chica del proyecto contempla un Cupo provincial e municipal con un máximo del 15% del territorio en manos extranjeras, aplicable tanto a escala provincial como a cada uno de los municipios bonaerenses. Un Tope por nacionalidad de modo tal que las personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad no podrán superar el 30% del cupo total asignado a extranjeros y un Límite en zona núcleo que  establece un techo estricto de 1.000 hectáreas por titular dentro de las zonas de mayor aptitud productiva agropecuaria de la provincia.

Fundamentos 

En los fundamentos de la norma, los legisladores de La Cámpora utilizan estadísticas del ex Registro Nacional de Tierras para poner de manifiesto las disparidades territoriales. Si bien el promediado general de extranjerización en la Provincia de Buenos Aires ronda el 2,89% (unas 834.421 hectáreas), en distritos estratégicos situados sobre el margen del río Paraná las cifras resultan s superiores: en Zárate el indicador alcanza el 24,8%, mientras que en Campana trepa al 50,2%.
Asimismo, la norma prohíbe de manera explícita que personas de nacionalidad extranjera sean propietarias o poseedoras de inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura. Desde la bancada impulsora argumentan que permitir la libre comercialización de estos inmuebles atenta contra la soberanía alimentaria y la preservación de los recursos hídricos en una jurisdicción que genera cerca del 39% de las exportaciones del país.

El uso de "testaferros"

El texto legislativo contempla la delimitación de "Zonas de Protección Territorial Estratégica", categoría que abarca desde humedales y cuencas hídricas hasta cinturones hortícolas. Toda transacción en estas áreas requerirá la conformidad previa del Estado provincial, el cual estará facultado para rechazar la operación si determina que atenta contra el arraigo local o fomenta la especulación inmobiliaria.
Para prevenir maniobras de elusión, la iniciativa califica el uso de intermediarios o "testaferros" nacionales - cosa que desde el otros bloques legislativos afirman que el kirchnerismo conocen de sobreman era - como simulación ilícita. Dichas operaciones serán sancionadas con la nulidad absoluta e insanable, impidiendo a los inversores exigir compensaciones u indemnizaciones al Estado provincial.

Tensión

Más allá de las premisas de defensa del trabajo local y la soberanía de los recursos, la eventual tramitación del proyecto en la Cámara de Diputados bonaerense genera tensión en el sector inmobiliario rural y en las bancadas liberales y aliadas al Gobierno nacional. Dichos sectores consideran que estas restricciones configuran una barrera reglamentaria que desincentiva la llegada de inversiones al sector agropecuario bonaerense.
Frente a estas críticas, el bloque oficialista sostiene que la Provincia conserva el dominio originario sobre sus recursos naturales, tal como lo consagra la Constitución bonaerense.

Info: A.C