AGUA CONTAMINADA EN LA ESCUELA: "SON TRES BOLUDAS QUE SE CORTARON SOLAS..."

Mientras el Ministerio  Público Fiscal espera los resultados de la apertura de los tres celulares incautados a funcionarios del Consejo Escolar de General Alvarado  imputados junto al proveedor de los servicios de limpieza de tanques en una causa donde se investiga la falsificación de certificados de potabilidad de agua  en más de un centenar de escuelas del distrito, muchos son los interrogantes que  se suman con el correr de los días.
 Los nuevos datos  darían cuenta de lo que para muchos fue un “acto desaprensivo sin parangón”, en lo que a la salud de centenares de niños se refire.
 Sucede que –tal como publicó Periodismoya.com,  el 16 de marzo del corriente año-  ya son 141 certificados de potabilidad de agua bajo la lupa de la justicia, los cuales en algunos casos datan del 2023, lo que podría incluso poner en jaque a más funcionarios del Consejo Escolar.
 Como si esto fuera poco, la fiscalía determinó  que el proveedor imputado no solo incurrió en falsedad documental en el caso de las escuelas sino también en edificios de departamentos particulares, razón por la cual los consorcios ya fueron notificados y pudiéndose presentar como damnificados de este accionar.
 Ahora  se esperan los resultados de la apertura de los celulares antes mencionados y los datos que proporcione el levantamiento del secreto bancario y fiscal del proveedor de servicios, de modo tal de conocer si existió algún movimiento que pudiera resultar fuera de lo común. Dicho en buen romance: lo que los investigadores buscan saber es si existieron transferencias hacia alguno de los implicados en la causa o a un  posible “testaferro”.
 Otra medida que resulta de interés para quienes tiran de la punta del ovillo serán los resultados del pedido de “geolocalización” realizado por la fiscalía lo que permitirá conocer a pie juntillas dónde se  encontraba cada uno de los imputados al momento de utilizar sus dispositivos para llevar adelante diversas comunicaciones  inherentes a la causa.

“Tres boludas...”

A medida que  la causa avanza  van surgiendo nuevos datos que en algunos casos enardecen a  más de uno, a punto tal que las fuentes consultadas por Periodismoya.com señalaron que “lo que llama la atención no es solo el grado de  desaprensión de quienes son investigados ya que se trataba del bienestar de los niños de las escuelas, si es que se comprueba que la falsificación alcanzó a más de un centenar de establecimientos educativos, sino la liviandad con la que se trató el mismo”.
 Tan poca importancia se le habría dado a la cuestión en un primer momento que según afirmaron las fuentes, en la última audiencia celebrada en el Juzgado Federal de Mar del Plata a cargo del juez Santiago Inchausti se dio a conocer que algunos de los imputados  en la causa  habría manifestado en su momento que las Directoras del Polo Educativo de Mar del Sur, “son tres boludas  que se cortaron solas”.
 Quienes siguen de cerca el tema  aseguran que esa afirmación se realizó  "en obvia referencia  a que la comunidad educativa había tomado conocimiento que el agua que se les había suministrado a sus hijos, alumnos de los tres establecimientos, estaba contaminada con Escherichia Coli y Pseudomonas,  hecho que habría ocurrido la tarde del 5 de marzo de 2025". 
 “Lo que pasó fue que las tres directoras suspendieron las clases antes de reunirse con las autoridades educativas”. “Ese fue el motivo por el cual se afirma que las "tres boludas se cortaron solas”, cerró el informante.
 Las mismas fuentes  señalan que “si uno se fija bien en cómo viene la cosa queda totalmente expuesto que la única preocupación oficial en ese momento  era realizar un control interno de daños antes que la salud de los chicos, ya que al haber dado lugar a la suspensión de clases las “tres boludas” -como se las señala a las directoras  y consta en el expediente-, habrían ayudado a dar  mayor grado de importancia al análisis de laboratorio realizado por los padres. Cosa que oficialmente  se pretendía disimular”.
 Como si esto fuera poco la intervención del Consejo Escolar de General Alvarado ya no existe por lo que las tres personas imputadas volvieron a sus cargos, lo que despertó cierta ira y  desconcierto en más de un integrantes de la comunidad educativa y hasta sorpresa en los investigadores, más aún si se tiene en cuenta que la investigación y las ramificaciones del caso conocido como “El agua contaminada en la escuela” siguen aún en curso .

Complicidad?

