MIRAMAR: PROPONEN PLAN PARA COMBATIR LA VENTA DE OBJETOS ROBADOS

 Con el argumento de que la lucha contra la inseguridad no debe limitarse únicamente a detener a quienes cometen robos, sino también a impedir que los objetos sustraídos encuentren rápidamente compradores, la concejal Viviana Farías (Pro)  elaboró un proyecto de ordenanza que propone crear el Programa Municipal de Prevención y Control del Mercado de Bienes de Procedencia Ilícita.
 La iniciativa a la que tuvo acceso Periodismoya,com  apunta a atacar uno de los eslabones que, según sostiene, alimentan los delitos contra la propiedad: la existencia de un circuito comercial donde los objetos robados pueden ser vendidos con facilidad. La propuesta de la edil de la oposición parte de un diagnóstico concreto sobre la realidad por la que hoy atraviesa el distrito. En sus fundamentos señala la creciente preocupación de los vecinos por el aumento de robos de bicicletas, motocicletas, herramientas, teléfonos celulares, electrodomésticos, cables, metales y otros bienes, y sostiene que la respuesta del Estado no puede limitarse únicamente a perseguir a quienes cometen los delitos, sino también a desarticular los mecanismos que permiten que esos elementos vuelvan rápidamente al mercado. "La inseguridad requiere respuestas concretas y coordinadas", plantea el proyecto, que remarca que el municipio dispone de herramientas de habilitación, fiscalización y control sobre la actividad comercial que pueden utilizarse para dificultar la circulación de bienes de origen ilícito sin invadir las competencias de la Policía o de la Justicia.

Registro obligatorio

 Uno de los puntos centrales de la iniciativa impulsada por Farías es la creación de un Registro Municipal de Comerciantes y Operadores de Bienes Usados, en el que deberán inscribirse de manera obligatoria todas las personas o empresas que desarrollen actividades habituales de compra, venta, consignación, reparación, acopio o intermediación de bienes usados. El proyecto alcanza a casas de compra y venta de artículos usados, chatarrerías, compradores de metales, desarmaderos, comercios de autopartes, talleres y también a quienes comercialicen este tipo de productos mediante plataformas digitales o redes sociales cuando la actividad quede comprendida dentro de la competencia municipal.

Sistema digital  

El proyecto propone además la implementación de un Sistema Digital Municipal de Registro y Trazabilidad, mediante el cual cada operación deberá quedar documentada con datos precisos del vendedor, descripción del artículo, fotografías, números identificatorios, precio y medio de pago. La intención es que cada objeto pueda seguir un recorrido claramente identificable desde quien lo vende hasta el comerciante que lo adquiere, facilitando la detección de bienes denunciados como robados y permitiendo su recuperación. En los casos en que el sistema detecte coincidencias con bienes denunciados como sustraídos, el operador deberá abstenerse de comercializarlos y comunicar inmediatamente la situación a la Policía o a la Justicia. La iniciativa también contempla un régimen de inspecciones periódicas y operativos sorpresa sobre los establecimientos alcanzados. Los inspectores podrán verificar documentación, registros de operaciones, existencia de mercadería, números de serie, procedencia de los bienes y el cumplimiento de las condiciones de habilitación comercial. La negativa a colaborar o el ocultamiento de información serán considerados agravantes. Además, incorpora controles específicos sobre la comercialización de cobre, aluminio, bronce, cables, chatarra y otros materiales frecuentemente vinculados al robo de infraestructura pública y servicios esenciales.

Sanciones
 
El proyecto establece un régimen de sanciones que incluye multas, decomisos cuando corresponda legalmente, clausuras temporarias o definitivas e inhabilitaciones comerciales. Asimismo, dispone que en los casos de mayor gravedad o reincidencia se apliquen las multas más elevadas previstas por la legislación vigente, especialmente cuando existan maniobras destinadas a ocultar la identidad de los vendedores, adulterar registros o comercializar bienes denunciados como robados.
Fondo
Otro de los aspectos destacados del proyecto impulsado por la edil del PRO es la creación de un Fondo Municipal para el Mantenimiento y Reparación de Móviles Policiales. La propuesta señala que el porcentaje máximo permitido por la normativa de lo recaudado en concepto de multas sea destinado exclusivamente al mantenimiento de patrulleros, compra de neumáticos, combustible, repuestos y demás elementos necesarios para mantener operativos los vehículos policiales. Además, el Ejecutivo deberá publicar informes trimestrales con el detalle de las inspecciones realizadas, sanciones aplicadas, recursos recaudados y destino de esos fondos.
Plazos obligatorios
Con el objetivo de evitar que la iniciativa quede solamente en una declaración de principios, Farías incorporó un cronograma de implementación con plazos específicos. El departamento Ejecutivo deberá presentar en un plazo de diez días un cronograma público de aplicación; reglamentar la ordenanza e iniciar los controles dentro de los treinta días; y garantizar que el sistema funcione plenamente en un máximo de sesenta días desde su promulgación.
Prevensión
En los fundamentos, la concejal sostiene que mientras exista un mercado dispuesto a comprar objetos robados, el delito seguirá teniendo un incentivo económico. Por eso, afirma que el objetivo de la ordenanza no es reemplazar la tarea de investigación de la Policía o del Ministerio Público Fiscal, sino utilizar las herramientas administrativas del Municipio para dificultar la comercialización de bienes de procedencia ilícita y aportar información útil para las investigaciones judiciales. La iniciativa de Farías resume esa filosofía en una frase que sintetiza su espíritu: "No alcanza con perseguir al que roba. También hay que cerrar el mercado donde puede vender lo robado".
 
D.R