PBA: EL NUEVO REGIMEN PENAL JUVENIL DURÓ DOS DÍAS

El nuevo Régimen Penal Juvenil duró dos días en la provincia de Buenos Aires. La ley 27.801, que entró en vigencia el fin de semana, chocó de inmediato con una decisión judicial que ordenó suspender su implementación de manera preventiva por sesenta días en el territorio bonaerense.
 La cautelar la dictó Marta Elba Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, al hacer lugar a un hábeas corpus preventivo de alcance colectivo. La presentación había sido impulsada por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, en favor de los adolescentes que hoy se encuentran privados de su libertad.

Argumento

El fundamento de la resolución no discute el contenido de la norma sino su viabilidad material. La nueva legislación reduce la edad de imputabilidad de los dieciséis a los catorce años, lo que habilita a llevar a juicio a chicos de esa franja por los delitos previstos en el Código Penal. Para la magistrada, ese cambio va a traducirse en un salto significativo en la cantidad de menores detenidos, por dos vías simultáneas: el ingreso de nuevos casos y la permanencia más prolongada de quienes ya están dentro del sistema de encierro.
 Sobre esa proyección, la jueza puso en duda que el Estado provincial cuente hoy con las condiciones edilicias, institucionales y profesionales necesarias para recibir a esa población respetando los estándares que rigen en materia de derechos humanos de la niñez.
 La decisión llega el mismo día en que el Gobierno nacional reglamentó el régimen, y deja planteada una tensión que recién empieza: una norma sancionada por el Congreso queda frenada en el distrito más poblado del país por una resolución de primera instancia. El plazo de sesenta días funciona como una ventana para que la provincia acredite capacidad de infraestructura, aunque la resolución es apelable y el conflicto tiene todo el aspecto de escalar hacia instancias superiores.

Cruces

El Gobierno nacional y la administración de Axel Kicillof protagonizaron un nuevo enfrentamiento por la suspensión judicial del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, cuestionó al gobernador bonaerense, mientras que el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, salió al cruce y reclamó al Ejecutivo nacional por los recursos destinados a la provincia.
 Santilli cuestionó públicamente a Kicillof por su supuesto silencio frente a la decisión judicial. “Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil”, sostuvo el funcionario en su cuenta de X.

En ese sentido, afirmó que en la provincia, si un adolescente de 14 años comete un homicidio durante un robo, “queda impune”, y acusó al gobernador de ponerse “del lado del delincuente, nunca de la víctima”.
 La respuesta llegó rápidamente por parte de Javier Alonso, quien le pidió al jefe de Gabinete que se concentre en sus funciones y reclamó por los fondos que, según sostuvo, el Gobierno nacional le quitó a la provincia.
 “Concéntrese en hacer el trabajo que tiene que hacer y en devolverles a los bonaerenses los recursos que les han quitado”, expresó el ministro de Seguridad bonaerense.
 Alonso también cuestionó que la reducción de la edad de imputabilidad pueda implementarse sin una estructura adecuada. “Bajar la edad de imputabilidad no alcanza”, planteó, y enumeró la necesidad de contar con nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de reclusión, infraestructura y personal.
 “Sin estructura, recursos e inversión, su reforma es apenas una modificación en los papeles. Un eslogan de campaña”, afirmó Alonso.

El PRO

En medio de la disputa, el bloque de diputados del PRO, encabezado por Cristian Ritondo, rechazó el fallo judicial que postergó la aplicación del nuevo régimen en territorio bonaerense.
 A través de un comunicado, los legisladores respaldaron el límite de 14 años para la imputabilidad y cuestionaron tanto la decisión judicial como la falta de infraestructura necesaria para poner en marcha la normativa.
 Desde el PRO sostuvieron que a esa edad un adolescente comprende que delitos como matar, robar a mano armada o integrar una organización criminal están mal.
 La bancada amarilla defendió además el carácter preventivo de la ley y aseguró que la iniciativa busca evitar que los menores sean utilizados por organizaciones criminales.
 “Esta ley no busca perseguir menores. Busca terminar con la impunidad, establecer consecuencias para quien delinque y darle al Estado herramientas para intervenir a tiempo”, señalaron.

 Info: M.O – redacción