GOLPE JUDICIAL A LA DESIDIA MUNICIPAL EN CAMINOS RURALES

Mover granos y sacar hacienda en el norte bonaerense se transformó durante los últimos quince años en un ejercicio de supervivencia física y financiera. La historia del establecimiento La Querencia, una superficie de casi 600 hectáreas dedicada a la producción mixta en el partido de Colón, refleja el cansancio de un sector productivo golpeado por el deterioro crónico de la infraestructura básica. En 2017, tras lidiar con accesos anegados, la ausencia total de obras y un estado de aislamiento que impedía incluso el paso de una camioneta, su propietario, Gastón Aguirre, decidió llevar el reclamo a los tribunales. Nueve años después de iniciado el litigio, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Pergamino dictó una sentencia contundente que sienta un precedente ineludible para toda la provincia.El expediente judicial expuso la crudeza de una realidad que los productores denunciaron durante décadas. Los informes periciales elaborados por ingenieros civiles demostraron que la traza natural del camino se encontraba entre 30 y 40 centímetros por debajo del nivel de los campos linderos, una deformación estructural que convertía al acceso en una pileta cada vez que llovía. La falta de alcantarillas, la inexistencia de cunetas funcionales y la ausencia histórica de trabajos de alteo desmintieron los argumentos de la comuna, que intentaba atribuir el problema a la topografía del terreno. La Justicia concluyó de manera categórica que el acceso distaba de ser apto para el tránsito pesado y que la falta de conservación afectaba de forma directa el derecho de trabajo y libre circulación del demandante.Uno de los puntos más sensibles del fallo ataca de lleno el corazón de la gestión fiscal municipal: la relación entre la recaudación y la contraprestación efectiva del servicio. A pesar del estado intransitable de las vías, el establecimiento afectado cumplió de manera ininterrumpida con el pago del impuesto inmobiliario y la tasa de red vial. El magistrado interviniente remarcó que la obligación del municipio no se agota en parches ni reparaciones aisladas, sino que exige una conservación periódica y planificada. El reclamo individual resuena con fuerza en toda la comunidad rural de Colón, donde la Sociedad Rural local y diversos productores independientes exigen un rinde de cuentas transparente ante una paradoja alarmante: el cobro de la tasa vial roza el noventa por ciento, pero las autoridades reconocen que apenas una quinta parte de los ochocientos kilómetros de caminos rurales del distrito se encuentra en condiciones aceptables.

Info: M.R