KICILLOF: UNO DE LOS GOBERNADORES QUE MENOS INVIERTE EN OBRA PÚBLICA
Un relevamiento técnico coloca a la gestión provincial entre las de menor ejecución en infraestructura desde 1983. En medio del reclamo por la coparticipación, proponen por ley un piso obligatorio del 20% para reactivar el sector.
La parálisis del desarrollo edilicio y vial en la provincia de Buenos Aires volvió a quedar bajo el foco tras la difusión de un análisis presupuestario que detalla el retroceso en la asignación de recursos para infraestructura. Durante 2025, el territorio bonaerense destinó un ajustado 6,6% de sus fondos a erogaciones de capital, cifra que se contrajo al 4,4% en los primeros meses del corriente año.
El diagnóstico, elaborado por Marcelo Daletto, director del Banco Provincia por la oposición, ubica a Buenos Aires en el puesto 16 del ranking federal sobre gasto en capital. Frente a un promedio nacional del 9,5%, la brecha se amplía al comparar con distritos como Santiago del Estero —que volcó el 28,8% de sus ingresos a infraestructura— o la Ciudad de Buenos Aires, con un 19%.
Al repasar el historial desde el retorno democrático, el relevamiento marca matices claros:
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Alejandro Armendáriz encabeza el registro histórico con un 14,4% promedio de inversión.
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Eduardo Duhalde alcanzó un techo del 17,6% en 1997 impulsado por el Fondo del Conurbano.
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Las gestiones de Carlos Ruckauf, Felipe Solá y Daniel Scioli recortaron los pisos de inversión a márgenes de entre 4,9% y 6,7%.
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María Eugenia Vidal promedió un 7,5% (con pico de 9,4% en 2017).
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La administración de Axel Kicillof registra una tendencia decreciente: pasó del 6,9% en su primer período a un 6,3% en el mandato en curso.
Si bien el estudio ratifica el desfasaje de la coparticipación federal —donde la provincia genera cerca del 40% de la recaudación tributaria e ingresa solo el 21,2%—, el informe señala la necesidad de revisar la estructura interna del presupuesto para evitar que los recursos se diluyan exclusivamente en gastos operativos.
Como alternativa de salida, se impulsa un proyecto para reformar la Ley de Administración Financiera provincial. La iniciativa busca fijar una meta progresiva que parta de un 10% en 2027 hasta consolidar un piso legal del 20% en 2030, condicionado a la voluntad política de la Legislatura para blindar los fondos destinados a rutas, escuelas y centros de salud.
Info: J.C – redacción
