KICLLOF CARGÓ CONTRA LAS FINTECH POR ENDEUDAMIENTO FAMILIAR

La administración bonaerense puso la lupa sobre la creciente presión financiera que sufren las familias debido a las deudas con plataformas de pago y crédito digital. El gobernador Axel Kicillof y su ministro de Producción, Augusto Costa, apuntaron directamente contra las empresas del sector fintech por presuntas irregularidades comerciales y cuestionaron la inacción del Ejecutivo nacional para regular estas operaciones.
 La combinación de pérdida de poder adquisitivo, subas tarifarias y el encarecimiento de los servicios esenciales ha llevado a que numerosos usuarios recurran al crédito inmediato que ofrecen los dispositivos móviles como recurso de última instancia. Aunque esta alternativa ofrece liquidez de forma simple, los costos financieros posteriores comprometen gravemente los presupuestos familiares.
 
 Endeudamiento

Según las estadísticas oficiales del gobierno provincial, cerca del 60% de la población adulta en el país registra deudas de algún tipo, y alrededor de 6 millones de personas se encuentran en mora con billeteras virtuales.
 Durante la presentación de las medidas, el mandatario provincial sostuvo que este escenario no representa un mero conflicto entre particulares, sino la consecuencia directa del contexto macroeconómico. Argumentó que la caída en los ingresos obligó a los hogares a utilizar financiación para solventar gastos cotidianos como alimentos, medicamentos o alquileres. Asimismo, criticó la falta de intervención de las autoridades nacionales ante esta coyuntura y remarcó que la provincia utilizará las herramientas legales disponibles para proteger a los consumidores. 

Acciones

• Denuncias en curso: La Dirección de Defensa del Consumidor provincial acumuló 2.240 presentaciones durante el primer semestre del año contra prestamistas digitales como Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud.

• Sanciones potenciales: Las empresas deberán presentar sus descargos formales; de comprobarse infracciones a la normativa vigente, se exponen a multas acumulativas de hasta $1.883 millones y la obligaciónimperativa de retrotraer los cobros indebidos.

• Cuestionamiento político: Kicillof rechazó la postura de la Casa Rosada al definir el fenómeno como un problema estrictamente entre privados, vinculando el uso masivo de créditos para comprar alimentos o pagar servicios básicos directamente con la macroeconomía nacional. 

El conflicto pone de manifiesto la discusión sobre el crecimiento de las operaciones financieras digitales al margen del sistema bancario tradicional, las cuales operan con requerimientos distintos a los de las entidades financieras reguladas. Desde la gobernación insisten en que, si bien la potestad de regulación macroeconómica y del sistema de crédito recae sobre la administración central, la provincia continuará interviniendo dentro del margen de sus competencias de fiscalización comercial para prevenir eventuales abusos sobre los usuarios en situación de vulnerabilidad.

Info: M.O – A.C