MIRAMAR: QUIEREN SABER QUÉ HIZO IANANTUONY DESDE LA SANCIÓN DE LA EMERGENCIA EN SEGURIDAD
Una ordenanaza sancionada a fines de 2025 faculta al Ejecutivo a readecuar partidas para mejorar las acciones que se llevan a cabo en seguridad. Primero Alvarado presentó un pedido de informes para conocer qué medidas se tomaron al respecto.
Con la intención de conocer las acciones llevadas a cabo desde la sanción de la ordenanza que declaró el estado de Emergencia en Seguridad en todo el distrito —la cual habilitaba al Ejecutivo local a realizar las adecuaciones presupuestarias que considerara necesarias para hacer frente a dicha situación—, el concejal Sergio Massón (Primero Alvarado) presentó un pedido de informes para que, en el término de 10 días hábiles, se dé cuenta de esta situación. En el documento elaborado por el bloque de Primero Alvarado (P.A.), al que tuvo acceso Periodismoya.com, se indica que mediante la ordenanza 408/25 “se declaró la Emergencia en Seguridad y Salud del Municipio de General Alvarado, por el término de un año, prorrogable en caso de persistir las condiciones que la motivan, facultando al Departamento Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias a fin de dar respuestas inmediatas y efectivas a las situaciones que fundamentan esta emergencia”.
Además, el documento señala que, “en contrapartida a dichas facultades excepcionales, el artículo 8.º de la Ordenanza establece expresamente la obligación del Departamento Ejecutivo de remitir a este Cuerpo, dentro del plazo de noventa (90) días, un informe detallado sobre el plan de ejecución de los recursos afectados, las acciones implementadas y el cronograma previsto para su aplicación”.
En este sentido, el bloque de Massón afirma que el plazo previsto por la norma legal municipal ya caducó y que el Ejecutivo no ha enviado informe alguno hasta el momento.
El pedido presentado por P.A. señala que “dicho informe constituye una herramienta fundamental para garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos, y permitir el adecuado ejercicio de las facultades de control que la Ley Orgánica de las Municipalidades confiere al Honorable Concejo Deliberante”. Para el edil de la oposición, “la falta de remisión de la información prevista impide evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos que motivaron la declaración de emergencia, así como verificar el destino y la ejecución de los recursos involucrados”.
De esta forma, en el pedido de informes se solicita al Ejecutivo municipal que detalle «como mínimo»:
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a) Ejecución de los recursos afectados por la Ordenanza N.° 408/25.
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b) Destino específico de los fondos aplicados.
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c) Procesos de compras realizados.
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d) Estado de avance de las acciones previstas.
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e) Cronograma actualizado de ejecución.
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f) Resultados obtenidos hasta la fecha.
Desde la oposición esperan la respuesta oficial a dicho pedido para conocer a ciencia cierta si la norma legal aprobada en su momento sirvió para que el municipio, a cargo del intendente Sebastián Ianantuony, haya producido algún cambio destinado a mejorar, desde su sanción a esta parte, el grave problema de seguridad que se registra en la localidad.