EL PRO PIDE A KICILLOF QUE PROHÍIBA EL USO DE CELULARES EN LAS CÁRCELES

La inicita fue presentada por un grupo de senadores provinmciales. Quieren que se aplique el mismo rigor que en las cárceles federales.

EL PRO PIDE A KICILLOF QUE PROHÍIBA EL USO DE CELULARES EN LAS CÁRCELES
El Pro quiere evitar que los internos usen celulares. (foto gentileza)

El bloque de senadores provinciales del PRO presentó una iniciativa legislativa que busca poner fin a la tenencia de dispositivos móviles por parte de los internos en los penales de la provincia de Buenos Aires.
  El proyecto surgió como una respuesta directa
a la gestión del gobernador Axel Kicillof, a quien la oposición acusó de mantener una "afinidad ideológica" con la delincuencia al sostener protocolos de la era de la pandemia que permitían el uso de celulares sin restricciones.
 
La propuesta fue encabezada por el presidente de la bancada del PRO, Pablo Petrecca, quien planteó la creación del Sistema de Comunicación Digital Supervisada (SCDS). Este sistema busca;

Reemplazar los celulares por una plataforma institucional de red cerrada.

Eliminar el acceso a internet y redes sociales para los detenidos.

Permitir comunicaciones únicamente con contactos autorizados bajo estricta supervisión y trazabilidad estatal.

Establecer sanciones graves, como la pérdida de beneficios de salidas transitorias, para quienes portaran dispositivos móviles de forma ilegal.

 

Estafas y "pymes delictivas"

El impulso de esta ley cobró fuerza luego de que el propio Petrecca fuera víctima de una modalidad delictiva en expansión: una organización liderada por presos de Junín y Pergamino utilizó su imagen para estafar a vecinos y comerciantes. Según el legislador, las cárceles bonaerenses se habían transformado en "call centers" delictivos y "pymes" de ciberdelito debido a la falta de controles.
 
El proyecto del PRO pretende emular la reciente medida tomada por el Gobierno nacional a través de la Resolución 336/2026. Mientras que en los penales federales se procedió al bloqueo de dispositivos y la destrucción de más de 4.200 celulares, en la provincia de Buenos Aires se mantenía vigente el protocolo de emergencia implementado durante la pandemia.
 
Desde la oposición remarcaron que no se trataba de quitar derechos humanos, sino de evitar que estos se convirtieran en herramientas para delinquir. No obstante, el debate enfrentó la resistencia de organismos de Derechos Humanos, quienes históricamente cuestionaron los intentos de restringir estas comunicaciones en el ámbito provincia.

Info: L.C - redacción