YPF: SIN QUERERLO, CON SU ARGUMENTO KICILLOF " AYUDÓ" A MILEI

El ministro Luis "Toto" Caputo dejó en claro la situación contradictoria en la que se encuentra el gobierno tras la victoria judicial por YPF: su celebración política no puede ser confundida con una defensa de las expropiaciones estatales. Y por eso publicó una extensa argumentación en la que intenta explicar lo que Javier Milei no había dejado claro en su cadena televisada.
El mayor temor del ministro es que la oposición kirchnerista tenga éxito en instalar la idea de que, si no fuera por la expropiación, Argentina no gozaría hoy de un autoabastecimiento y superávit comercial en el rubro de la energía.
Ese fue, precisamente, el punto que resaltaron Cristina Kirchner y Axel Kicillof ni bien se conoció la noticia de que el tribunal de apelaciones neoyorquino había sentenciado a favor de Argentina, en el juicio que le había ganado el fondo Burford en primera instancia, y que obligaba al país a pagar u$s18.000 millones.
Kicillof, que era ministro de economía cuando se produjo la estatización, fue el principal impulsor de ese argumento, luego de años de haber sido duramente criticado por Milei. El presidente llegó incluso a proponer que se creara un impuesto llamado "tasa Kicillof", que pagarían los automovilistas cada vez que cargaran nafta. El propósito político de Milei era dejar en claro que las decisiones políticas populistas se pagan en el plano financiero.
Para Caputo, la prioridad es demostrar que ese drástico pasaje de país importador a exportador de energía no fue obra del kirchnerismo. Más bien al contrario, sostiene "la expropiación de YPF atrasó 10 años el desarrollo de Vaca Muerta ya que ahuyentó las inversiones que ahora están llegando masivamente, costándole al país decenas de miles de millones dólares en exportaciones no concretadas".
Y menciona tres hechos fundamentales de la gestión actual: la actualización tarifaria, para "dar la señal de precios correcta para incentivar la inversión"; además la cancelación de la deuda estatal con las empresas del sector. Y, en un punto polémico, Caputo agregó al esquema RIGI, "para garantizar la seguridad jurídica que el gobernador se cansó de desacreditar".
Los críticos del ministro argumentaron que los proyectos del RIGI en Vaca Muerta están recién en fase de ejecución y, por lo tanto, no iniciaron exportaciones que aparezcan registradas en las cuentas de la balanza comercial.
Y es ahí donde entra en discusión otro tema en disputa: de quién es el mérito por la construcción del gasoducto que conecta a Vaca Muerta con la red de abastecimiento en los mayores centros urbanos, y gracias al cual disminuyó drásticamente la necesidad de importar gas licuado de petróleo traído en barcos.

Historia

Así las cosas lo que más llama la atención de los analistas  en el debate es que el principal argumento en favor del gobierno de Milei lo dio, involuntariamente, el gobernador Kicillof. Fue el único que recordó por qué se había llegado a la instancia de estatizar las empresas: la inversión de Repsol prácticamente había desaparecido, porque los españoles se estaban cobrando en cuotas la cesión de 25% de la compañía al grupo Eskenazi.

El acuerdo, impulsado por Néstor Kirchner, se concretó en 2008, ya con Cristina en la Casa Rosada. El método de "nacionalización parcial" fue inédito: los compradores, que no tenían experiencia alguna en el negocio petrolero -y cuyo mérito consistía en ser "expertos en mercados regulados"- ingresaron sin poner dinero. Para la compra obtuvieron un crédito de un grupo de bancos, que se pagaría con los propios dividendos de YPF.
Los expertos señalan que “Básicamente, es como si Repsol hubiese financiado la venta de su 25%, pero el costo terminó siendo una brusca disminución en las inversiones de la compañía”. El propio Kicillof, en su polémica con Caputo, publicó un artículo titulado "¿Por qué recuperamos YPF?", y explica que "bajo la desastrosa gestión privada, la compañía generaba inmensas ganancias pero los argentinos íbamos camino a quedarnos sin gas y sin petróleo".
Lo que no mencionó Kicillof, pero que terminó siendo el detonante de la estatización, es que YPF demandaba una cantidad creciente de divisas. En 2011, el crítico año en que se instauró el cepo cambiario, las importaciones de energía fueron de u$s9.000 millones.
Por cierto que la reestatización no revirtió de inmediato el déficit energético. Recién en 2020, ante el desplome en los precios por causa de la pandemia, se recuperó un leve superávit, pero todo el resto de la gestión de Alberto Fernández registró otra vez números en rojo.
Ese es el argumento del gobierno para sostener que con la reestatización no se solucionó el problema, sino que lo que hacía falta era generar un clima favorable a la inversión.
Los expertos señalan que “Lo que ni Milei ni Caputo dijeron es que la crisis que llevó al déficit energético -y, además, al litigio en reclamo de u$s18.000 millones- fue consecuencia directa de la decisión kirchnerista de haber sumado a un socio argentino, que no puso dinero para entrar en la empresa”.
En cambio, quien sí recordó ese punto fue Kicillof: "Una vez que recuperamos las acciones, un accionista minoritario que había contraído una serie de créditos fue a la quiebra. Ahí apareció un fondo buitre que inició un proceso legal", explica el gobernador.
La polémica sobre el caso judicial de YPF no se limita apenas a la disputa sobre quién tuvo el mérito del fallo favorable. Es, sobre todo, una confrontación de visiones ideológicas, respecto de si el desarrollo de los recursos naturales del país se logra mejor bajo la gestión privada o estatal.
Para Kicillof, toda la saga de YPF lleva a una conclusión clara: "No podemos entregar nuestros recursos en beneficio de otros países". Es un punto central justo cuando está en debate legislativo la explotación minera en la Patagonia a cargo de inversores globales. Y todo indica que Kicillof, parado en rol de pre-candidato presidencial, enfatizará ese argumento: las encuestas siguen mostrando una preferencia de los argentinos por la gestión estatal y, en general, una actitud anti-privatizadora.
Es por eso que Caputo decidió entrar en la pelea, y argumentar que "la mayoría de las exportaciones de petróleo de nuestro país provienen hoy de estas compañías privadas". Todo indica que el debate será largo y excederá la cuestión meramente jurídica.

Info: F.G – I.P – redacción