Según trascendió  de los chats de Whatsapp analizados por la justicia hasta el momento,  se desprende que uno de los funcionarios del  Consejo Escolar involucrado en la causa sabía del tema ya que el proveedor de servicio  de apellido Bravo le habría indicado  que no contaba con el certificado de aptitud del agua que se le solicitaba,  pero que podía armar uno con datos de otro establecimiento y cambiar el nombre de la escuela;  a lo cual la respuesta  habría sido:  “dale mándamelo que acá están rompiendo las pelotas”.  A los pocos minutos el documento habría sido enviado.
 Para los investigadores :  “el caso es de una gravedad inusitada ya que se está hablando de la salud de la población y en especial la de los niños y jóvenes que concurren a ese complejo educativo”.
 Cabe recordar que las imputaciones, recaen además del proveedor de servicios,   sobre  los funcionarios del  Consejo Escolar,  Carolina Palacios,  Adriana Parodi y Fernán Gorostiza, a quien se les achacan los delitos de:  Falsedad ideológica,  Utilización de Documento público adulterado, Defraudación a la administración pública , incumplimiento de los deberes de funcionario público y haber suministrado agua que  no cumplía con las condiciones  de potabilidad necesarias.
 Según los expertos en derecho penal  consultados las pena previstas para estos delitos es  “de seis años, por cada uno de las faltas cometidas y al ser en concurso real se suman, lo que daría una condena de varías décadas si se comprueban los delitos en cuestión, pero difícilmente de ser así  eso ocurra ya que se trata de imputados sin antecedentes penales”.

El caso

Todo comenzó cuando  un grupo de padres preocupados por la salud de sus hijos y  el estado del pozo ciego de la escuela , decidieron contratar un laboratorio particular para que realice un análisis del agua que se utiliza en la escuela, ya que esta proviene de una perforación”.
 Las mismas fuentes indicaron que “el análisis del laboratorio privado -al que tuvo acceso y publicó  Periodismoya.com el año pasado- dio por resultado que el agua contenía la bacteria Escherichia coli, por lo que no era apta para consumo.
 Ante esta situación se decidió hacer un nuevo pozo de captación de agua que estuvo a cargo de la Cooperativa Eléctrica de Mar del Sur, quien tomó a cargo dichas tareas que ya estaban pedidas  al municipio, ya que el fondo educativo lo maneja la comuna  y el Consejo Escolar cuando necesita ese dinero lo solicita, sin embargo aún no se había decidido avanzar en ese tema, afirman las fuentes consultadas.
 Fuentes cercanas al caso indicaron que “de la investigación  surge que ante el reclamo de los padres desde el Consejo Escolar se indicó que durante el verano  de 2025 ya se había hecho la limpieza de los tanques y que el proveedor que hace ese trabajo tiene a su cargo también realizar los análisis del agua  y que estos ya se habían realizado”.
 Tras esto  y como por arte de magia “durante esos días en los que ocurría la controversia  aparece  el resultado del análisis encargado por el proveedor del Consejo Escolar, quien lo habría realizado en  el laboratorio de  la Universidad de Mar del Plata, indicando que el agua estaba en perfectas condiciones”, agregaron.
 Como era de esperar esta situación encendió con mayor intensidad las luces de alerta en la comunidad educativa quienes no podían creer que dos análisis dieran de forma tan diferente motivo por el cual insisten con sus reclamos, sin embargo las fuentes consultadas afirman que ante este nuevo reclamo “las autoridades del Consejo Escolar decidieron  quedarse con los resultados oficiales, es decir, los presentados por su proveedor que provenían de la universidad”.

Sospechas

Al ver el análisis presentado por el proveedor del Consejo Escolar,  algunos padres notaron lo que les pareció podían ser algunas irregularidades en la confección del mismo, por lo que decidieron  ir a la Universidad de Mar del Plata y entrevistarse con quien  firmó dicho análisis.
 Grande fue la sorpresa cuando la profesional en cuestión les indicó que "ella no realizó ese análisis porque no estaba trabajando en la fecha en que se hizo el mismo", razón por la cual la misma decide dirigirse a sus autoridades para realizar la  denuncia correspondiente  ya que el caso es de extrema gravedad.
 Tras esto quien llevaba adelante esas gestiones en la universidad decide concurrir a la Policía Ambiental de la provincia de Buenos Aires, para ampliar la denuncia que ya había radicado la concejal Viviana Farías (Pro) cuando tomó conocimiento del tema y es allí donde le informaron que el delito pasaría  a la justicia federal “, quien por estos días avanza a pie firme en una investigación que cada día suma nuevo condimentos.

D.R