ADIOS A LOS “SELLOS NEGROS”? Cómo será el nuevo etiquetado frontal que propone el gobierno.

Con el objetivo de profundizar la desregulación económica y reducir la carga burocrática sobre la industria, el Gobierno envió al Congreso un proyecto que busca derogar la actual Ley de Etiquetado Frontal (27.642).
 La iniciativa promete un cambio estético profundo en los envases de alimentos y bebidas, devolviendo a las marcas la libertad publicitaria hoy restringida. Pero también apunta a resolver uno de los reclamos más persistentes del sector alimenticio: la unificación de criterios para la exportación y la eliminación de los costos operativos derivados de un sistema que, según el oficialismo, ha saturado al consumidor sin garantizar una mejor elección nutricional.
 La norma plantea una premisa técnica que busca captar la atención de un consumidor que, tras años de convivir con los sellos negros, muestra señales de "fatiga de advertencias".
 Según los fundamentos presentados por los legisladores, la saturación de octógonos —que en 2023 alcanzaba al 85% de los productos del supermercado— ha vaciado de significado la advertencia original.
 "Si todo tiene un sello, el sello deja de cumplir su función informativa", argumentan desde el entorno libertario, donde ya se habla de una necesaria "armonización de criterios" con los estándares del Mercosur, buscando mayor competitividad para las PyMES exportadoras que hoy deben lidiar con etiquetas que, según los impulsores del cambio, son restrictivas y no homologables.
 "La experiencia acumulada desde la entrada en vigencia de la ley mencionada ha permitido identificar diversas limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y también económicas derivadas del esquema implementado, las cuales justifican la revisión integral del referido instrumento normativo", se asegura en el texto enviado al Congreso Nacional.
 Se explica que no existe un mecanismo uniforme a nivel internacional para los sistemas de etiquetado nutricional frontal, sino que coexisten distintos enfoques metodológicos, criterios de perfil de nutrientes, esquemas gráficos y alcances regulatorios. De hecho, muchos de estos esquemas se encuentran en permanente revisión y actualización a partir de nuevos consensos científicos, evaluaciones de impacto regulatorio y modificaciones en las políticas alimentarias y nutricionales.
 Las empresas del sector alimenticio venían criticando la norma impuesta por el anterior gobierno del expresidente Alberto Fernández por entender que evidencia una serie de dificultades relevantes derivadas del modelo de perfil de nutrientes adoptado. Particularmente, en relación con el uso de parámetros generales aplicados de manera homogénea sobre matrices alimentarias sustancialmente diferentes.

Para las autoridades, la normativa actual no contempla aspectos como:

La densidad nutricional

El grado de procesamiento

El rol del alimento dentro del patrón alimentario

Las porciones consumidas

Las particularidades tecnológicas de cada categoría

Por estos días existen muchas consultas entre las grandes compañías del sector y los representantes de las cámaras empresariales,  para unificar un documento de respaldo al proyecto que sería dado a conocer en los próximos días.
 Los ejecutivos coinciden con la mirada oficial sobre que el esquema vigente puede inducir a interpretaciones simplificadas o poco precisas respecto del perfil nutricional integral de determinados alimentos.
 También advierten que la aplicación de la norma genera confusión en los consumidores y termina por no cumplir con los objetivos en materia de información clara, adecuada y útil para la adopción de decisiones alimentarias saludables.

Restricciones publicitarias que se quiere eliminar

Otro aspecto identificado por el proyecto oficial y respaldado por la industria se vincula a la existencia de un sistema obligatorio de información nutricional armonizado en el ámbito del Mercosur que ya exige la declaración obligatoria de valor energético, azúcares, grasas, proteínas, sodio y otros componentes nutricionales relevantes.
 "Dicho esquema, complementado por las normas vigentes en materia de protección del consumidor, lealtad comercial y rotulado alimentario, garantiza el acceso del consumidor a información nutricional objetiva, estandarizada, verificable y suficiente para la evaluación y comparación de productos alimenticios", señala el proyecto en sus considerandos.

Info:  A.S -redacción