KICILLOF INSISTE CON AUMENTAR LA LUZ . Se queja de las subas nacionales, pero defiende las propias.

El Gobierno de Axel Kicillof decidió no dar marcha atrás y apeló el fallo judicial que había frenado los últimos aumentos de las tarifas eléctricas en la provincia de Buenos Aires. La presentación fue realizada por la Fiscalía de Estado bonaerense, y ahora será la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata la que deberá intervenir.
 La decisión tiene una particularidad política que difícilmente pase inadvertida. Mientras el gobernador suele cuestionar el impacto de los aumentos de servicios públicos impulsados desde el Gobierno nacional y advierte sobre las dificultades que atraviesan las familias para llegar a fin de mes, su propia administración decidió recurrir a la Justicia para intentar sostener incrementos tarifarios que habían sido suspendidos, acompañando así el reclamo de las empresas.
 No se trata de una diferencia menor. La discusión involucra directamente el costo que pagan los usuarios bonaerenses por la electricidad y coloca nuevamente en escena una pregunta incómoda: ¿qué criterio se utiliza cuando el aumento viene de Nación y cuál cuando la actualización es dispuesta por la propia Provincia?

El aumento frenado

El conflicto comenzó con la Resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, que aprobó el recálculo de los cuadros tarifarios de las distribuidoras eléctricas con vigencia desde el 1° de julio.
 Los incrementos cuestionados se ubicaron entre el 1,5% y el 3,5%. Frente a esa actualización, la Defensoría del Pueblo bonaerense, encabezada por Guido Lorenzino, promovió un amparo judicial.
 La Justicia hizo lugar al planteo y dictó una medida cautelar que suspendió las subas correspondientes a los componentes provinciales de las facturas, ordenó retrotraer los valores al cuadro tarifario anterior y dispuso la devolución de los importes cobrados bajo el esquema cuestionado. Posteriormente, la medida también alcanzó a las cooperativas eléctricas alcanzadas por la jurisdicción provincial y municipal.
 Uno de los puntos centrales de la resolución judicial fue la ausencia de audiencias públicas. El planteo puso en discusión que durante años no se hayan realizado estas instancias de participación de los usuarios antes de aplicar sucesivas actualizaciones tarifarias.

Kicillof apela

Ante ese escenario, la administración bonaerense decidió recurrir. El argumento de la Provincia es que los aumentos cuestionados no constituyen una nueva revisión integral de las tarifas, sino actualizaciones correspondientes a un esquema transitorio que continúa vigente.
 Según la postura oficial, ese régimen excepcional fue establecido para preservar la sustentabilidad del servicio y permite actualizar los valores sin que sea necesario convocar una audiencia pública ante cada modificación tarifaria.

Las empresas distribuidoras también apelaron y buscaron que el recurso tenga efecto suspensivo, de manera de poder volver a aplicar las tarifas cuestionadas mientras se resuelve la cuestión de fondo. El juez concedió las apelaciones, pero rechazó el pedido de suspender la cautelar mientras el expediente llega a la Cámara.
 Por ahora, entonces, el aumento continúa frenado y la discusión judicial se trasladó a Mar del Plata.

La doble vara

Todo hay que decirlo. El dato político aparece en el fuerte contraste entre el discurso y la acción.
 Kicillof  ha cuestionado en reiteradas oportunidades las políticas tarifarias nacionales y el impacto que los incrementos de los servicios públicos tienen sobre los ingresos de los bonaerenses. El argumento oficial suele poner el acento en que los salarios y las jubilaciones no alcanzan para absorber el aumento del costo de vida y que las tarifas pueden convertirse en una carga difícil de soportar para las familias.
 Pero cuando se trata de una actualización tarifaria dispuesta por la propia administración provincial, el razonamiento cambia: el Gobierno bonaerense sostiene que el incremento resulta necesario dentro del esquema de transición y decidió recurrir a la Justicia para intentar recuperarlo. Es raro.
La discusión puede plantearse, entonces, en términos bastante sencillos: si una tarifa resulta demasiado elevada para el bolsillo cuando la aumenta Nación, ¿por qué debería dejar de serlo cuando la actualización la dispone la Provincia?
No es un detalle menor en un contexto en el que, justo es decirlo, el costo de los servicios públicos ocupa una porción cada vez más visible del presupuesto familiar. 

Ahora decide Mar del Plata

El expediente quedó encaminado hacia la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, que deberá analizar los recursos presentados por la Provincia y las distribuidoras.
 Mientras tanto, la cautelar continúa vigente y el cuadro tarifario deberá ajustarse a lo dispuesto judicialmente hasta que exista una nueva resolución.

D.R