PIDEN QUE FUNCIONARIOS PAGUEN DE SU BOLSILLO COSTAS DE UNA DEMANDA CONTRA LA COMUNA.

Tras la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata de rechazar el recurso de apelación presentado por la Municipalidad de General Alvarado vinculada a la decisión judicial de cargar las costas a la comuna, la edil Viviana Farías (Pro) -promotora del pedido de acceso a la información  que derivó en  la sentencia-  solicitará al Tribunal de Cuentas de la Provincia que dichos importes sean solventados por los funcionarios implicados en el caso.
En tal sentido la concejal del Pro dijo que “junto con mis abogadas vamos a solicitar al Tribunal de Cuentas de la provincia que dichos cargos sean solventados de su bolsillo por los funcionarios que fueron responsables de esta situación, ya que de pagarlos la comuna, los que en definitiva lo estarían haciendo serían todos los contribuyentes de la localidad, quienes no tienen por qué hacerse cargo de los desaguisados del Ejecutivo”.
Todo comenzó cuando, según indica la resolución judicial, Farías y sus asesoras letradas “promovieron acción de amparo por acceso a la información pública ambiental contra la Municipalidad del Partido de General Alvarado, a fin de que esta última brinde respuesta al pedido de información efectuado mediante solicitud administrativa individualizada con el número de registro E. 258-F-2025, de fecha 10-1-2025”.
Mediante ese pedido la edil del Pro solicitó “copia de los pliegos de bases y condiciones, contratos, inspecciones, sanciones y demás documentación relativa a las concesiones de las Unidades Turísticas Fiscales "Las Brusquitas", "Maui" e "Hijos del Mar"", así como "copia de planos y documentación donde consten las bajadas públicas del sector costero".
El expediente judicial al que tuvo acceso Periodismoya.com indica que “si bien en en sede administrativa la Municipalidad demandada no actuó del modo exigido por la normativa que rigen el acceso a la información pública ambiental (al no brindar una respuesta expresa, fundada y oportuna respecto de la inexistencia de inspecciones y sanciones), tal omisión fue posteriormente subsanada en el presente proceso judicial (...) mediante la cual la Comuna puntualizó que no se habían realizado inspecciones, ni labrado actas, ni aplicado sanciones a los concesionarios de las Unidades Turísticas Fiscales involucradas)”.
De esta forma la justicia determinó en ese momento que “el reconocimiento sobre la inexistencia de la información requerida fue formulado en el contexto de éste proceso, y no de manera oportuna en sede administrativa, lo cual resultaba reprochable y -conforme lo consignó- sería considerado al momento de resolver la imposición de costas (...)  pero devino innecesario el dictado de una condena judicial a ese respecto”.
Más tarde el juez que actuó en su momento determinó que “la obtención de una respuesta al reclamo no implicaba, necesariamente, que la parte actora deba cargar con los gastos del proceso, cuando aquella satisfacción se produjo en el proceso judicial. Debido a atención a esto y a que existieron razones para demandar, la justicia indicó que correspondía imponer las costas a cargo de la comuna, cosa que fue apelada por el municipio y que finalmente los integrantes de la Cámara de Apelaciones decidieron mantener firme, es decir, la comuna debe hacerse cargo de las costas judiciales.