IOMA: EMPLEO MUNICIPAL PRECARIO LE CUESTA MÁS DE $ 90 MIL MILLONES

La precarización del empleo municipal no solo implica pérdida de estabilidad y derechos laborales. También tiene consecuencias económicas sobre el financiamiento de la salud y la seguridad social bonaerenses: según un relevamiento del sector, la falta de aportes de trabajadores y empleadores podría representar un agujero superior a los $90.000 millones anuales para el sistema.
 Según sea firma en la provincia alrededor de 300.000 personas trabajan en los municipios y, de acuerdo con las cifras difundidas, apenas el 60% cuenta con estabilidad laboral. El 40% restante —unos 120.000 trabajadores— se encuentra bajo modalidades de contratación precarias, entre ellas el monotributo y las cooperativas.
 El problema, sostienen desde el sector municipal, excede las condiciones de contratación. Al quedar fuera del esquema habitual de aportes, estos trabajadores y sus empleadores dejan de contribuir regularmente al financiamiento de organismos como el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y el Instituto de Previsión Social (IPS).

Los números 

El cálculo difundido toma como referencia un salario mensual promedio de $700.000 y una alícuota de aportes del 4,8% a cargo del trabajador y otro 4,8% correspondiente al empleador.
 Traducido a números, cada trabajador representa $33.600 mensuales de aportes personales y otros $33.600 patronales. La diferencia suma $67.200 por mes por empleado, es decir, $806.400 anuales.
 Si se toma como referencia a 120.000 trabajadores bajo modalidades precarias —el 40% de los 300.000 municipales mencionados—, la pérdida potencial asciende a $8.064 millones mensuales y $96.768 millones al año.
 Se trata de una estimación basada en el salario promedio y las alícuotas señaladas, no de una cifra oficial de recaudación perdida auditada. Aún con esta salvedad, la magnitud permite tener una dimensión del impacto de la informalidad laboral municipal sobre las cuentas de la seguridad social.

Ley pendiente

El reclamo de los municipales apunta también a la falta de convocatoria del Consejo de Empleo Municipal, un ámbito institucional previsto por la Ley 14.656, sancionada en 2014, para discutir las condiciones laborales del sector.
 La norma contempla un espacio tripartito y vinculante en el que deberían abordarse cuestiones como los pases a planta permanente y los límites a la utilización de modalidades de contratación precarias.
 Según el sector gremial, la conformación del Consejo fue postergada en distintas oportunidades. El gobernador Axel Kicillof se habría comprometido públicamente a ponerlo en funcionamiento, pero la convocatoria fue suspendida por el Ministerio de Trabajo bonaerense, encabezado por Walter Correa. Ahora, la expectativa oficial sería retomarla en marzo de 2027.
 Quienes conocen de cerca el tema afirman que parte de la demora responde a diferencias entre organizaciones sindicales por la integración del organismo y los requisitos de representación. Como alternativa, propusieron que los gremios que no alcancen el piso exigido participen como oyentes, una salida que hasta el momento no habría permitido destrabar la discusión.

Bajo presión 

El debate sobre los aportes llega en un momento especialmente delicado para los afiliados del IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires que brinda cobertura a trabajadores estatales, docentes, policías, jubilados y sus grupos familiares.
 El organismo tiene asignado para 2026 un presupuesto de aproximadamente $2,42 billones y alcanza a unos 2,5 millones de afiliados, según cifras públicas. Sin embargo, y a pesar de semejante presupuesto, los reclamos se multiplican a diario debido a dificultades para conseguir especialistas, demoras en autorizaciones, medicamentos y tratamientos, además de conflictos con prestadores por pagos atrasados.
 A las dificultades cotidianas que enfrentan los afiliados se suman las controversias por las deudas con establecimientos sanitarios. En junio, el Hospital Garrahan reclamó obligaciones por más de $8.278 millones correspondientes a prestaciones brindadas a afiliados del IOMA. La Provincia sostuvo, por su parte, que había cancelado los montos reconocidos por la obra social y propuso una auditoría conjunta para resolver las diferencias.
 Así, el panorama combina dos problemas que se retroalimentan: por un lado, la pérdida potencial de recursos derivada de las contrataciones precarias; por el otro, las dificultades que denuncian afiliados y prestadores para sostener una atención médica regular.
 La regularización del empleo municipal no resolvería por sí sola todos los problemas financieros y asistenciales del IOMA, pero sí permitiría discutir cómo ampliar y fortalecer la base de aportes. En un sistema que depende de recursos suficientes para financiar consultas, medicamentos, estudios y tratamientos, la discusión laboral también termina siendo una discusión sobre la capacidad de garantizar el derecho a la salud.

Giles y Kicillof 

El deterioro de las prestaciones del IOMA también abrió un frente de conflicto en la Legislatura bonaerense, donde distintos bloques de la oposición vienen reclamando explicaciones al presidente del organismo, Homero Giles, y cuestionan la respuesta del gobierno provincial frente a los problemas que denuncian los afiliados.
 En mayo, diputados opositores impulsaron un pedido para que Giles compareciera ante la Cámara baja y explicara la situación institucional, financiera, administrativa y prestacional de la obra social. Entre los motivos enumeraron demoras en las autorizaciones, interrupciones de tratamientos, dificultades para acceder a medicamentos de alto costo y conflictos con profesionales y centros de salud. En junio, los intentos de avanzar con el tratamiento de esas iniciativas no prosperaron por falta de los votos necesarios.
 La controversia no se limita a la conducción del Instituto. También alcanza al gobernador Axel Kicillof, de quien depende políticamente el funcionamiento de la obra social provincial. Mientras la oposición exige explicaciones y reclama cambios, desde la administración bonaerense han defendido la gestión de IOMA y atribuido parte de las dificultades al contexto de desfinanciamiento del sistema sanitario y a las políticas del Gobierno nacional.
Desde la oposición afirma que “más allá de las explicaciones y el relato sobre el origen del problema, es el gobierno de Kicillof es el que debe dar respuestas sobre el funcionamiento de un organismo que presta cobertura a millones de bonaerenses”. “Hoy el afiliado tiene que hacer milagros para  conseguir un turno, sostener un tratamiento o acceder a un medicamento, cosa que parece una una carrera de obstáculos”, agregaron.

Info: N.A - redacción