INTERVIENEN EL CONSEJO ESCOLAR DE GENERAL ALVARADO. Es por el escándalo del agua contaminada.

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires  resolvió  intervenir  el Consejo Escolar del General Alvarado debido a la investigación que lleva adelante la justicia federal  debido  a la falsificación de documentos vinculados al análisis del agua de la  escuela  de Mar del Sud.
A cargo de la intervención fue designado Emanuel Ocaranza  quien tendrá a su cargo las acciones que se llevan adelante en dicho organismo.
Según la resolución Ocaranza tendrá las facultades previstas en la ley 13.688 y “realizará todas las acciones necesarias para lograr la normalización del funcionamiento del órgano,  en la temática específicada”.  La avocación será por un lapso de 180 días y podrá extenderse por un periodo más de igual duración, es decir , que dicha intervención podría extenderse a lo largo de un año. 
En sus considerando la norma que estableció la avocación indica que la misma se toma en el marco de la causa caratulada : “FMP 14168/2025/1 “Bravo Ernesto E y otros s/Uso de Documento adulterado o falso (art. 296 Código Penal) conforme registro del Juzgado de garantías Nº1de Mar del Plata, en trámite ante la unidad Fiscal de Mar del Plata (...).
Además se indica que “ conforme a la gravedad de los hechos investigados, relacionados con la gestión lleva da adelante por ese Consejo sobre las condiciones de salubridad de los establecimientos educativos a la que asisten  niños, niñas , adolescentes y personal docente y no docente, es necesario arbitrar medidas a fin de hacer  eficiente su funcionamiento en general, pero  en particular realizar un control preciso  y exhaustivo sobre las cuestiones atinentes a la sanidad  e higiene de las diferentes instituciones educativas”.

El caso

Todo comenzó a mediados de abril cuando tal cual publicó Periodismoya.com  un grupo de  padres preocupados por el estado del pozo ciego de la escuela, decidieron contratar un laboratorio particular para que realice un análisis del agua que se utiliza en la escuela, ya que esta proviene de una perforación.
El análisis privado al que tuvo acceso este medio  dio por resultado que el agua contenía la bacteria Escherichia coli, por lo que no era apta para consumo.
Ante el reclamo que  los padres  realizaron en ese momento  las fuentes consultadas señalaron que “desde el Consejo Escolar se indicó que durante el verano  ya se había hecho la limpieza de los tanques y que el proveedor que hace ese trabajo tiene a su cargo también realizar los análisis del agua  y que estos ya se habían realizado”.  “Para certificar esto se indicó que el proveedor  había realizado los estudios en el laboratorio de la Universidad de Mar del Plata y que el mismo indicaba que el agua estaba en perfectas condiciones”. 
Como era de esperar esta situación sorprendió a propios y extraños debido a  que dos análisis dieron resultados tan disímiles.
Por tal motivo al ver el análisis oficial  presentado por el Consejo Escolar  algunos padres notaron lo que les pareció podían ser algunas irregularidades en la confección del mismo, por lo que decidieron  ir a la Universidad de Mar del Plata y entrevistarse con quien  firmó dicho análisis.
Grande fue la sorpresa cuando la profesional en cuestión les indicó que "ella no realizó ese análisis porque no estaba trabajando en la fecha en que se hizo el mismo", razón por la cual  decide dirigirse a sus autoridades para realizar la  denuncia correspondiente  ya que el caso es de extrema gravedad.
Tras esto  y al momento de querer  ampliar la denuncia que ya había radicado la concejal Viviana Farías (Pro)  en la delegación Mar del Plata de la Policía Ambiental,  se indica que como el presunto delito pasa a ser una cuestión que compete a la justicia federal .
El fiscal Carlos Martínez lleva adelante la causa en la que se imputó al proveedor del Consejo Escolar  en cuyo celular habría indicios de ciertas cuestiones “ poco claras”  que podrían llegar a involucrar a algunos funcionarios del lugar,  motivo que derivó en el allanamiento autorizado por el juez Santiago Inchausti.